Malabarismo Presupuestal

Columna de Opinión
por: Amylkar D. Acosta M
Expresidente Congreso de la República

Entre el cúmulo de proyectos sometidos a la consideración del Congreso de la República en esta última legislatura, unos que hicieron tránsito de la anterior legislatura y otros que apenas inician su trámite, está el Proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2010. La elaboración, presentación y trámite de este deben ceñirse a lo establecido en la Ley orgánica de presupuesto (Decreto ley 111 de 1996), debe sujetarse a lo previsto en la Ley orgánica de planeación (Ley 152 de 1994) y guardar correspondencia con el Plan General de desarrollo vigente (Ley 1151 de 2007).

Ahora bien, con la expedición en 2003 de la Ley 819 de Responsabilidad fiscal, se metió en cintura tanto al gobierno central como a las entidades territoriales, al establecer una especie de camisa de fuerza para cuerdos que les impone una gran disciplina fiscal en orden a procurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Dicha Ley les fija unas metas anuales de superávit primario a alcanzar, esto es, que los ingresos corrientes sean superiores a los gastos de inversión y funcionamiento, lógicamente sin incluir el pago de intereses de deuda.

Un aspecto fundamental es la obligación que se deriva de la misma de la presentación a las comisiones económicas del Congreso de la República, a más tardar el 15 de junio de cada año, del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP). En este debe estar claramente definida la programación macroeconómica y fiscal, de la cual se derivan las metas anuales de gasto público: cálculo del déficit fiscal y las fuentes de su financiamiento, así como la meta de superávit primario, la cual debe ser consistente con una senda sostenible de deuda pública.

Dado que la radicación por parte del gobierno y la aprobación en el Congreso de la República deben cumplir con unos términos que están normados en la Ley, el primero procedió a la presentación del Proyecto de presupuesto para la vigencia de 2010 el pasado 29 de julio y su aprobación muy seguramente se dará al filo de la media noche del 20 de octubre, para no perder la costumbre de hacerlo en la agonía del plazo límite legal. El tiempo ya empezó a correr y las preocupaciones tanto del gobierno como de su bancada son otras bien distintas, están obsesionados y obnubilados con el engendro del referendo reeleccionista; por si ello fuera poco, por lo menos este primer período de la actual legislatura va a estar atravesada por los desencuentros diplomáticos y los estragos que ellos están provocando en el sector externo de nuestra economía. Lo urgente sigue desplazando lo importante en la agenda de gobierno, qué le vamos a hacer.

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