La Cámara citó para continuar la discusión de la Ley que, de ser aprobada, convocaría al referendo del agua. Este propende por defender el derecho al acceso al agua potable como esencial para la vida humana. El mayor enemigo de la iniciativa es, sin duda, el impacto fiscal que tendría la aplicación real de la enmienda constitucional.
Los cuestionamientos del Gobierno van desde el llamado al pueblo para poner el texto a su consideración. De acuerdo con cifras de la Registraduría la convocatoria a las urnas ascendiente a $ 114 mil millones.
Según cálculos del Departamento de Planeación y ministerio de Medio Ambiente el desarrollo total de los planes departamentales de agua para alcanzar la cobertura universal propuesta en la iniciativa tendría un costo de $ 8.2 billones.
El mínimo vital gratuito que se aprobaría obligaría, según el ministerio de Hacienda, a asumir un gasto extra, de entre $ 591 mil millones y $ 2.3 billones al año, dependiendo de la cantidad de agua que se fije como mínimo vital.
Debido a la infraestructura insuficiente, para abastecer el mínimo vital gratuito a lugares no conectados debe llevarse el líquido en carrotanques. Las proyecciones arrojan un costo anual entre $ 102 mil millones y $ 408 mil millones adicionales.
Otro punto adverso desde el punto de vista fiscal, sería el menor recaudo que se tendría por el impuesto de renta ya que las empresas de servicios públicos cambiarían de naturaleza jurídica al ser nacionalizadas.
El ministerio de Hacienda calcula además en $ 10. 4 billones el costo de una indemnización a las actuales empresas prestadoras privadas y la construcción de la red de acueducto hasta llegar a la cobertura del cien por ciento.
Cabe aclarar que las actuales empresas estatales pasarían a ser sin ánimo de lucro y ello ocasionaría, según Hacienda, indemnizaciones laborales y otros costos de liquidación. Además de menos ingresos locales, ya que las empresas sin ánimo de lucro tiene un régimen tributario diferente al que le permite actualmente un flujo de constante de recursos a las entidades territoriales. Esto sería un valor menor entre el 15% y el 35%.
El ministerio de Hacienda viene explicando además que los costos generados por este proyecto no se encuentran contemplados en el marco fiscal de mediano plazo. Esto da un golpe certero para frustrar el futuro constitucional y legal del proyecto.
La iniciativa ha sido puesta en votación al menos unas tres veces ante la Plenaria, sin embargo el quórum siempre se disuelve antes de tomarse una decisión final. La Cámara no se resuelve aún si aprobar o archivar tal proyecto.
Un enemigo adicional que le surge al proyecto es el tiempo. Este proyecto debe tramitarse antes del 20 de junio de lo contrario se archivará por vencimiento de términos.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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