¿Inmunidad o impunidad?

Columna de Opinión
senadora Cecilia López Montaño

Un mal sabor dejó en el reciente debate en el Congreso sobre las negociaciones con los Estados Unidos para el uso de bases militares, la decisión de varios congresistas colombianos de impedir que la madre de la menor de edad de edad violada en Melgar, en 2007, por un suboficial de ese país pudiera exponer su testimonio.

Y es lamentable que esto haya sucedido porque sobre este tema de la inmunidad para militares y contratistas extranjeros por delitos como el abuso sexual de niñas y mujeres es poco lo que se ha debatido y en lo que menos ha sido claro el Gobierno Nacional. Aún no se le ha dicho al país qué pasó con el suboficial, y con su cómplice, que violó a la menor colombiana, y si al menos están siendo o fueron procesados en los Estados Unidos, a donde regresaron después de la denuncia de los hechos.

Este no es un tema de poca relevancia en el mundo. Los casos denunciados sobre abusos de militares en misión han sido numerosos y crecientes: en 2006 una joven filipina fue víctima de marines apostados en ese país. En ese mismo año, la BBC de Londres denunció que en Haití y Liberia, soldados de las Naciones Unidas –Cascos Azules-- habrían tenido relaciones con menores a cambio de comida y dinero. Revelaciones de situaciones similares protagonizadas por miembros de esos cuerpos de paz también fueron conocidas en Congo y Burundi. Lamentablemente, las naciones que aportan soldados para esas misiones son reticentes a atender las medidas propuestas por las instancias internacionales.

Por eso la ONU se vio precisada a adoptar una política de cero tolerancia frente a esos delitos y con ese fin, en 2005, acogió una serie de recomendaciones con base en el informe elaborado por el príncipe Seid Ra'ad Zeid al-Hussein, embajador de Jordania ante ese organismo.

Esas recomendaciones, que ojalá las hubieran estudiado los redactores colombianos del acuerdo con los Estados Unidos, prohíben a todo el personal de las misiones de paz, incluidos los civiles, tener contacto sexual con la población local; sugiere la creación de pequeñas unidades para investigar cualquier denuncia contra el personal de las misiones por casos de explotación sexual y propone que estén compuestas por especialistas en crímenes sexuales, así como disponer de medios modernos de investigación.

Recomienda que los países que proporcionen tropas lleven ante la corte marcial a sus soldados que hayan sido objeto de acusación de crímenes y que los países que no tengan esa clase de tribunal reformen su legislación. Los acusados deberán ser juzgados en el territorio donde cometieron el crimen por autoridades de sus respectivos países.

El mismo informe plantea la congelación de los sueldos de los soldados involucrados en cualquier tipo de abuso sexual, la creación de un fondo para ayudar a las mujeres y niñas que pudieran haber dejado embarazadas y la necesidad de establecer reglas y códigos de conducta para todos los "cascos azules" y los civiles vinculados a las misiones de paz.

En un posterior debate en el Consejo de Seguridad de la ONU se llegó a la conclusión que “en algunos conflictos ser mujer es más peligroso que ser soldado", y que la violencia sexual, como arma de guerra, está siendo utilizada con una impunidad casi universal. "Cuando las mujeres y las niñas son perseguidas y violadas, la comunidad internacional no puede permanecer callada o inactiva", dijo en ese momento la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice. ¿Alguien habrá recordado estas palabras de Rice mientras se llevaban a cabo las negociaciones entre Colombia y los Estados Unidos?

Colombia no ha tenido en cuenta esos referentes de la comunidad internacional para evitar que haya impunidad en casos de cualquier tipo de crímenes cometidos por militares extranjeros. Laura Gil aseguraba en El Tiempo, que nuestro país no ha hecho uso de instrumentos como el Acuerdo de Estatus de las Fuerzas (Statute of Forces Agreement – Sofa) en donde Estados Unidos acepta que la inmunidad es limitada y que aplica su jurisdicción solo para crímenes relacionados con actos del servicio. Lo más grave parece ser la denuncia que la columnista recoge de una información de Semana: el señor Presidente Uribe habría rehusado la oferta norteamericana de tener una corte marcial de ese país en las bases colombianas para castigar a quienes cometan asesinatos o cualquier delito grave. De ser así, las puertas a la impunidad habrán quedado abiertas. Las colombianas merecemos una explicación, Señor Presidente.