El País y los Paras

COLUMNA DE OPINION
Senador Juan Fernando Cristo
Partido Liberal
Miembro de la comisión Primera del Senado

Con la aparición de nuevos frentes paramilitares en distintas zonas del país, la creciente vinculación de congresistas al escándalo de la parapolítica, la ausencia casi total de reparación a las víctimas, el mantenimiento de las estructuras mafiosas de los jefes paras y el reciente debate generado ante la posible extradición de Macaco, queda plenamente demostrado el fracaso de la Ley 975 del 2.005, mal llamada Ley de Justicia y Paz. Así mismo, resulta ingenuo o cínico que el Gobierno Nacional insista en decirnos a los colombianos y a la comunidad internacional que el paramilitarismo desapareció en Colombia. Los hechos son irrebatibles ante las ligerezas de las palabras y demuestran que el paramilitarismo sigue vivo y coleando. Basta con revisar los titulares de los medios de comunicación en las últimas semanas.

Frente a esta situación los colombianos sin consideraciones políticas debemos rodear de manera contundente y sin esguinces la formidable tarea de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas instancias judiciales, no solo para investigar y sancionar a los dirigentes que se aliaron con los violentos para obtener beneficios políticos, sino además para que la justicia asegure con sus acciones la reparación a las víctimas de estos grupos, que se olvidó completamente por parte del gobierno y sus mayorías en el trámite de la ley.

Ahora bien, es claro que la infiltración de los paras en los últimos 10 años en la política colombiana fue monstruosa, pero no podemos ignorar que también se extendió al poder ejecutivo, a la fuerza pública, a los empresarios, a los ganaderos y en general a todos los sectores de la sociedad colombiana, de la misma manera que lo hizo el narcotráfico en la década de los 90. Nadie puede creer, por ejemplo, que son distintos los votos que eligieron a los congresistas vinculados a la parapolítica de los que se depositaron en la elección presidencial dos meses después. Y tenemos que recordar que el 90 % de los votos hoy bajo sospecha acompañaron la elección del Presidente Uribe, así como tampoco podemos desconocer que las elecciones objeto de investigación son esencialmente las del 2.002, 2.003 y 2.006. El Presidente Uribe hizo campaña con esos candidatos al congreso, a gobernaciones y alcaldías en todo el país. Fueron los ciudadanos colombianos quienes votaron por él y fue en Colombia en donde él hizo campaña, no en Ecuador ni en Venezuela. Por ello, es claro que si el congreso de mayorías uribistas es ilegítimo en su origen, el gobierno también tiene los mismos problemas.

Entonces llegó el momento de reinventar un país y unas instituciones sin la sombra del paramilitarismo y aceptando todos los sectores su cuota de responsabilidad. Si insistimos en convertir única y exclusivamente al Congreso de la República en el chivo expiatorio de todas nuestras culpas, conseguiremos que se sancionen algunos responsables del fortalecimiento político de esos grupos, pero muchos lograrán evadir su propia responsabilidad. Solo un proceso con verdad plena, justicia y reparación eficaz nos permitirá realmente superar la pesadilla del paramilitarismo en Colombia.
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PD. No conozco al señor Carlos Alberto Barros, quien seguramente será un funcionario capaz y competente. Sin embargo, es lamentable que nuevamente el Gobierno Nacional trate con indolencia al Norte de Santander y su gente. No hay derecho a que se ignore totalmente a los profesionales de la región para un consulado tan importante para nuestra frontera como el de San Antonio. Increíble que con 10 congresistas de la región acompañando al gobierno no encontraran un cucuteño idóneo para ese cargo. Y más triste aún que nadie diga nada porque ante este silencio seguirá el desconocimiento del Gobierno Nacional al Departamento.