“Creíamos que sólo seríamos observadores, no protagonistas”: víctimas en el Senado

Por Teresita Martínez S.

La cara del dolor colectivo colombiano se hizo presente ayer en el Senado de la República. Sin eufemismos y protocolos. Con esperanza y sin rencor. Con contundencia. Los familiares de las víctimas de la violencia, intervinieron, ayer ante la Plenaria, dejando claro que la violencia en el país puede llamar a la puerta de cualquiera.

La sesión tuvo lugar en desarrollo de una proposición aprobada por la Plenaria del Senado al senador liberal Juan Fernando Cristo. A ellos, ser familiares de las víctimas los convirtió a su vez, por siniestra lógica, en víctimas también. Su presencia en el recinto fue canalizada a través de la Fundación Víctimas Visibles, la Universidad Sergio Arboleda y el propio Senado de la República.

Por el recinto de esa corporación legislativa pasaron desde una menuda indígena Paéz, que vió cómo eran descuartizados vivos sus parientes. Hasta un ganadero que fue liberado luego, de tan sólo tres meses, de encerramiento arbitrario. La narración de ese secuestro, pareció como leve daño. La crudeza de otros testimonios, hicieron parecer su declaración, casi como afortunada. Ello, partiendo del contraste siniestro de otras vivencias que hicieron evidentes los múltiples visos, casi demenciales, que su historia hubiese podido tomar.

Todos los que hablaron son víctimas de la violencia. Unos, tocados de manera directa como secuestrados liberados, sobrevivientes de atentados terroristas, víctimas de minas antipersona o del narcoterrorismo. Otros, hijos, esposas, tíos o padres de personas, actualmente en cautiverio o fallecidos en él. En general, tocados por la violencia manifesta en delitos de lesa humanidad. Desaparición forzada, desplazamiento, mutilamiento, o secuestro extorsivo. Todos, impartidos aleatoriamente por las vertientes violentas posibles: FARC, ELN y paramilitares. También por grupos armados ilegales, aún indeterminados. Incluso, hubo alguien de la asociación de los desaparecidos de crímenes de Estado.

Dentro de quienes intervinieron ayer, hasta casi la media noche, están la madre de Clara Rojas, la esposa del senador Luis Eladio Pérez, el hijo del senador Eduardo Géchem, el padre del Intendente Pinchao, familiares de los diputados del Valle, sobrevivientes del atentado del Club El Nogal, del oleoducto central en el corregimiento de Machuca (municipio de Segovia-Antioquia), masacre de Bojayá, ganaderos, policías, familiares de dirigentes de la Unión Patriótica, desplazados, periodistas amenazados. Gente del denominado país nacional. Luego, hablaron voceros congresionales de las bancadas políticas y el ministro del Interior. Ante lo testimoniado previamente, el discurso político lució como uno más. Ya escuchado en otras sesiones ordinarias. Similar e inconducente.

La fortaleza, aprendida a la fuerza y por la vía más dura e inmisericorde que puede haber, permitió que las víctimas hablaran. Más de treinta heterogéneos colombianos derrotaron el dolor humano en su más neta expresión. Con dignidad. Uno a uno, ahogó su angustia. Exterminó su tristeza. Aplazó lágrimas que amenazaban con frustar la opción de otros compatriotas de escuchar sus luctuosas narraciones. Hablaron de ausencia, incertidumbre, sangre, asalto, miedo, detonación, dolor físico, cicatrices, trauma síquico, sobresalto, hijos, pesadillas, soledad, desesperanza, muertos en vida, pérdidas materiales, ADN, sobrevivientes, Dios y muerte sepulcral.

Pero también, las víctimas dejaron un mensaje expreso de reconciliación, como el llamado a la solidaridad y la promoción de la no violencia. A la vez, resonó la proclama repetitiva por una verdadera justicia y reparación. Se solicitó muchas veces la concreción del acuerdo humanitario, el despeje de Pradera y Florida (Valle) e incluso se pidió desde, la derogatoria total, hasta, al menos, la rectificación de la denominada Ley de Justicia y Paz. Esta Ley fue acusada, por muchos intervinientes, como la principal promotora de la impunidad y del olvido per se de lo ocurrido a ciudadanos sin distingo.

Los contundentes argumentos de los familiares de las víctimas pidieron, primero, que el Estado asuma su responsabilidad por no haber sido capaz de velar por la vida, honra y bienes de los colombianos y, luego, que acepte su incapacidad de atajar el enfrentamiento cíclico enfermizo. Además, exigieron que el Estado reconozca a la víctima un lugar justo en el sombrío engranaje de la dinámica de lo violento. De una manera acorde, proporcionada y coherente. No como oposición, sino como dolientes.

Explicaron que, ante el autismo estatal, ya apelaron a la institucionalidad internacional en cabeza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijeron tener esperanza en que dicha instancia obligue al Estado a romper su indiferencia frente a la realidad que los golpea día a día. Las víctimas también rechazaron la opción frente al rescate militar. Lo calificaron de inconstitucional y no contemplada en el derecho internacional. Le dijeron al Presidente de la República que no existe sustento legal que lo autorice a determinarlo. También denunciaron el seguimiento pertinaz de los organismos de inteligencia estatal y su intimidación.

Absolutamente, todos, manifestaron su anhelo de ver un país democrático, incluyente, moderno y en paz. Reprocharon la escasa asistencia de los senadores, condenaron su silencio y les reclamaron compromiso político auténtico para materializar vías pacíficas, alternativas y fórmulas. Les pidieron leyes y les reclamaron su deber de contribuir, desde su competencia, con todo aquello que posibilite a los colombianos salir de la tragedia común. Lo cual, automáticamente, se traduce también en el alivio individual de los hechos trágicos vividos por cada uno de ellos.

Además, pidieron a los congresistas que participen en viabilizar el anhelo intrínseco común a todos los que tuvieron la oportunidad excepcional de hablar en el Senado: Que, lo que vivieron, o viven aún, no le ocurra a nadie más.