Decisión de Estado: “excarcelación”

Por: Teresita Martínez S.

En el Consejo Comunal de Gobierno del pasado sábado, el Presidente Alvaro Uribe explicó la propuesta que había esbozado al final de la semana anterior. Dijo que se diseña una salida para buscar la liberación humanitaria de los secuestrados, a través de un proceso jurídico. Este, permitiría liberar, antes del 7 de junio, a un buen número de integrantes de las FARC. La condición que tendrían para acogerse al beneficio es que se desmovilicen. Tales procesos estarían bajo la vigilancia de un gobierno extranjero o de la Iglesia Católica. Ahora, estudian afanosamente la viabilidad de la fórmula un equipo integrado por Jurídica de la Presidencia y expertos juristas del Ministerio del Interior, Defensa y Alto Comisionado. Por equidad judicial la alternativa lanzaría un salvavidas a congresistas, ganaderos y otros ciudadanos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Frente a la aguda conyuntura que enfrenta el Gobierno, con reconocidos dirigentes salpicados, Uribe fue claro en que espera fallos judiciales no homogéneos. Espera que se contemplen condiciones especiales, tomando en cuenta las circunstancias particulares. El sábado afirmó que: «yo aspiro, como Presidente de los colombianos, que la justicia pueda definir en qué casos ciudadanos fueron a hablar con guerrilla o paramilitares por coacción insuperable, en qué casos por una gestión humanitaria, ¿por qué asesinaron a este pariente mío?, ¿por qué nos amenaza?, ¿por qué nos extorsionan?, liberen a aquel secuestrado, y en qué casos con el ánimo de delinquir, y que la justicia asigne responsabilidades». En breve, se conocerá el resultado del análisis jurídico, que se hace urgente, dado lo exiguo del plazo presidencial. Este, determinará si basta con la legislación vigente para darle dinámica a la nueva salida. Ahora, si se concluye que se requiere una ley complementaria a la Ley de orden público, ésta tendría trámite relámpago en el Congreso Nacional. Su aprobación satisfactoria estaría asegurada, porque bastaría las mayorías uribistas para sacarla adelante. Sin duda existen. El mecanismo legislativo también existe, a través del llamado de urgencia e insistencia que podría sacar la nueva herramienta legal antes del 7 de junio. Esto sin contar con que el Gobierno podría adoptar la mecánica aplicada en la desmovilización paramilitar de adelantar los procesos y esperar a que fuera expedido el marco legal. Tal cual como sucedió con la Ley conocida como de Justicia y Paz.