Aceptan objeción de portabilidad numérica

La subcomisión accidental de Senado y Cámara resolvió aceptar la objeción presentada por el Gobierno y, por tanto, suprimir parte del articulado que se propone reenvíar a Sanción. Las observaciones por inconstitucionalidad recaen sobre el parágrafo del artículo 1º, por considerarse que vulnera los artículos 150 numeral 7, 154 y 208 de la Constitución Política. El aparte que será eliminado es: "El Ministerio de Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones realizarán informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a las Comisiones Sexta del Congreso de la República, para el seguimiento de esta ley".

Senado efectuará Consejos Temáticos

El Senado de la República aprobó un nuevo mecanismo para discutir temas coyunturales que preocupan a la Nación y, en especial, a las regiones colombianas. Se trata de los denominados Consejos Temáticos que asegura la presencia directa y personal de los Senadores para conocer, de primera mano, asuntos legislativos o de control político. Estos serán transmitidos en directo por el Canal Señal Institucional y en los espacios correspondientes al Canal del Congreso. El primero a realizarse será en la ciudad de San Agustín - Huila -, el próximo viernes 29 de agosto a las 11:00 a.m. Para ello, se citó al Ministro de Comercio, Industria y Turismo. El tema central a discutir será los recursos recaudados por concepto de la contribución parafiscal, y por concepto del impuesto con destino al turismo como inversión social desde su creación la ley 1101 de 2006.

En Caquetá eligen nuevo Representante a la Cámara el 31 de Agosto

Esta elección atípica se realiza en cumplimiento del Decreto 1716 del 21 de mayo de 2008, mediante el cual el Ministerio del Interior y de Justicia convocó a la elección de un Representante a la Cámara por Caquetá y fijó la fecha para su realización. Luis Fernando Almario Rojas, renunció a su curul el 25 de febrero de 2008 por razones judiciales y los comicios serán para proveer este cargo.
Hasta el pasado miércoles 30 de julio, fecha límite para la inscripción de candidatos, se postularon Víctor Isidro Ramírez Loaiza, del Movimiento Mira; César Augusto Cadena Solano, del Partido Polo Democrático Alternativo; Andrés Mauricio Perdomo, del Movimiento Alianza Social Indígena; Alvaro Pacheco Alvarez, del Partido Liberal Colombiano, y Arnulfo Gasca Trujillo Lara, del Partido Convergencia Ciudadana.

Sancionada Ley de Navegación Fluvial

Con el número 1242 quedó signada la nueva norma que tiene como objetivo promover la seguridad en el transporte fluvial y en las actividades de navegación y operación portuaria fluvial. La Ley busca prevenir daños ambientales ocasionados por la actividad de la navegación o el transporte fluvial. Las disposiciones pretenden además fomentar el uso del modo de transporte fluvial y darle viabilidad como actividad comercial.
Así mismo enmarca y armoniza tales prácticas con acuerdos multilaterales y bilaterales de navegación. Finalmente establece el sistema de inspección efectivo y deroga la Ley 853 de 2003 y el Decreto No. 2689 de 1988

Un Fracaso Anunciado

Columna de Opinión
Por Amylkar D. Acosta M
exviceministro y exsenador

¡Es un hecho que las leyes de Murphy pueden fallar, pero nunca fallan!

No pudo ser más categórico Pascal Lamy, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuando le anunció al mundo: “no me andaré por las ramas. Esta reunión ha fracasado” . Se refería él al último intento que se hizo de salvar la Ronda de Doha en la cita que se dieron en Ginebra 35 delegaciones de países industrializados y en desarrollo, después de 7 años de empantanamiento de las negociaciones que comenzaron en noviembre de 2001 y en principio han debido concluir en 2004. La Cumbre de Doha (Qatar) estuvo precedida a su vez estuvo precedida por la frustrada Cumbre de Seattle en 1999. De alguna manera, la ronda de negociaciones que se abrió con la Agenda de Desarrollo de Doha, que fue como se le denominó, constituía una apuesta por la reivindicación de los países pobres, los cuales se habían sentido maltratados en la ronda previa de negociaciones de Uruguay que concluyo de la peor forma en 1994. La coyuntura de Doha no pudo haber sido más propicia, como para que los países desarrollados se allanaran a buscar consensos con los países en desarrollo, dado el desafío que significó para el mundo el ataque terrorista de 11 – S.
Se trataba, como quedó consignada en la Declaración, de concretar “mejoras sustanciales del acceso a los mercados; reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio. Convenimos en que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo será parte integrante de todos los elementos de las negociaciones…”. Pero, a medida que a las grandes potencias, encabezadas por los EEUU y la Unión Europea (UE), les pasó el susto fueron endureciendo sus posiciones y asumiendo posiciones intransigentes, las cuales terminaron dando al traste con la Ronda. Ni los EEUU ni la UE quisieron dar su brazo a torcer, querían obtener concesiones de parte de los países en desarrollo pero sin ceder ellos en sus prácticas restrictivas del acceso a sus mercados y sin renunciar a los subsidios y ayudas. Y ello fue lo que dio al traste con la Cumbre de Cancún en 2003 .
Cuando se creía que, finalmente, se iba a arribar a un entendimiento, toda vez que ya se habían acordado 18 de los 20 puntos en discusión; pero, justamente el punto 18 que concierne al Mecanismo de Salvaguarda Especial (MSE) se convirtió en la manzana de la discordia. El mismo es defendido por los países en desarrollo, liderados esta vez por dos de los países emergentes, India y China y busca precisamente establecer una especie de escudo de protección de su producción agrícola doméstica en situaciones extremas, en las que las importaciones registren aumentos sensibles que puedan ponerla en riesgo. No se pudieron superar las discrepancias en torno a este punto, la reunión se levantó sin esperanza alguna de reanudarla, máxime cuando en este momento cunde el proteccionismo por doquier en respuesta a la crisis alimentaria. El desconcierto es total y ahora sólo cabe esperar el desenlace de la contienda electoral por la Presidencia en los Estados Unidos, en la que Obama se perfila como el candidato favorito y el cual se muestra muy poco proclive a abrir sus mercados, sobre todo de cara a la gran crisis por la que atraviesa la economía norteamericana. Se descarta la posibilidad de que se reanuden las negociaciones antes de las elecciones tanto en los Estados Unidos como en la India este fin de año.
Este es un juego de ganadores y perdedores; obviamente los más damnificados con la falta de acuerdo a nivel multilateral son los países en desarrollo, por ser los más vulnerables y por que la falta de reglas favorece a los más fuertes. Colombia, particularmente, lleva todas las de perder, pues en la negociación del TLC con los EEUU cayó en el garlito que tendió este último, al aceptar de culiprontos su imposición del desmonte de sus aranceles a las importaciones agrícolas, las salvaguardas, así como la franja de precios que habían acordado en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con la vaga promesa de que el desmonte de los subsidios se negociarían en el seno de la OMC. Y ya sabemos cómo terminaron estas negociaciones, así que Colombia, tan dada a comulgar con ruedas de molina, quedó atrapada en el peor de los mundos. Y de remate, la UE, que venía negociando en paralelo un acuerdo con los países latinoamericanos exportadores de banano para bajar los aranceles a la importación de la fruta, ahora se vale de la ocasión del fiasco de Doha para que lo ya convenido quede convertido en agua de borrajas. Sólo 48 horas duró la dicha por haber logrado el acuerdo que comprometía a la UE a rebajar los aranceles aplicables a dichas exportaciones. La que parecía ser la luz al final del túnel, terminó siendo la del tren que viene de frente.

Bogotá, agosto, 1 de 2008
www.amylkaracosta.net

Emcali: Una aclaración necesaria

Columna de Opinión
Por Evamaría Uribe
Superintendente de Servicios Públicos

Treinta y cinco (35) procesos de toma de posesión, todos anteriores a 1998, lograron concluir gracias a la gestión que hemos adelantado al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual inicia en septiembre de 2002. Estos son resultados tangibles que incluyen seis reestructuraciones de empresas con vinculación de inversionistas y acuerdos con trabajadores orientados a terminar convenciones colectivas onerosas y definir planes de retiro para dar paso a soluciones estructurales a compañías en quiebra y con problemas de crisis en la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Entre 1996 y 1999, EMCALI se endeudó en $1.5 billones y contrajo compromisos de inversión en una suma equivalente lo cual la implicó endeudamiento financiero muy por encima de su capacidad de generación de ingresos y significó cesación de pagos e iliquidez que la llevaron al borde de una inminente liquidación. En agosto de 2002, con el Gobierno del Dr. Alvaro Uribe Vélez, se inicia un proceso de salvamento en el cual fue fundamental el liderazgo que ejerció la Superintendencia de Servicios Públicos para concretar, a finales de 2005, un Convenio de Ajuste Financiero y Laboral con los acreedores y los trabajadores de la empresa. El Convenio permitió abrir un espacio financiero para poder reiniciar los programas de inversión en servicios públicos, paralizados desde 1998 y desactivar la crisis financiera, requisito necesario para iniciar, a partir del 2006, un proceso paulatino de mejora de la gestión de los servicios públicos para la ciudad.

Como resultado del Convenio, EMCALI ahorró $3,2 billones y logró terminar un oneroso acuerdo de compra de energía con los dueños de la Generadora Termoemcali, contrato que iniciaron administraciones anteriores a la intervención. Este contrato le significaba a EMCALI pagos por 4.5 millones de dólares mensuales, lo cual impedía contar con recursos mínimos de funcionamiento y tener disponibilidad de dinero para acometer inversiones urgentes para el mejoramiento de los servicios públicos a cargo de la compañía. El Convenio implicó también que la Nación accediera a asumir a cubrir el pago de la deuda externa de EMCALI, pagos que hasta la fecha rondan los $700 mil millones y que serán cancelados por la compañía a la Nación a partir del 2015.

En el 2007, se hizo evidente que continuaba el deterioro de los indicadores de energía y la pérdida en un año de 100.000 usuarios de telecomunicaciones, en un entorno de fuerte competencia de todas las empresas de telecomunicaciones que encuentran muy atractivo y con grandes potencialidades el mercado de Cali. Fue claro, que si se proyectaban las cifras de Emcali a 10 años, el escenario incluía un deterioro progresivo de las finanzas de la compañía, producto del declive del negocio de telecomunicaciones, lo cual requería de medidas oportunas para atraer recursos adicionales, promover las inversiones necesarias en el corto plazo y garantizar un desarrollo tecnológico vigoroso, convergente e inmediato en telecomunicaciones y hacer frente a la competencia. Además, se identificó la necesidad de mitigar el déficit de energía, proyectado a diez años en $372 mil millones en valor presente y originado en gran medida en sus costos operacionales y en el peso del pasivo laboral de este negocio. Adicionalmente, es urgente encontrar recursos adicionales por $600 mil millones, para enfrentar el saneamiento del Río Cauca y la optimización del servicio de agua y alcantarillado.

Actualmente la Superintendencia lidera, conjuntamente con la Dra. Susana Correa, nueva Agente Especial de la Superintendencia en EMCALI, la discusión de la propuesta de escisión presentada el pasado 17 de junio por la Superintendencia a la Alcaldía de Cali y al Concejo, en un evento que contó con la presencia del señor Presidente a la ciudad. Se ha abierto un espacio de discusión pública franca y directa con la ciudad, la Alcaldía y el Concejo de Cali, lo cual ha incluido la presentación de las cifras proyectadas de la compañía. También se han evaluado las opciones de reforma de la estructura de EMCALI, en un contexto, que ante todo busca, además de preservar el patrimonio público de los caleños, respetar los derechos de los trabajadores, de los pensionados, los acuerdos logrados con los acreedores y garantizar que, si se aprueba la escisión, los demás servicios de electricidad, agua potable y saneamiento sean viables y sostenibles en el mediano y largo plazo.

Todo esto condujo a la propuesta de la Superintendencia y de la Junta Consultiva de Emcali, de escindir el negocio de Telecomunicaciones para especializarlo y atraer un inversionista estratégico que además de capitalizar el servicio, aporte recursos adicionales del orden de $324 mil millones, destinados al pago de mesadas pensionales corrientes y el fondeo del pasivo pensional a largo plazo de los negocios de electricidad y agua y alcantarillado, con el fin de garantizar, ante la eventual escisión de telecomunicaciones, la viabilidad a largo plazo de los otros servicios.

Conviene recordar que la discusión con la ciudad se inició a mediados del año pasado, en medio de una profunda crisis institucional del Municipio, ocasionada por la destitución del Alcalde. La escisión de uno de los servicios de EMCALI debe ser tramitada como Acuerdo de iniciativa del Alcalde, quien lo somete a aprobación del Concejo. El proyecto de acuerdo tuvo un trámite inicial y se retiró de la discusión por iniciativa del Alcalde encargado y del Gerente de la empresa, decisión que no fue consultada por el Gerente con la Superintendencia, quien como Agente Especial en EMCALI tenía la obligación de hacerlo. Este retiro ocasionó un retraso de nueve meses más en el trámite de la iniciativa.

Debe anotarse, que de acuerdo con la ley que regula los procesos de toma de posesión de empresas de servicios públicos, los Gerentes de las empresas intervenidas actúan como Agentes Especiales de la Superintendencia. Todos los Agentes Espaciales, que asumen las funciones de Gerente, son autónomos para tomar decisiones relacionadas con la gestión de los servicios públicos a cargo de la empresa y, en relación con la gestión, el alcance de la vigilancia y control de la Superintendencia es el mismo que se realiza con las demás empresas de servicios públicos, sin diferenciación alguna. Como ilustración, la Superintendencia en ejercicio de su función de vigilancia y control ha impuesto en los últimos años, multas del orden de los $904 millones a EMCALI por infracciones del régimen de servicios públicos.

Pero las decisiones de fondo para resolver las situaciones estructurales de las compañías intervenidas, que impliquen la toma de decisiones tales como liquidación de la empresa, escisión de negocios, capitalización orientada a obtener recursos de largo plazo, acuerdo de acreedores, etc., son decisiones que competen e involucran a la Superintendencia quien lidera y coordina estas actuaciones con el Agente Especial. Por ejemplo, el viernes pasado EMSIRVA, como empresa intervenida, culminó, en un proceso coordinado entre la Superintendencia y la Agente Especial, el concurso para otorgar tres áreas de servicio de aseo durante siete años, lo cual permitirá resolver de fondo las deficiencias en la prestación del servicio de aseo y recolección de basura de Santiago de Cali. El proceso fue tan transparente y con reglas tan claras, que mereció el reconocimiento no sólo de las empresas ganadoras sino incluso de las que no resultaron favorecidas. Situación similar se presentó con la selección del contratista que presta a partir del pasado mes de junio, los servicios de disposición en relleno sanitario de las basuras de Cali y que terminó con un problema que llevaba diez años sin resolverse por la ciudad y sus autoridades. La intervención de EMSIRVA se inició en octubre de 2005 y sólo falta definir como se financian $81 mil millones que vale el pasivo pensional de la empresa, recursos que se esperan obtener del proyecto de aprovechamiento del gas de Navarro, el antiguo relleno sanitario.

El ocaso de otra institución independiente

Columna de Opinión Camilo Sánchez
Senador Partido Liberal
Miembro Comisión Tercera

Nunca imaginé que siendo uno de los más duros críticos de las políticas erráticas de nuestro Banco Central, saldría a defender su independencia y autonomía, por ser elementos esenciales para que instituciones como ésta puedan cumplir los objetivos previstos por la Constitución, por estar hoy en peligro de perderse debido a los ataques populistas y oportunistas de varios miembros de este gobierno, incluido el Presidente. Si bien es cierto que no han cumplido durante los dos últimos años con su función primordial, controlar la inflación, lo que debemos es crear instrumentos para cambiar sus miembros cuando se les salga de las manos el manejo monetario y macroeconómico, como sucede en la actualidad, y no permitir que destruyan la institución como tal.

Para nombrar los miembros que se vayan a cambiar se deberá utilizar un mecanismo de méritos reales, donde sean sectores como el académico, las asociaciones de economistas y los partidos de oposición, quienes postulen los nombres, de donde el Presidente haga su selección, y no sea la parcializada dedocracia vigente, donde tan sólo se requiere el respaldo político del grupo que ostenta el poder para aumentar el dominio sobre los mismos. El Ministro de Hacienda tendrá voz pero no voto y siempre deberán existir por lo menos dos miembros del Gobierno anterior, para evitar el unanimismo.

Estamos a pocos meses de darle un entierro de tercera a nuestra Banca Central Autónoma, debido a la reformita aislada de la reelección presidencial, cuando la Constitución ameritaba una reforma integral, que mantuviera los pesos y contrapesos que se habían logrado bajo la Constitución del 91 por nuestro régimen presidencial. Los dos últimos miembros, el doctor Villar, que cumple su periodo y el doctor Tenjo serán remplazados por personas postuladas por el Presidente, quedando así los siete miembros elegidos por este Gobierno, convirtiéndose entonces en otro apéndice del ejecutivo.

Es deplorable ver como el Mandatario hace una intromisión al utilizar los medios masivos de comunicación para poner el pueblo en su contra, al afirmar que el Emisor no lo está oyendo, dejándolo así en la picota pública por haber subido las tasas de interés al 10% , cosa contraria a los hechos, ya que sus miembros están tratando de enmendar los errores continuos de esta administración por el exceso de gasto público, asistencialismo, no asumir una reforma tributaria estructural, así como el corto placismo de su política económica, para crear el piso y no poner en riesgo una tercera elección. Aunque no nos guste el alza de las tasas, era la última herramienta a mano que tenía esta institución para posponer la hecatombe inflacionaria, que de todos modos se presentará de continuar con el populismo a través del gasto. A este gobierno se le olvida que el peor de los impuestos para los pobres es la inflación y lo que les da con subsidios, a sus posibles votantes, se lo está quitando de más con este crecimiento inflacionario. Que gran sofista nuestro Presidente, nuevamente culpa de sus errores a los demás y no a sus actos reeleccionistas.

Es absurdo que sólo hasta agosto hayan recordado hacer el recorte de gasto, que debió haberse iniciado desde enero y que nos muestren como salvación el tan pequeño recorte de 1.5 billones, cuando durante los primeros siete meses ya hicieron el daño, al haber permitido realizar ese gasto explosivo sin precedentes. Esta medida simplemente es un pañito de agua tibia para quedar bien ante la galería, pero la comunidad científica y los especialistas sabemos que no tendrá mayor alcance. Cuando tenga la mayoría absoluta de los miembros, quisiera saber cuál será su excusa, porque ni el mas iluso seguirá creyendo que la Junta del Banco no estará haciendo lo que les ordenan desde Palacio.

Doctor Zuluaga, los colombianos merecemos se nos explique ¿cómo va hacer el recorte de estos 10 billones de pesos del presupuesto del 2009?, para no tener sorpresas, y que éste se inicie desde enero, sí realmente quieren hacer una política de choque. Me asombra que se siga bajo la premisa de que el fin justifica los medios, por la política poco ortodoxa en la lucha contra la reevaluación e inflación, al generarse un populismo de izquierda y de derecha de manera simultánea que será fatal para el sector productivo a mediano y largo plazo. Uno no puede dedicarse a prenderle una vela a Dios y otra al Diablo para mantener la popularidad.

Por último, volveremos a presentar por quinta vez la reforma constitucional y la ley del Banco, a través de las cuales quedan salvaguardadas por siempre la independencia y autonomía, a su vez se instaura como función constitucional del Banco velar no solo por el control de la inflación sino propender por el crecimiento económico y la generación de empleo, cumpliendo así lo ordenado por la Corte Constitucional.

Elegida Magistrada Garzón para Consejo Sup. de la Judicatura

El Congreso Pleno eligió a la abogada de Popayán Julia Emma Garzón de Gómez, como Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Reemplaza a Jorge Alonso Flechas Díaz, quien culminó su periodo Constitucional de 8 años.

Garzón de Gómez se venía desempeñando como Magistrada encargada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en reemplazo del Magistrado Eduardo Campo Soto. También se desempeñó como Magistrada Auxiliar de ese mismo despacho.

Con ocasión de la votación, el Polo Democrático se retiró del recinto argumentando que participar de ella equivalía a aceptar la politización de la Justicia promovida por el Gobierno del Presidente Uribe y sus mayorías en el Congreso.

El Partido Liberal también dejó constancia similar, pero la decisión de la bancada fue votar en blanco. La vocera Cecilia López dijo que su colectividad demandará la elección por estimarla «peligrosa al fomentar la concentración de poder y constituirse en una consecuencia de la reelección presidencial que marcará cómo serán elegidos otros magistrados, el Defensor del Pueblo, Procurador, miembros del Banco de la República y la comisión de Televisión».

El movimiento político Mira dijo que para esta, y elecciones futuras, efectuará una encuesta entre candidatos y tomará en cuenta preparación académica, experiencia laboral, perfil del cargo para definir su apoyo.

La votación fue 223 votos en total. Ocho en blanco, Cuatro nulos, por Agustín Suárez 4, Patricia Trujillo 95 y Julia Emma Garzón 112 votos.

Derrotada moción de Censura

La propuesta del Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal no prosperó. La decisión del Senado fue contundente: 63 votos en contra de sancionar al ministro de Protección Social, Diego Palacio, con la dejación de su cargo, frente once a favor. El ministro agradeció la decisión de las mayorías uribistas que lo respaldaron con unanimidad.

En otro punto, cabe destacar que en algunos sectores de oposición se viene mencionando la posibilidad de proponer moción de Censura contra el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, por lo que han denominado "fracaso del plan 2500" y por la problemática del Paro de Camioneros.

Plantean proyecto de Ley sobre regalías

Con ocasión de un debate de control político desarrollado anoche en la plenaria del Senado de la República, el citante Iván Moreno Rojas, sugirió la necesidad de estructurar un proyecto de ley encaminado a hacer más estricto el control a tales recursos y a remediar las debilidades detectadas en los sistemas de aplicación y asignación. Su planteamiento tuvo lugar como conclusión al análisis efectuado al manejo y control de los recursos asignados a entidades territoriales como contraprestación por explotación de recursos naturales no renovables.

Moreno, además solicitó la creación de una subcomisión de seguimiento al tema integrado por el ministro de Hacienda, Departamento de Planeación, Federación de municipios y departamentos, así como tres senadores y tres representantes a la Cámara. A la luz del debate, Moreno llevó ejemplos de la inútil inversión de los recursos en obras innecesarias y los bajos indicadores sociales en regiones privilegiadas con flujos millonarios por tal concepto.

La Jefe de Planeación, Carolina Rentería, reconoció que las interventorías con el PNUD se convirtieron en inmanejables dada la complejidad en contratación a que ese organismo se sujeta, distintas a las condiciones de Ley 80. Informó que, por lo anterior, su entidad resolvió asumir de manera directa ese ejercicio, al menos en dos grupos de entidades territoriales en el país. Además se comprometió a presentar a finales de este año un informe sobre el resultado de esa labor.

El debate continuará el próximo martes.

«Condiciones de corteros son favorables»: Asocaña

Todas las Cooperativas de Trabajo Asociado que prestan servicios en actividades de corte de caña cumplen los convenios fundamentales de la OIT. Así lo declaró el gremio Asocaña en respuesta a argumentaciones esgrimidas en contrario.

Como se recordará, en el Congreso de la República se viene planteado un debate relacionado con las condiciones que les otorgan dichas cooperativas al personal vinculado a tales actividades.

El gremio azucarero indicó que su aseveración tiene sustento en una auditoría realizada a las Cooperativas que prestan servicios de corte. La Asociación de cultivadores de Caña dijo que la investigación fue efectuada por la firma Deloitte y que dentro de las conclusiones se encontró, por ejemplo, que el 94% de esas Cooperativas se encuentran afiliadas a las Cajas de Compensación Familiar, que todas se encuentran afiliadas al Sistema de Seguridad Social Integral y que todas entregan a sus asociados elementos de trabajo para la protección personal en un ambiente de trabajo propio de corte de caña de azúcar.

En otros indicadores, el gremio aseguró que el estudio arrojó un 29% de los asociados con vivienda, un promedio neto devengado por asociado de $595.000.oo mensuales, tras descuentos, y que el promedio de corte diario por asociado está en 4.84 toneladas diarias.

Objetados proyectos de mujeres y ecólogo

Sin la correspondiente Sanción Ejecutiva, fueron devueltos por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia dos iniciativas. Se trata, en primer término, del Proyecto de ley número 139 de 2006 Senado, 137 de 2007 Cámara, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de la Ecología. El Gobierno argumenta que al señalar el artículo 11, la forma como estará integrado el Colegio profesional de Ecología, el legislador se está atribuyendo una competencia dada a los particulares en el artículo 26 de la C. P. También se objetó el art. 8 por considerar que coloca en privilegio a tales profesionales.

También fue objetado el PL. 171 de 2006, Acumulado 98 de 2006 Senado, 302 de 2007 Cámara, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. El Gobierno estima que el artículo 6°, numeral 3 del proyecto de ley extiende la responsabilidad patrimonial del Estado más allá de los límites dados por la Constitución

Leyes 1240 y 1241

• Ley 1241 de julio 30 de 2008: "por medio del cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras", hecho y firmado en Medellín, República de Colombia, el 9 de agosto de 2007, y los canjes de notas que corrigen el anexo 3.4 del capítulo 3 relativo al "trato nacional y acceso de mercancías al mercado. Sección agrícola - USTA de desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras", del 16 de enero de 2008,11 de enero de 2008 y 15 de enero de 2008, respectivamente.

• Ley 1240 de julio 30 de 2008: "por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio profesional de la terapia respiratoria en Colombia".

Proyecto de Víctimas pasó a Cámara

Con el número 44/08 Cámara entró, a consideración de la Cámara, la iniciativa que tuvo una intensa discusión en el Senado de la República. El proyecto que en Senado era 157-07 S, está orientado a que el Estado redignifique, garantice y satisfaga a las víctimas de la violencia. En ese orden de ideas reconoce los derechos de las víctimas en el proceso penal. Determina la modalidad especial de declaración y medidas especiales de protección de identidad.

De otro lado ordena asistencia judicial y económica en los procesos. En otros temas se determina asistencia tributaria. Por ejemplo, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán establecer dentro de la órbita de su competencia exenciones de los impuestos de beneficencia, predial, industria y comercio, rodamiento de vehículos, registro y anotación y de aquellos otros que consideren del caso, en beneficio de las víctimas.

Otros aspectos para destacar se encuentran: facultad al juez para ordenar la cancelación de los títulos y registros respectivos, restituyendo plenamente los derechos en cabeza de la víctima; así como de la posibilidad de declarar áreas amparadas con la presunción de negocios espurios, respecto de los inmuebles ubicados dentro de las mismas. También se delimita la opción de determinar una presunción, a favor de las víctimas, con respecto a considerar viciados los negocios realizados por estas con los posibles responsables de la afectación patrimonial de sus derechos en bienes inmuebles.

La norma también establece mecanismos reparativos en relación con los pasivos, en materia de vivienda, crédito, capacitación y planes de empleo.
Cabe destacar que en el Senado se incluyó un capítulo nuevo sobre reparación a niños y niñas víctimas.

El proyecto inicia discusiones generales en la comisión Primera de Cámara.

Gobierno objetó otros tres proyectos de Ley

• Objeción presidencial al Proyecto de ley número 072 de 2006 Senado, 231 de 2007 Cámara por la cual la Nación se vincula a la celebración de los treinta (30) años de existencia jurídica de la Universidad de La Guajira y se autoriza en su homenaje la construcción de algunas obras. (Es inconstitucional toda vez que los recursos requeridos para financiar su implementación no son consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo)

• Objeción presidencial al Proyecto de ley número 209 de 2007 SENADO, 232 de 2008 Cámara por la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de Administrador Policial y se dictan otras disposiciones. (no especifica a quién corresponderá la expedición de las tarjetas profesionales. Constituye la fijación de una tasa, determinando que en todo caso no puede superar la mitad de un salario mínimo; por lo que dicha disposición contraría el artículo 338 de la Constitución Política)

• Objeción presidencial al Proyecto de ley número 021 de 2007 Senado, 210 de 2007 Cámara por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Cabrera en el departamento de Santander, con motivo de la celebración de los doscientos (200) años de su fundación. (No se analizó el impacto fiscal de la iniciativa y las posibles fuentes de financiamiento requeridas para su implementación).