Al analizar lo aprobado entre Senado y Cámara en el grueso del articulado se observa que en su mayoría se mantuvo el texto propuesto en la ponencia para Segundo debate. Dentro de las decisiones destacables tomadas ayer hay dos frente a temas muy polémicos: la negación en Senado del artículo impuesto predial y la aprobación de un artículo, propuesto por el Senador Luis Fernando Velasco, que modifica la metodología para la fijación de precios de los combustibles.
Durante la aprobación en el Congreso, el debate se generó por parte de la bancada de oposición que rechazó el proyecto y presentó contrapropuestas. El Polo Democrático en Senado, a través de su vocero, Alexander López, dejó constancia negativa respecto al proyecto y fundamentó las objeciones en el enfoque dado a temas como derechos laborales, red pública hospitalaria, cultura, recursos de la educación, manejo de recursos naturales, tarifas y subsidios de servicios públicos, precio de combustibles, entre otros. En Cámara el vocero Wilson Arias obró de manera similar.
Esa bancada, presentó 37 propuestas alternativas al Plan de desarrollo que no fueron aceptadas por el Gobierno Nacional y en el transcurso de la extensa jornada de votación fueron sometidas a consideración y negadas una a una.
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CONSTANCIA PÚBLICA VOTO NEGATIVO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Congreso de Colombia
Miércoles 27 de Abril de 2005
El Polo Democrático Alternativo deja constancia que vota negativamente la proposición con que culmina el informe de la ponencia para 2do debate del proyecto de ley 179 de 2011 Cámara, 218 de 2011 Senado “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014” presentado a consideración del Congreso de la República por parte del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, con las modificaciones incluidas por los ponentes en el pliego de modificaciones y las efectuadas a los anexos “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos” y “Regionalización del Plan Plurianual de Inversiones” ;
Lo anterior en atención a las siguientes consideraciones de forma y de fondo;
Igualmente, dejamos constancia que el Partido POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO en su condición de único partido de oposición no fue consultado por el Gobierno Nacional durante la elaboración de este proyecto de Ley, tal como se hiciera con el resto de partidos políticos con presencia oficial en el Congreso de Colombia.
Hacemos salvedad que en lo concerniente a las actas de concertación entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Indígena, el Representante indígena por el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, Hernando Hernández Tapasco acompañará las decisiones de los pueblos indígenas en lo que respecta a aquellos temas, materia de discusión con las autoridades del nivel central.
- El Plan inicialmente presentado está compuesto de un articulado de 170 artículos (que durante el trámite parlamentario en 1er debate se convirtieron en 253 artículos) acompañado de un documento extenso de 598 páginas, sumado a 46 proyectos de ley presentado por el gobierno el anterior semestre, - muchos sobrepasando los 150 artículos -, los cerca de 15 proyectos de ley anunciados para el primer período del año 2011, y los 40 decretos conocidos como de emergencia económica, social y ecológica, muchos de ellos declarados como inconstitucionales, así como el aumento desmedido de proyectos financiables bajo el marco del Plan Plurianual de inversiones, sin precisarse de forma creíble la manera como se financiaran estas obras. Hoy se nos presenta un Plan de Desarrollo antinacional y anti popular, construido mediante el método “palaciego” de la politiquería y la exclusión, fragmentado y disperso, que modifica más de 20 leyes de la República, que incursiona reiteradamente por sus vicios de trámite, de forma y fondo, en el estado de cosas inconstitucional y que no impactará ni representará alivio mayor para la realidad cotidiana de millones de colombianos y colombianas en situación de pobreza, desamparo, indigencia, vulnerabilidad extrema, asedio y desplazamiento forzado. El Plan por el contrario responde a la institucionalidad propuesta por la apertura económica cuyos pilares fundamentales son el fortalecimiento del sector privado a partir del presupuesto público.
- El Gobierno Nacional no puede negar que este acelere de sus locomotoras, que más parecen aplanadoras en el Congreso de Colombia, obedecen entre otras cosas, al estado de parálisis y desintegración institucional, administrativa y normativa que dejaron los dos períodos autoritarios del gobierno uribista, y al costo de sostener una coalición de gobierno a la cual hay que sumarle pedazos de sus iniciativas con claras prácticas clientelistas que responden obedientemente a una suma de compromisos adquiridos durante las elecciones presidenciales y negociados con las entidades multilaterales, amén del costo de una coadministración de la gestión pública con el sector privado y una cruda ausencia de una previa concertación y construcción democrática de políticas públicas con los sectores sociales y las entidades territoriales descentralizadas,
- El actual PND tiene una carga emotiva que vende un país inexistente (cuasi desarrollado), avanzado en materia de seguridad y recuperación de la confianza manteniendo una clara continuidad con los gobiernos anteriores, al punto de augurar “el éxito de la paz al final del cuatrienio”, y que recurre a políticas fiscalistas neoliberales como un pronto limitante de los derechos económicos, sociales y culturales. Además, traza una expectativa de crecimiento anual del 6% lleno de una retórica que despersonaliza sus principales beneficiarios - un puñado de capitalistas poderosos, inversionistas y especuladores -. La cifra de crecimiento de la economía es una proyección que no tiene suficientes soportes técnicos en la presentación del Plan de Desarrollo y resulta un acto de voluntarismo tecnocrático que no permite generar confianza en la forma como se alcanzarán estos indicadores económicos ni mucho menos como; el hecho que la economía crezca va a garantizar la redistribución de los beneficios al conjunto de la población. De la misma forma, en que se reitera en el esquema de entregar más del 45% del presupuesto nacional para el pago de la deuda pública, transfiriendo al sector financiero una desmedida proporción de los recursos de la Nación al sector financiero privado. En resumidas cuentas, un paraíso para ciudadanos incautos y vulnerables, como al parecer nos quiere hacer ver el Gobierno Nacional.
- El PND debería partir – como lo han sugerido algunos analistas - de una propuesta de reconstrucción nacional alrededor de los rezagos estructurales de la pobreza, los damnificados por el invierno y las víctimas del conflicto armado, esto es, de quienes han perdido su trabajo, su vivienda, su tierra, su educación, su patrimonio, su proyecto de vida, sus activos humanos y materiales. En vez de centrarse en un desarrollismo neoliberal y tardío que basa sus ingresos fiscales y sus ventajas comparativas en un agresivo modelo de aumentos explícitos y directos de los impuestos a la población tales como, (1) el impuesto predial y el catastro, (2) las tasas por circular en las áreas urbanas, (3) incrementar los costos de la vivienda de interés social y ampliar la expropiación de la vivienda a través del sistema hipotecario, (4) preservar los ruinosos incrementos en la costos de los combustibles y la gasolina, (5) disminuir los subsidios en servicios públicos domiciliarios y (6) desregular las condiciones laborales al imponer el trabajo por horas y días y afectar aún más de lo que ya lo están las garantías prestacionales de los pocos trabajadores legales que quedan.(7) Entrega de las infraestructuras y el patrimonio de los acueductos comunitarios y municipales a operadores privados a través de los Planes Departamentales de agua. Todas las anteriores se erigen en propuestas centrales contenidas en un plan que no solamente constituye una verdadera amenaza a la economía de los hogares de los más pobres sino que además expresa un modelo anti pueblo dirigido en contra de los ingresos de las familias para favorecer el fisco nacional que permanece sin llegar a las verdaderas fuentes de la super concentración de la riqueza- En este sentido, el Plan se propone una verdadera reforma tributaria que al tiempo que exacerba las cargas tributarias sobre la población, propone eximir de las contribuciones e impuestos a los grandes consumidores de agua, distritos de riego y gas industrial, además del apalancamiento de grandes negociados de las grandes constructoras y la especulación inmobiliaria y de tierras en las ciudades pasando por encima de los planes de ordenamiento territorial en las localidades.
- Aunque el Plan afirma que el “dinamismo económico se genera por un crecimiento sostenido y sostenible, y el crecimiento en más empleo formal, menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad para toda la población”, piensa en todo menos en que estamos pagando justamente el costo de un crecimiento económico desordenado, excluyente, sin límites y depredador en el cual se preserva de forma prioritaria el modelo fiscal, cambiario y de manejo de la deuda pública . Peor aún, el Plan piensa en los pobres en términos de formación y oferta de mano de obra barata y cada vez menos calificada para las empresas, asistencialismo y focalización a través del fortalecimiento de la Red Juntos y las políticas asistencialistas masivas en cabeza del propio Presidente de la República, quien especula a través del Plan cuando promete alcanzar plenamente las metas de los objetivos del Milenio.
- Solamente la estrategia del PND de igualdad de oportunidades se traduce en una retórica llena de lugares comunes y mal expresados. Eso de “nivelar el terreno de juego, que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente de su género, etnia, posición social o lugar de origen”, dígase individualismo metodológico, es más que un exabrupto y una vulgar manipulación de las esperanzas de la población, en las palabras de un Gobierno, que sabe que se está mercantilizando el acceso a la salud y la educación del colombiano común y corriente, negando el acceso real y la provisión eficaz de activos productivos, créditos, tecnología, tierra a una población mayoritariamente pobre, desposeída e informal como lo reconoce el propio Plan.
- En este sentido, el Plan carece de una propuesta sistémica de Política Pública Social que con base en un enfoque de Derechos promueva el desarrollo de capacidades y el ejercicio de libertades para todos y todas, concibe la educación de manera restrictiva fundamentada en competencias laborales, subsidios directos a la demanda e ignora su función de promoción y fomento desde la cuna hasta la tumba, y en especial, no despeja el camino para superar los problemas de financiamiento a la Educación Pública Superior dentro de las cuales se encuentran las mejores universidades de la Nación. Muy por el contrario, el Gobierno en este tema ha desatado una verdadera crisis de gobernabilidad en el Sistema universitario público y privado, con su improvisada propuesta de entregar la financiación del modelo al sector privado, propuesta que al parecer ha sido retirada del proyecto de ley.
Así mismo, ignora herramientas de política pública útiles para configurar un Sistema de coberturas Sociales universales y dignas; Tampoco tiene en cuenta una mirada macro e integral que incluya todas las etapas del ciclo vital (juventud, adultez, vejez y familia) en la Política Pública Social, simplemente se limita a la atención integral a la Primera Infancia AIPI, sin especificar un presupuesto para tal fin. De igual manera, en el afán de preservar el infame negocio de los intermediarios en el Sistema General de Salud, el actual Plan Nacional de Desarrollo es funcional a la liquidación de la Red Pública Hospitalaria y desmantelamiento de los espacios de práctica necesarios para la formación de los profesionales en salud en el país, de manera coherente con lo planteado en la ley 1438 de reforma a la ley 100 y la reforma estatutaria en Salud en trámite, que fortalece sin pausa la intermediación privada en el sistema general en salud y pensiones. En este sentido se profundiza la crisis en la prestación y atención en salud y seguridad social para la población, lo cual conducirá a un inminente colapso humanitario en Salud en el país.
De la misma manera, alertamos que este Plan Nacional de Desarrollo configura un verdadero desplome presupuestal del Ministerio de la Cultura. La inversión pública del Estado en políticas culturales en Colombia no superara durante la administración del Presidente Juan Manuel Santos la indignante cifra de dos mil pesos al año por ciudadano (a), algo que merece nuestro total rechazo y hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se reconsideren las graves consecuencias de abandonar la cultura en un país, tan inmensamente rico en esta materia y que vive un conflicto societal tan profundo.
8. Su estrategia para la Consolidación de la paz, se ubica en un inexistente escenario de posconflicto donde se trata especialmente de consolidar la presencia del Estado en los territorios, a pesar de las reiteradas acciones de la guerrilla Llama como un fenómeno novedoso a las bandas criminales “Bacrim”, algo que reconocemos como paramilitarismo reciclado y tolerado. Niega la importancia de una Comisión histórica de la Verdad, cuando hoy por hoy revientan las más escandalosas mentiras sobre los supuestos éxitos de la mal llamada “Seguridad Democrática” del anterior presidente Uribe. Y ni siquiera menciona la necesidad de una política de paz desde el Estado, con base en el diálogo, los acuerdos humanitarios y la negociación política del conflicto interno, el cese de los bombardeos y fumigaciones a las zonas agrarias y la militarización de la pequeña y mediana minería. El plan no establece objetivos concretos en términos de desarrollo social de zonas de desplazamiento forzado ni en cuanto a la reparación integral a las víctimas. No se establece un presupuesto para la aplicación de la ley de víctimas en trámite. Tampoco se reconoce la crisis humanitaria y las continuas violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que comprometen a todos los actores armados, incluyendo hechos verdaderamente escandalosos por parte de la Fuerza Pública colombiana (tal como sucede con el accidentado juzgamiento del caso de los niños Torres en Arauca), abusos reiterados, los cuales no han cesado con la nueva administración del Presidente Santos. Y que requieren de una política criminal que formule el juzgamiento de los responsables, la no repetición de los hechos y la reparación integral de las víctimas de estos crímenes, lo cual no aparece en el actual plan de desarrollo.
9. El PND bajo el lema de “El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario” atenta contra la soberanía, la idiosincrasia y la identidad nacional, a través de la compra y venta de todo, inclusive de la riqueza cultural, la biodiversidad, el medio ambiente y el conocimiento ancestral, sustituyéndolas por las preferencias de los consumidores, vendedores y compradores de los mercados globales. Así lo constatan los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea; y el compendio de normas que se expresan en el Plan y que se plantean de forma agresiva la entrega de territorios, áreas estratégicas y zonas de reserva natural a grandes megaproyectos e inversionistas en materia minera, energética y de monocultivos con la cesión unilateral del petróleo, el coltan, carbón, el oro, el níquel, el gas, la flora y la fauna, y en general los recursos naturales, incluida la tierra con un gravísimo costo ambiental, social y cultural, que amenaza con daños irreversibles al territorio, la naturaleza y el hombre en Colombia. Tal como lo han denunciado las comunidades en resistencia a los megaproyectos minero energéticos en San Turban, Santander, el Quimbo en el departamento del Huila, Cajamarca en el Tolima, Ituango en Antioquia y el Rio Sogamoso en el departamento de Boyacá. Quienes no han sido escuchados en este Plan de Desarrollo que muy por el contrario promueve la ocupación de estos territorios y la entrega de sus recursos, sin consideración por los efectos de este tipo de explotación.
10. El PND incurre en unas significativas omisiones, cuando su articulado omite palabras como la convivencia, el hambre y la defensa de la identidad nacional. Así mismo, el documento base de 591 páginas con su mas de 272.314 palabras, tan solo 22 palabras hacen alusión a la seguridad alimentaria y únicamente una (1) sola palabra hace mención al hambre. Y cuando se refiere a la palabra “alimentos”, esta palabra se halla asociada a la producción empresarial e industrial.
Finalmente en la caracterización final se hace necesario enfatizar en señalar que el PLAN expresa con claridad, un modelo de desarrollo basado en una reforma territorial capitalista, tardía, inconclusa y fragmentada, que reprimariza la economía en condiciones de dependencia entrega los recursos estratégicos al mercado mundial, a las transnacionales y a grandes capitales especulativos, extrae recursos valiosos sin control ambiental y social, niega el desarrollo de los factores productivos internos, arruina las comunidades, no redistribuye el ingreso y mantiene la tendencia a desmontar las garantías del Estado Social de Derecho, en función de la concentración privada y la especulación rentista y financiera en manos de particulares. De igual manera se introducen sendas modificaciones desde esta ley de Plan de Desarrollo a los códigos tributarios, laboral, prestacional y a la ley 160 Ley 160 de 1994, por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria; en una maniobra a tres bandas que revive normas declaradas inexequibles que no han sido discutidas de forma democrática y que no están soportadas en las necesidades reales de los más vulnerables de la sociedad. En tal sentido se hace inviable como programa de Gobierno acorde con la propuesta del Estado social de derecho consagrado en la Constitución Política y se configura en abierta contradicción con nuestro ideario de unidad y con una propuesta democrática del desarrollo y preservación del territorio, los recursos y los derechos de la población.
En tal sentido anunciamos nuestro voto negativo al informe con que concluye la ponencia del mismo para 2do Debate en las plenarias del Congreso.
Bancada
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
Congreso de Colombia
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