Sancionada Ley sobre profesión de archivística

Con el número 1409 quedó signada la Ley por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el código de ética y otras disposiciones.

La nueva norma regula lo concerniente a la profesión encargada de todo lo relacionado con el manejo de los archivos. Determina que su campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y conformación del patrimonio documental del país. Además señala los deberes y prohibiciones de los profesionales de la Archivística.

Según la Ley, para ejercer legalmente la profesión se requiere acreditar título respectivo, la inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas.

El articulado crea el Tribunal Nacional Ético de Archivística, con sede en la capital de la República de Colombia y los Tribunales Regionales Éticos, los cuales se organizarán y funcionarán por regiones que agruparán dos (2) o más departamentos.

También se definen las faltas en la profesión y se determinan las sanciones pertinentes. Además se detallan todas las etapas del proceso disciplinario.

Dentro de las normas transitorias se establece que quien estuviere ejerciendo la actividad de la archivística, en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional, deberá aprobar un examen de conocimiento en archivística que lo habilite para desempañarse en este campo y así podrá obtener su Inscripción en el Registro Único de Archivistas. De ese modo, podrá obtener su Inscripción en el Registro Único de Archivistas.

Finamente, la Ley, integrada por 55 artículos, establece el día 9 de octubre de cada año como el Día Nacional del archivista.

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Radicada ponencia a proyecto que agiliza votaciones en el Congreso

Fue radicada ponencia favorable al proyecto que busca agilizar los procesos de votaciones en el Congreso. La ponencia indica que “se busca imprimir eficiencia al trabajo legislativo, en la medida en que el establecimiento de la votación nominal y pública para todas las decisiones que deba tomar el Congreso, entraba el desenvolvimiento del proceso legislativo”.

La ponencia determina veintiún casos en los cuales se podrá optar por la denominada votación ordinaria conocida como pupitrazo. Se trata de la aprobación del orden del día, actas, sesión permanente, sesión reservada, sesión informal, suficiente ilustración, moción de duelo, saludos protocolarios, proposiciones de control político, corrección de vicios, informes de objeciones, apelaciones, renuncias de congresistas, si existe unanimidad en la aprobación o archivo de un proyecto, las preguntas sacramentales (el quiere) y otros temas que no sean legislativos.

La ponencia también establece que en ningún caso podrán transcurrir más de diez minutos, en las comisiones, y de veinte minutos, en las plenarias, entre la iniciación de la votación y el anuncio de su resultado.

Además se aclara que si por falta de quórum decisorio no se pudiere completar la votación, la misma se aplazará y se procederá al levantamiento inmediato de la sesión, sin que se pueda volver a convocar a la respectiva comisión o plenaria para el mismo día.

Se trata del Proyecto de ley número 028 de 2010 Cámara, por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política, acumulado con el Proyecto de ley número 82 de 2010.

Son ponentes del proyecto los Representantes Roosvelt Rodríguez Rengifo y Carlos Germán Navas Talero. Los autores de los proyectos acumulados fueron la Mesa Directiva de la Cámara y el senador Carlos Soto.

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Minambiente se comprometió a preservar Bahía Málaga

Con ocasión de una sesión celebrada esta semana, en la comisión Sexta del Senado, al analizar la declaratoria de Bahía Málaga como Parque Natural, la viceministra del ambiente, Julia Miranda, dijo que “el compromiso del gobierno es sólido”.

Para comunidades nativas y sectores interesados en la preservación ambiental es preocupante que hubiera quedado excluida un área de la zona ambientalmente protegida. Ello, porque a su juicio, se deja viva la opción de montar allí infraestructura portuaria, a futuro.

La funcionaria fue clara en que cuando se declara una zona ambientalmente protegida es a perpetuidad. Además explicó que dicha área no podrá ser modificada o sustraída parcialmente con otros fines. “Además, los usos no pueden variar, o sea no se puede construir una vía, un puerto o una represa, por ejemplo”, dijo Miranda.

Añadió que crear un puerto significa alterar el ecosistema “y eso es ir, precisamente, en contravía del propósito para el cual se declaró Parque Natural”, aseveró. La funcionaria ilustró que allí habitan cerca de 1396 especies.

Dentro de amenazas enumeradas por la viceministra por las cuales Bahía Málaga no puede habilitarse como puerto mencionó:

- Atenta contra la acústica de la zona que se intenta conservar.
- Se promovería la sedimentación y extracción del material de playa.
- Se generaría una expansión turística desordenada.
- Se iría en contravía del propósito de reducir efectos ambientales y promover la regulación climática.
- Se propiciarían prácticas pesqueras no sostenibles.
- Como megaproyecto acabaría con áreas consideradas estratégicas y sensibles.

La funcionaria dijo que, como alternativas de puerto en el Pacífico, un documento Conpes propone Tribugá y Tumaco. Sin embargo, advirtió que Tribugá hace parte de las diez zonas consideradas aptas para ser declaradas protegidas. Al igual que Cupica, considerada también prioritaria en la preservación in situ.

Para la viceministra Miranda, ante la mayor demanda de comercio exterior y usos portuarios debe reforzarse Buenaventura invirtiendo allí.

Respecto a la construcción de una futura carretera cercana a Bahía Málaga afirmó que existen alternativas de hacerla sin afectar el parque. Respecto a la Base Naval que allí opera afirmó que sus actividades fueron catalogadas como de debajo impacto. “ Tienen impecable manejo de residuos, tránsito marítimo de bajo impacto, poco calado y baja frecuencia. Se conceptuó que pueden convivir en la zona”.

Para el senador Alexander López, quien lidera el tema, Bahía Málaga no es viable como puerto.

De acuerdo con el análisis expuesto, esa bahía no ofrece las condiciones geológicas y técnicas para desarrollar infraestructura portuaria y lo más viable es robustecer el puerto de Buenaventura para satisfacer las necesidades de ampliación del comercio.

“Para construir el puerto se tendrían que destruir dos islas y se tendría que hacer un dragado que solo permitiría el paso de un buque a la vez, lo que hace inviable ese proyecto”, afirmó el Senado López Maya al intervenir ante la Comisión Sexta del Senado.



El senador explicó que “el canal de acceso a Bahía Málaga es muy estrecho y no cabrían los barcos post panamax que son de 400 metros de largo por 60 metros de ancho, tendrían que dragar y destruir las islas de Morro Chiquito e isla Morro del Medio, lo que nadie permitiría, ni el Ministerio de Medio Ambiente ni el congreso ni la sociedad”.

López puntualizó que al pensarse en Buenaventura debe priorizarse la deuda social que se tiene con ella, “hacer inversión social para disminuir el desempleo que hoy está en el 70 %, el mayor de Colombia; buscar mecanismos para mejorar los ingresos del 80 % de su población que hoy subsisten con menos del mínimo y mejorar las condiciones de salubridad porque el 80 % de la población del municipio está sin servicio médico”.

El vallecaucano concluyó que los puntos a desarrollar en Buenaventura, son ampliar el dragado a 15 metros de profundidad e invertir en la recuperación de la Cuenca del Río Dagua para evitar que sigan llegando a la Bahía de Buenaventura 56 mil toneladas de sedimento al año. “Se debe desarrollar el puerto que está solo en un 45% de su producción”, puntualizó.

Como conclusión de este debate, la comisión Sexta, y posteriormente la Plenaria del Senado, avaló y respaldó la resolución 1501 que declara a Bahía Málaga como Parque Nacional Natural.

Pero además, solicitó al Presidente, Juan Manuel Santos, que la zona excluida entre ahora dentro del área de protección como Parque Nacional. De ese modo habrá seguridad de que este importante lugar del Chocó Biogeográfico, nunca sufrirá daños causados por actividades humanas.

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La verdad jurídica debe determinarse en caso de La Macarena

Representantes de todas las bancadas y el propio Gobierno, en cabeza del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se declararon altamente interesados en conocer la verdad jurídica acerca de los hechos expuestos anoche por el representante Iván Cepeda y la senadora Gloría Inés Ramirez.

Los congresistas citantes narraron el resultado de una audiencia pública, desarrollada en el municipio La Macarena, a la que, según dijeron, acudieron 800 personas. Dijeron que hubo masivas denuncias acerca de hallazgos de cadáveres sepultados y sin identificar. Así como de civiles afectados por minas antipersona, reclutamiento de menores, entre otras acciones hostiles contra la población civil. Denunciaron 4 cementerios con personas no identificadas, algunos en fosas comunes e incluso se denunció, al menos 5 casos, de ejecuciones extrajudiciales.

Se afirmó que las acciones violentas ponen en medio a la sociedad civil por parte de actores armados legales e ilegales, así como su estigmatización como ayudadores de uno u otro lado.

Los congresistas citantes admitieron que las FARC son causantes de muchos actos violentos e incluso porque la gesta guerrillera se dio en esa región hace muchos años. No obstante, afirmaron que esa no es justificación para dejar pasar excesos de la Fuerza Pública por lo cual llamaron al esclarecimiento inmediato de los hechos, dar valor a los testimonios de las víctimas, repararlas y erradicar la impunidad. También se mencionaron casos de fosas comunes en el municipio de Granada. Afirmaron que en los Llanos orientales se vive una crisis humanitaria que merece la atención.

Dentro de las propuestas de solución Cepeda planteó la tramitación expedita de una Ley de víctimas, Ley de tratamiento de cuerpos no identificados, reformar el marco legal que rige los cementerios, promover los bancos de datos de personas no identificadas, efectuar esfuerzo por localizar cementerios clandestinos, así como la mejora de los recursos para que unidad de justicia y paz adelante de manera técnica sus funciones.

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó que “para este gobierno no existe el dilema entre eficacia y respeto de los derechos humanos. Nuestro compromiso es cero impunidad. Daremos toda nuestra colaboración a las autoridades competentes jueces y fiscales para determinar la verdad jurídica”. También dijo que si en este Gobierno existen excesos serán individuales y aislados y que jamás será una política de Estado. Añadió que se trabaja en una estructuración de una política de seguridad y defensa con transparencia y respeto a los derechos humanos.

Agregó que el Gobierno no se dejará llevar por apariencias o perjuicios, ni se dejará engañar por enfoques interesados de los actores políticos. Afirmó que en esta Administración no se utilizarán términos desobligantes, estigmatizantes u ofensivos contra la oposición.

Ya sobre el tema concreto del debate, el ministro dijo que “según el informe preliminar del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, no es cierto que existan cientos de fosas comunes en La Macarena”.

Agregó que “El informe 517752 afirmó, primero, no se trata de una fosa común, es un cementerio. Segundo no se han encontrado signos de remoción de tierra no otra señal de la existencia de una fosa común, tercero existen tumbas individuales excavadas en momentos diferentes separadas entre si, por más de un metro de distancia, cuarto no fueron enterrados varios individuos en un solo espacio y en una misma ocasión, reivindico que no son palabras de ninguna entidad gubernamental”.

Al final reiteró que “El gobierno nacional está prestando toda la colaboración a las autoridades judiciales competentes para que se esclarezcan las denuncias y todos los presuntos hechos que puedan comportar cualquier violación a los Derechos Humanos, al Derecho internacional Humanitario o a nuestra Constitución”.

El viceministro del Interior, Aurelio Iragorri, destacó el lenguaje y la manera en que los citantes expusieron el tema. Destacó la intervención de Cepeda y las iniciativas legislativas enunciadas por él, en su intervención y las catalogó como necesarias. “invito a la presentación de eso proyectos de ley y lograr un acuerdo interpartidista que asegure un trámite expedito para su aprobación”.

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Metro no es un proyecto del Polo, sino una necesidad de la ciudad

Así parece concluirse, tras la intervención de la mayoría de las bancadas al discutir la puesta en marcha del Metro para Bogotá. La generalidad de las colectividades, con asiento en el Senado, mostraron interés en que prospere el proyecto como alternativa de mejora en la calidad de vida de los bogotanos y colombianos.

El citante Hernán Andrade coincidió en la necesidad, pero expresó dudas sobre la sostenibilidad afirmando que es probable que se requiera subsidios y exigió a la Alcaldía explicar cómo se conseguirán recursos excedentes que se requerirán. Agregó que el Metro contribuirá a mejorar la movilidad, pero no de manera aislada. Calculó el déficit en U$ 1500 millones de dólares y puso en duda el nivel de demanda de 600 mil pasajeros diarios.
La bancada del Partido de la U, a través del vocero Juan Lozano, dijo que el Presidente Santos y su bancada respalda el metro, el tren de cercanías y perfeccionar el sistema integrado con cable. “responderemos a ese compromiso, pero exigimos a la Alcaldía diligencia, eficacia, compromiso y prontitud”, declaró.

El senador Alexander López, intervino por el Polo, dijo que debe separarse la discusión del tema partidista y mirarse desde la perspectiva de la conveniencia social y ambiental. Dijo que su implementación forma parte de un propósito de estructurar un robusto sistema integrado de transporte capitalino. Añadió que el Conpes expedido por el gobierno Uribe es claro en que acepta el proyecto y efectúa recomendaciones que hay que analizar. Concluyó que disputas partidistas no pueden frustrar la aspiración de los bogotanos de contar con un medio moderno, ágil y eficiente para transportarse.

La bancada del Partido Verde con Gilma Jiménez y Jhon Sudarsky alertaron sobre el riesgo financiero ante inflexibilidades en materia de inversión social capitalina por los exigentes compromisos que se adquirirán. Dijeron que ante el anuncio de que la Nación no aumentará su aporte, por ninguna razón, se ocasionará que el Distrito capital opte por vender activos o recurrir a la vía impositiva.

La bancada Liberal dijo que el metro es una necesidad inaplazable. Su vocero, el senador Alvaro Ashton, dijo que toma relevancia por su aporte ambiental. Pidió celeridad en completar estudios y cumplir las exigencias del Conpes.

El senador conservador Fernando Tamayo dijo que hay que darle solución al tema de los taxis y concentrarlos en un solo lugar ya que al deambular gastan combustible y deterioran las vías.

La bancada Mira con el senador Carlos Baena apoyó metro y tren de cercanías. Pidió que no se modifique el trazado dejando afuera la zona de las Américas en donde existe necesidad y es polo de expansión de la ciudad. También planteó que el tren de cercanías también movilice carga. Finalmente, solicitó facultar a entes territoriales a invertir en proyectos de movilidad (modificación ley 388 derecho de edificabilidad).

El Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, dijo que “No hay alternativa porque el transporte público hay que hacerlo eficiente, veloz, de calidad y bajo en costos y si hay que subsidiarlo pues hay que hacerlo”. Añadió que proyecto revalorizará a la ciudad en calidad de vida y eficacia de actividad económica.

Hernando José Gómez, Director de Planeación Nacional dijo que los aportes de la Nación son fijos y que no cubren los posibles sobrecostos. “Hay que tener en cuenta que con el Metro se comprometen las vigencias futuras de los próximos 17 años y que debe estar atado al Sistema Integrado de Transporte”, anotó.

Según Constanza Rodríguez, Ministra de Transporte encargada, en este tema se espera un papel esencial de gestión de parte de la Alcaldía de la ciudad y del proyecto Metro para implementar modelos de solución, “porque no nos podemos esperar más tiempo y el Metro es una parte importante para el transporte masivo de la ciudad”.

De acuerdo con el Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno, “el Metro es un reto inaplazable para la integración y para el futuro de la competitividad de la capital y de la región”. Argumentó que se éste posee suficiente sustento legal, ya que figura en el plan de desarrollo y en su plan de gobierno. Agregó que se avanza poco a poco con base en los estudios. Añadió que Santos dijo el 20 de junio que apoyaba esa alternativa. “el apoyo del Gobierno nacional es definitivo”, dijo. Agregó que el compromiso de su administración es serio, responsable. “La primera línea es un inicio y mejorará la productividad, competitividad y calidad de vida de la ciudad”, concluyó.

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Radicado proyecto gubernamental de ordenamiento territorial

El proyecto fue radicado en la Cámara como 58 de 2010. Consta de 34 artículos y en su exposición de motivos explica que: “Esta ley orgánica que hoy presentamos al Honorable Congreso de la República ordena la creación del Fondo de Compensación Regional, de cuya financiación se ocupará la ley de Regalías”.

De acuerdo con el artículo 31 del proyecto “su objeto será la administración de las regalías y compensaciones que se destinen para la financiación de proyectos de inversión regional, incluidos los estratégicos que se ejecuten a través de las Regiones Administrativas y de Planificación. El Fondo se financiará con los recursos provenientes de regalías y compensaciones en los términos, condiciones y criterios definidos por la Constitución Política”.

Otro aparte del proyecto propone que: “El funcionamiento de las Regiones Administrativas y de Planificación se financiará con cargo a recursos de regalías en los términos y condiciones que defina la ley y el Gobierno Nacional”.

También se aclara que: “De manera excepcional se aborda de forma muy puntual algún aspecto del régimen fiscal especial de las áreas metropolitanas, que requiere con urgencia su precisión en esta ley, por ser tema con reserva especial consagrada en el artículo 319 de la C.N”.

La aprobación de este proyecto de ordenamiento obligará a la tramitación futura de proyectos de ley sobre régimen especial para los departamentos, la reforma del régimen municipal orientada por las prescripciones del artículo 320 de la Constitución Política y la reforma de la legislación en materia de áreas metropolitanas.

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Sancionan Ley homenaje a víctimas de desaparición forzada

Se trata de la Ley 1408 de 2010, por medio de la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación.

La norma ordena prestar asistencia a los familiares de las personas desaparecidas, durante el proceso de entrega de los cuerpos o restos exhumados.

También establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, que se encargará de procesar, indexar, organizar e ingresar la información de los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos y restos de las victimas, así como las muestras biológicas de referencia de los familiares de las mismas, todo esto con el fin de avanzar en la identificación de víctimas.

Según la norma, el Gobierno Nacional, en consulta con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, declarará como Santuario de la Memoria y preservará para la búsqueda e identificación, los lugares donde, de acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones.

En aquellos lugares que se declaren como Santuario de la Memoria se erigirá, por parte de las autoridades nacionales, un monumento en honor a estas víctimas, para lo cual podrán incluir la respectiva apropiación presupuestal.

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Radicado proyecto del Primer Empleo

El Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, presentó ayer el proyecto de ley de formalización y primer empleo ante la Cámara de Representantes. La iniciativa tiene cuatro capítulos: el tratamiento de incentivos para formalizar las empresas, estímulos para acceder al primer empleo formal, la simplificación de trámites para facilitar la formalización y los mecanismos de control.

El funcionario explicó que “el proyecto busca romper el cuello de botella de la informalidad empresarial y laboral en Colombia, así como facilitar la vinculación laboral de los jóvenes”.

Dentro de los estímulos para la formalización de pequeñas empresas (con menos de 50 empleados) o creación de nuevas empresas. Habrá un sistema progresivo para los pagos de los aportes parafiscales u otros cargos tributarios. Así:

• En los primeros dos años, estas empresas no pagarán ni aportes parafiscales, ni de renta ni registro mercantil.
• En el tercer año, la Empresa asumirá el 50% de estos cargos de ley.
• En el cuarto año, la Empresa ya asumirá el costo pleno de este tipo de pagos tributarios.
• En cuanto al registro mercantil, las empresas no pagarán el valor del registro al inscribirse, la primera renovación pagará la mitad de la tarifa; la segunda renovación el 75% y de la tercera en adelante el ciento por ciento.

El proyecto contempla otro tipo de medidas, como eliminar la exención de impuestos sobre Activos Fijos y facilitar la ampliación de contratos de aprendices. Para todas aquellas pequeñas empresas que empleen a jóvenes menores de 25 años, los parafiscales serán descontables del Impuesto. Estos beneficios serán exclusivos para las empresas que aumenten el número de empleos y que incrementen el valor de la nómina.

La iniciativa también contempla que se eliminen ciertas declaraciones tributarias, facilitar el pago de impuestos y simplificar algunos de los trámites para las empresas formales.

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Elección de Contralora será demandada

La ley de bancadas no está por encima de la Ley que reglamenta el funcionamiento del Congreso o encima de sentencias de la Corte sobre el voto secreto. Así lo advirtió el Senador Alexander López Maya, al término de la elección de la nueva Contralora General, Sandra Morelli.

“Con la elección, hoy hemos asistido a un típico acto clientelista y antidemocrático, mediante el cual los amigos del Presidente Santos, marcaron su voto y lo hicieron público, para mostrar su lealtad, sin importarles la ley y la Constitución. Por eso consideramos que esa elección es ilegitima y por eso la rechazamos como espuria”, precisó.

Anunció que el Polo Democrático demandará la elección, ya que las bancadas depositaron papeletas de colores para diferenciar los votos y de ese modo, dijo, el voto dejó de ser secreto.

El Senador explicó que los alcances del voto secreto ya fueron expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-245 de 2006.


López Maya explicó que el artículo 131 de la lay 5ª de 192, consagra el voto secreto como un acto eminente político similar al voto popular que emiten los ciudadanos al momento de elegir autoridades y cuerpos colegiados, por lo cual es de obligatorio cumplimiento y en esa elección no se cumplió.

"El voto secreto de los congresistas es una institución de las verdaderas democracias", dijo que así lo expresó la Corte Constitucional en sentencia 245 de 1996.

Los apartes citados por el Senador precisan lo siguiente:

" el acto de elegir es un acto de carácter eminentemente político, mediante el cual el ciudadano -en este caso el congresista- hace efectivo el pleno ejercicio de la soberanía de la cual es titular (Art. 3 C.P.)".

"En estos casos con el voto secreto se busca garantizar la plena independencia del elector, sin que sea posible indagarle a quien favorece con su elección. Por lo demás, tratándose de elecciones, incluídas las que el Congreso hace, el voto secreto encuentra pleno respaldo constitucional en los artículos 190 y 258 de la Carta Política".

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Radicado proyecto del gobierno sobre comisión de Tv

El Gobierno radicó ayer, ante el Senado, el proyecto para eliminar la Comisión Nacional de Televisión. La iniciativa busca derogar dos artículos que le dan rango constitucional.

El articulado incluye un parágrafo transitorio para que, tramitado el acto legislativo, las comisiones sextas constitucionales se ocupen de tramitar una ley que defina las funciones que hoy cumple el ente.

Quedó identificado como el proyecto de acto legislativo 11 de 2010 Senado

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Decisión de la Corte sobre bases militares

La Corte Constitucional ordenó remitir al Presidente de la República el denominado “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, para que le imparta el trámite constitucionalmente previsto para los tratados internacionales.

Así mismo resolvió declarar que el denominado Acuerdo no puede surtir efectos en el ordenamiento interno colombiano, hasta tanto cumpla con el trámite constitucional previsto para los tratados en forma solemne, de conformidad con lo establecido en los artículos 150.16, 154, 157, 158, 160, 165, 224 y 241 numeral 10 de la Carta Política.


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Mininterior radicó proyecto para escindir ministerios

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, radicó este martes en la Secretaria de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca separar los ministerios de Interior y de Justicia; Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Protección Social, así como otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la administración central.

“Siendo este un proyecto que reúne un amplio consenso sobre la conveniencia de tener muy pronto Ministerio de Justicia, de Trabajo, y de Vivienda, esperamos que el Congreso en este semestre acompañe al Gobierno en el otorgamiento de estas facultades”, afirmó el Ministro Vargas Lleras.

El alto funcionario indicó que la separación de los ministerios no implica mayores costos para la Nación y agregó que si el Legislativo tramita con celeridad la iniciativa, el Gobierno Nacional espera que antes de finalizar el año los nuevos ministerios cuenten con su personería jurídica.

Señaló, así mismo, que las facultades especiales que se le otorgarían al Ejecutivo podrían ser empleadas para crear un nuevo Departamento de Seguridad y liquidar el actual.

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Sancionada Ley 1407 que adopta nuevo Código Penal Militar

Consta de 628 artículos y determina tanto las conductas punibles y las que quedan exoneradas de responsabilidad de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Además pone en desarrollo la implantación del Sistema Acusatorio en la justicia penal militar.

Establece que los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, cuando cometan delitos en relación con el servicio, solo podrán ser Juzgados por Jueces y Tribunales establecidos en el Código e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible.

El articulado define los delitos imputables a los miembros de la Fuerza Pública en relación con el mismo servicio. Así como los no relacionados con el servicio. Respecto a estos últimos, la norma especifica que en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Las penas principales será prisión para los tipos penales con una duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso cuya pena máxima será de sesenta (60) años. La Multa máxima hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las penas accesorias serán Restricción domiciliaria; Interdicción de derechos y funciones públicas; Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio; Suspensión de la patria potestad; Separación absoluta de la Fuerza Pública; Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego y Prohibición de consumir bebidas alcohólicas.

El artículo 625 de la Ley prevé que para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema se ajustará la planta de personal de funcionarios y empleados que actualmente se encuentran vinculados a la Justicia Penal Militar y los que se requieran para su implementación.

Finalmente, se determina que la Ley regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 10 de enero de 2010, conforme al régimen de implementación. Así mismo se aclara que los procesos en curso continuarán su trámite por la Ley 522 de 1999.

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Explican dinámica de “Acuerdos para la Prosperidad”

El Presidente Juan Manuel Santos Calderón señaló este sábado que hace parte del estilo de su Gobierno no comprometerse con nada que no se pueda cumplir, al referirse a los compromisos adquiridos durante la primera jornada de los ‘Acuerdos para la Prosperidad’, que se realizó en Bucaramanga.

“Aquí hay unas sugestiones muy concretas. Yo no quiero, y eso es parte del estilo nuestro, no quiero comprometerme con nada que yo no pueda cumplir. Si se demora el compromiso, que se demore el compromiso, pero no quiero decirles aquí mire esta vía, la vamos a hacer. Todo el mundo se ilusiona y el día de mañana no podemos cumplir. Y eso no quiero que suceda”, expresó.

Durante su intervención, el Jefe de Estado sostuvo que es muy importante que todas las personas tengan acceso al avance y cumplimiento de los acuerdos del Gobierno Nacional, a través de una herramienta fácil y dinámica.

“Porque de nada sirve crear un instrumento muchas veces muy costoso, si no se utiliza por falta de información. Y veo que hay aquí una solicitud transversal. Casi todos los sectores están diciendo: queremos tener más acceso a lo que tiene el Gobierno disponible y eso, además, es una necesidad sentida en todas partes”, indicó.

Por su parte, el Alto Consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, Miguel Peñaloza, sostuvo que los compromisos adquiridos en las mesas temáticas quedarán consignados en un acta que se publicará en la página de Internet de la Presidencia de la República.

“Cada uno de los compromisos que se han adquirido en las mesas son elevados a un acta que se incorpora al seguimiento de la Presidencia de la República. Y le pueden hacer seguimiento normal cada una de las personas en la página de la Presidencia de la República. Se van a estar manejando cada uno de los hitos que se cumplan rigurosamente y toda la comunidad en general puede ser el interventor de esos procesos”, puntualizó.

Entre los temas tratados este sábado de Bucaramanga se destacan: formalización de la empresa en Colombia, generación de empleo, bancarización y desarrollo de infraestructura para la competitividad de la región.

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Exequibles convenios con Canadá

La Corte Constitucional declaró ajustados a la Constitución dos convenios firmados con Canadá y sus correspondientes leyes aprobatorias:

-Se resolvió declarar exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008 y del Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia. Así como declarar exequible la Ley 1363 de 2009, por medio de la cual fue aprobado el tratado internacional.

- Declarar exequible la Ley 1359 de 2009 y el Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia”, hecho en Lima, Perú el 21 de noviembre de 2008 y el Canje de Notas entre Canadá y la República de Colombia del 20 de febrero de 2009, por medio del cual se corrigen errores técnicos y materiales del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia.

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Comisión Primera de Cámara aprobó retiro de proyecto

La Comisión Primera de Cámara de Representantes aprobó ayer por unanimidad el retiro del Proyecto de Acto Legislativo 025 de 2010, que buscaba dar facultades al Presidente de la República para nombrar al Fiscal General de la Nación por un período de 4 años, así como la creación de la Unidad de Investigación y Acusación para aforados constitucionales.

El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, afirmó que esta decisión es un excelente mensaje del Congreso para el Gobierno Nacional y para la Rama Judicial, ya que permitirá avanzar en una verdadera concertación para la reforma a la Justicia.

“Me parece un gran inicio y un mensaje extraordinario del Congreso y de la Comisión Primera para el Gobierno y la Rama Judicial. Agradezco a la Comisión Primera de la Cámara que por unanimidad haya aceptado retirar este proyecto de Acto Legislativo, para que le permitan al Gobierno avanzar en la concertación de una reforma que debe ser integral. Se abre paso a la concertación”, afirmó Vargas Lleras.

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Sancionada Ley que cambia nombre al aeropuerto de Bogotá

Según la norma, como homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán Sarmiento en el vigésimo aniversario de su fallecimiento, el Aeropuerto Internacional de Bogotá, D. C., se llamará “Aeropuerto Internacional “Luis Carlos Galán Sarmiento”.

Se trata de la Ley 1406 de 2010 en la cual además se aclara que artículo 16 de la Ley 75 de 1989 cambiará su numeración. Corresponderá al artículo 17 a partir de la vigencia de la ley.

El senador Juan Carlos Vélez Uribe radicó ante el Congreso un proyecto de ley sobre el tema. Se trata del Proyecto Número 23/10 S “Por la cual se modifica la Ley 75 de 1989” “por la cual la Nación rinde honores a la memoria del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento con ocasión del vigésimo aniversario de su fallecimiento”.

Este plantea que el aeropuerto internacional de Bogotá, D.C., se llamará Aeropuerto El Dorado, y la Terminal Internacional de Pasajeros del Aeropuerto Luis Carlos Galán Sarmiento”.

En la exposición de motivos Uribe afirma que “teniendo en cuenta que excluir el nombre “El Dorado” del aeropuerto de Bogotá causaría una confusión e inconvenientes en lo que tiene que ver con actualizaciones de cartas de navegación aéreas, documentos públicos e informativos aeronáuticos y modificaciones de convenios y contratos administrativos suscritos por la Aeronáutica Civil, formulo una propuesta al Congreso que devuelve el nombre al Aeropuerto y a su vez honra la memoria del Dr. Luis Carlos Galán Sarmiento”.


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Agenda Legislativa anunciada por Presidente Santos

Durante la toma de posesión del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, el Primer Mandatario anunció varias iniciativas legislativas que serán llevadas al Congreso Nacional. A continuación detallamos las alusiones a proyectos de Ley en su discurso de posesión:

- Cuando dije en mi campaña que el mío sería el gobierno del Trabajo, Trabajo y más Trabajo, ¡no eran palabras vanas! Con la creación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; con políticas de choque para la generación inmediata de trabajo; con leyes como la de Primer Empleo –una propuesta del Partido Liberal para dar incentivos a quienes contraten a los jóvenes que ingresan al mercado laboral–, y con el tren de nuestra economía avanzando a toda marcha, cumpliremos nuestra promesa.

- Reformaremos el sistema general de regalías para que –entre otras cosas– el diez por ciento de ellas se destinen en todo el país a la ciencia y la tecnología. Presentaremos al Congreso la reforma al régimen de regalías y crearemos, doctor (Armando) Benedetti (Presidente del Congreso) el Fondo de Compensación Regional para cerrar la brecha de desarrollo entre las regiones de la periferia y el centro del país.

- Crearemos el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Agencia Nacional de Aguas, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales.

- Adelantaremos una reforma de fondo que –partiendo de la creación del nuevo Ministerio de Salud– haga énfasis en la prevención, unifique el Plan Obligatorio de Salud para todos los regímenes, y promueva el buen gobierno en el sector.

- Desde el nuevo Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano articularemos las políticas para que todos los colombianos puedan decir que salen de su trabajo – ¡porque tienen trabajo! – y que van para su casa.

- Presentaremos al Congreso un proyecto de Ley de Tierras, y aceleraremos los mecanismos de extinción de dominio, para que las tierras que el Estado les ha incautado a los criminales, y las que les vamos a incautar, regresen a las manos campesinas, a los que de verdad las trabajan con vocación y con sudor.

- Siguiendo una adecuada regla fiscal, vamos a ahorrar los recursos de tiempos de bonanza para poder manejar con solvencia los tiempos de crisis.

- Un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagradas en la Carta del 91.

- También nos proponemos adherir a la Convención Anti-Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –una asociación de países comprometidos con la responsabilidad económica y las buenas prácticas, a la que aspiramos ingresar– como un paso trascendental en nuestro compromiso contra la corrupción.

- Restableceremos el Ministerio de Justicia como un Ministerio de Justicia y de los Derechos que articule una política de Estado para fortalecer la justicia y proteger los derechos fundamentales. Será un ministerio que no sólo tendrá interlocución con el Poder Judicial sino que liderará la estrategia jurídica del Estado, preservará la coherencia legislativa y velará por la formación de los abogados.

- Concertaremos con las Cortes, y luego impulsaremos en el Congreso, una reforma a la Justicia que afirme la fe de los colombianos en su sistema judicial, que nos brinde seguridad jurídica, y que complemente el acento que puso la Carta del 91 en la justicia y los derechos.

- A quienes quieran asumir la oposición les comunico mi absoluto respeto y todas las garantías, porque su control político y su veeduría son necesarios para el fortalecimiento de nuestra democracia. (Estatuto de la oposición)


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Aplazado debate sobre Metro de Bogotá

Ante la excusa de los ministros de Hacienda y Transporte, así como del Director de Planeación Nacional, la Plenaria del Senado aplazó para sesión futura la citación programada para ayer.

A pesar de que el Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, sí se hizo presente, la Corporación estimó que era necesaria la visión del Gobierno Nacional frente al metro bogotano y el denominado sistema integrado de transporte.

En la corta sesión, hubo algunos pronunciamientos relacionados con la situación invernal que aqueja la región de la Mojana y el departamento de Boyacá. Se pidió declarar la emergencia social y económica.

También se mencionó la necesidad de atención del sector arrocero y lechero, la situación de la vía al Llano y la problemática del centro de investigación Carimagua.

Miembros del Partido Verde, Mira y el Partido Liberal hablaron sobre la necesidad de reformar el sistema electoral. Este, será sin duda tema central en las discusiones que se avecinan.

Se habló de la eliminación de las listas de voto preferente, la implantación del voto electrónico auditable y la creación del sistema electoral unipersonal. También la participación de los jóvenes desde los 16 años en las elecciones regionales. Anunciaron la radicación de varias iniciativas en ese sentido.

El senador del Mira, Carlos Baena, llamó la atención del Ejecutivo acerca de un proyecto de Decreto que, según dijo, no incluye a los recicladores en las licitaciones de aseo. Sobre el tema intervino también el senador Juan Lozano afirmando que un proyecto del ley sobre comparendo ambiental, que está promoviendo, cierra interpretaciones a las normas vigentes y protegerá a recuperadores ambientales y recicladores.

Finalmente, durante la sesión se eligió a los miembros del Senado para la comisión asesora de Relaciones Exteriores. Como principales se postularon Edgar Gómez, Miriam Paredes, Juan Lozano. Suplentes Guillermo García, Carlos Emiro Barriga y Alexandra Moreno. Se obtuvo una votación de 67 votos por la lista única, un voto negativo y siete votos en blanco.

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Infundadas objeciones a esquema de Telesalud

La Corte Constitucional resolvió declarar infundadas las objeciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional respecto del parágrafo del artículo 2º del proyecto de ley No. 218 de 2007, Senado, 309 de 2007, Cámara, “por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en Colombia. En consecuencia debe sancionarse la Ley.

El Alto Tribunal encontró que casi todas las objeciones que el Gobierno formuló respecto del parágrafo del artículo 2º del proyecto de ley examinado, coinciden con los cargos de inconstitucionalidad que fueron presentados dentro del proceso que culminó con la Sentencia C-714/08 y que fueron descartados por esta Corporación.

Así mismo, la Corte señaló que, contrario a lo afirmado por el Gobierno, el Congreso sí estudió y analizó el asunto del financiamiento y de la sostenibilidad de las actividades de la Telemedicina. “los recursos financieros a que alude el parágrafo objetado no son los únicos con cargo a los cuales el proyecto de ley propone que se financien tales actividades, como se expuso en la ponencia para segundo debate en el Senado de la República”, explicó el Alto Tribunal.

En efecto, está previsto que los dineros destinados a este proyecto tendrán como principal fuente una parte de los recursos del Fondo de Comunicaciones. Respecto de los recursos provenientes del 0.3% de la Unidad de Pago por Capitación, UPC contributiva y subsidiada, la Corte estableció que es cierto que el Congreso no incluyó un análisis detallado de la manera en la cual dicha destinación podría afectar la posibilidad de hacer ajustes en el Plan Obligatorio de Salud (POS) o en la UPC. No obstante, a juicio de la Corte, esta circunstancia no determina la inconstitucionalidad de la disposición objetada por el Gobierno.

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Radicado proyecto sobre protección de datos

La iniciativa tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos.

Fue radicado en la Cámara por tres ministros: Ministro del Interior y de Justicia, Ministro de Comercio y Ministro de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones. Quedó identificado como 46 de 2010 Cámara y repartido a la comisión Primera.

Este proyecto se propone definir el concepto de “Datos sensibles”. Allí se definen como aquellos que afectan la intimidad del Titular. Se estima que su uso indebido puede generar su discriminación. Por ejemplo, aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

El articulado prohibe expresamente el tratamiento, uso, divulgación, publicación o circulación de datos personales de niños, niñas y adolescentes cuyo fin sea su comercialización, tráfico, venta o cesión a terceros.

Se plantea la creación del Registro Nacional de Bases de Datos como el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el país. El registro será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos.

La exposición de motivos argumenta que “Este proyecto incorpora en su articulado las mejores prácticas internacionales en materia de protección de datos contempladas en Convenio 108 de 1981 del Consejo de Europa, la Directiva Europea 95/46 de 1995, la Resolución 45/95 de 1990 de la ONU y la Resolución de Madrid de 2009, con el objetivo de lograr con esta ley la acreditación de Colombia por parte de la Unión Europea como un país seguro en protección de datos y así poder acceder al mercado europeo sin restricciones atrayendo inversión extrajera y generando nuevos empleos”.

Cuando se produzca tratamiento de datos sensibles, el proyecto contempla sanciones que pueden ser impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, tales como multas, suspensión de las actividades, cierre temporal o definitivo. La Superintendencia tendrá en cuenta una serie de criterios con el fin de determinar si aplica una sanción más o menos alta.

Finalmente, en el Titulo IX de la iniciativa se establece una modificación a la ley 1266 de 2008 en relación con la destinación de las multas, las cuales serán a favor de la correspondiente Superintendencia y servirán para su funcionamiento técnico.

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A discusión proyecto de Presupuesto 2011

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga, radicó este viernes ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal de 2011 por un monto de $147,3 billones, de los cuales $134,5 billones se financian con recurso de la Nación y los restantes $12,8 billones, con recursos de los establecimientos públicos.

Este Presupuesto presenta un crecimiento del 2,5% comparado con el de la actual vigencia que asciende a $143,7 billones, una vez descontados los $5,8 billones que el Gobierno Nacional aplazó del presupuesto vigente desde el pasado mes de enero.

En el proyecto, el gasto de inversión que equivale a 4,5% del PIB, inferior al de 2010 (4,6%). La inversión se incrementa un 3,5% al pasar de $24,7 billones a $25,6 billones, que es, de todas maneras, superior al incremento previsto del PGN para 2011 (2,5%).

Los gastos de funcionamiento registran un crecimiento del 5,3% respecto a 2010, al pasar de $79,7 billones a $83,9 billones, esto es de $4,2 billones.

La iniciativa quedó radicada ante la Cámara de Representantes como 36 de 2010 Cámara.


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Sancionadas Leyes 1403, 1404 y 1405

- La Ley 1403 adiciona la ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, se establece una remuneración por comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o “ley de Fanny Mikey”.

De acuerdo con esta Ley los artistas intérpretes de obras y grabaciones audiovisuales conservarán el derecho a percibir una remuneración equitativa por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.

- Por su parte, la Ley 1404 crea el programa escuela para padres y madres en las instituciones de educación preescolar, básica y media del país.

Esta tiene corno propósito fundamental integrar a todos los padres y madres de familia. En un cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa para pensar en común, intercambiar experiencias y buscar alternativas para contribuir a la formación de los niños.

- Finalmente, la Ley 1405 modifica algunos articulos del decreto-ley 1790 de 2000 modificado por la ley 1104 de 2006, el decreto-ley 1790 de 2000 y se dictan otras disposiciones.

Esta Ley modifica la jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para efectos de mando, Régimen Interno, Régimen Disciplinario y Justicia Penal Militar.

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