El actual período legislativo cuenta con 20 días para la toma de decisiones finales en lo que respecta a la legislatura 2009-2010.
Los proyectos de Ley Radicados desde el 20 de julio de 2008 y que no obtengan aprobación en sus cuatro debates reglamentarios se archivarán por vencimiento de términos.
Proyectos radicados desde el 20 de julio de 2009 y que no obtengan al menos una aprobación se archivarán. Los que hayan sido aprobados mínimo en un debate continuarán su trámite en la Legislatura que inicia el 20 de julio entrante en el estado en que queden.
La gran mayoría de proyectos de reforma constitucional se archivarán por vencimiento de términos. Al igual que leyes estatutarias y orgánicas.
Actualmente se encuentran en espera de aprobación en Plenaria de Senado 45 proyectos de Ley y en Cámara 21 proyectos.
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lunes, mayo 31, 2010
viernes, mayo 28, 2010
Sancionada Ley para protección de niños con cáncer
Se trata de la Ley 1388 que busca disminuir de manera significativa, la tasa de mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por parte de los actores de la seguridad social en salud.
Se impone que, a partir de la confirmación del diagnóstico de Cáncer, y hasta tanto el tratamiento concluya, los aseguradores deben autorizar todos los servicios que requiera el menor, de manera inmediata. Estos servicios se prestaran en la Unidad de Atención de Cáncer Infantil, de acuerdo con el criterio de los médicos tratantes en las distintas especialidades.
De acuerdo con la norma, el Ministerio de la Protección Social, en un término de 6 meses, debe reglamentar la creación y puesta en marcha de una base de datos para la agilidad de la atención del menor con Cáncer.
Además, se crea el Registro Nacional de Cáncer Infantil, con el propósito de llevar en tiempo real, el registro sobre el diagnóstico, seguimiento y evolución del tratamiento del paciente, con la información que permita una atención de calidad y la realización de estudios científicos.
Otra disposición especifica que los beneficiarios de la Ley, tendrán derecho, cuando así lo exija el tratamiento o los exámenes de diagnóstico, a contar con los servicios de un Hogar de Paso, pago del costo de desplazamiento, apoyo psicosocial y escolar, de acuerdo con sus necesidades, certificadas por el Trabajador Social o responsable del Centro de Atención a cargo del menor.
Finalmente, se ordena a las autoridades competentes diseñar, actualizar, y mejorar, requisitos esenciales de los Centros de Atención, los protocolos y las guías, para las causas más frecuentes de cáncer infantil en Colombia, dentro de un plazo máximo de 12 meses.
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Rinden homenaje a excongresista José Fernando Castro Caycedo
Tras la sanción de la Ley 1387, se rinde homenaje al fallecido congresista. En virtud de ello, el recinto de sesiones de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, llevará el nombre de José Fernando Castro Caycedo, en homenaje póstumo por sus aportes desde esta célula legislativa, a la cual perteneció durante dos periodos como Representante por Bogotá.
Por tal motivo, se colocará un óleo con su rostro y una placa alusiva a su nombre. La Ley además exalta sus acciones como legislador y funcionario público, su liderazgo y su defensa de los valores así como de los Derechos Humanos.
Por tal motivo, se colocará un óleo con su rostro y una placa alusiva a su nombre. La Ley además exalta sus acciones como legislador y funcionario público, su liderazgo y su defensa de los valores así como de los Derechos Humanos.
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jueves, mayo 27, 2010
Contraloría vigilaría con lupa a Cámaras de Comercio
Un proyecto de Ley radicado por el Senador Carlos Julio González prevé que la Contraloría General de la República podrá ejercer control posterior, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial y sobre las Cámaras de Comercio. El proyecto plantea modificar el artículo 26 de la Ley 42 de 1993.
De se modo, se efectuaría a solicitud Gobierno departamental, distrital o municipal, de cualquier comisión permanente del Congreso de la República, de la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas territoriales o a solicitud de la ciudadanía.
En la exposición de motivos, el proyecto numerado como 255/10 S aclara que “Es así como el proyecto de ley prevé la competencia excepcional de que se ha venido hablando, se perpetúa en cabeza de la Contraloría General de la República para que se surta el procedimiento fiscal correspondiente, siempre y cuando la indagación preliminar arroje como resultado la existencia de motivos suficientes que ameriten la continuación del juicio de responsabilidad fiscal”.
Agrega que “El control por el que propende el presente proyecto de ley conlleva todas las facultades que él implica, como son las de aplicar sistemas de control como el financiero, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno (artículo 9º de la Ley 42 de 1993), así como las de levantar el fenecimiento e iniciar el juicio fiscal (artículo 17 ibídem), cuando sea del caso establecer la responsabilidad fiscal a que haya lugar y ejercer la jurisdicción coactiva correspondiente”.
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miércoles, mayo 26, 2010
Reglamentada Ley 418 en el tema de protección de personas en riesgo
Mediante Decreto 1740 se reglamentó el artículo 81 de la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 182 de 2002, 1106 de 2006 y se dictan otras disposiciones.
Este busca establecer los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
El decreto define la población objeto del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Así como, Población objeto del Programa de Protección de la Policía Nacional.
El decreto deja en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER, la coordinación del Programa de Protección de Derechos Humanos.
Además deja un período de transición para la implementación del Decreto en lo concerniente al traslado de esquemas del Ministerio del Interior y Justicia a la Policía Nacional, se hará gradualmente de acuerdo con un cronograma
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Este busca establecer los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
El decreto define la población objeto del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia. Así como, Población objeto del Programa de Protección de la Policía Nacional.
El decreto deja en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos - CRER, la coordinación del Programa de Protección de Derechos Humanos.
Además deja un período de transición para la implementación del Decreto en lo concerniente al traslado de esquemas del Ministerio del Interior y Justicia a la Policía Nacional, se hará gradualmente de acuerdo con un cronograma
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martes, mayo 25, 2010
Sancionada Ley sobre administración de tributos territoriales
Con el número 1386 quedó signada la nueva norma por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones.
La norma establece que no se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.
Así mismo se aclara que la recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.
Por lo anterior, las entidades territoriales que hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos.
Adicionalmente, se determina que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán, de oficio, revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.
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La norma establece que no se podrá celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados.
Así mismo se aclara que la recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la utilización de medios de pago no bancarizados.
Por lo anterior, las entidades territoriales que hayan suscrito algún contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos.
Adicionalmente, se determina que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán, de oficio, revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades territoriales.
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lunes, mayo 24, 2010
Corte se pronunció sobre norma de reforma financiera
La Corte Constitucional resolvió declarar inexequible desde la fecha de su promulgación, los incisos tercero, cuarto, quinto y sexto y el parágrafo del artículo 77 de la Ley 1328 de 2009, "Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones".
De acuerdo con la Corte, "no obstante que la disposición acusada estuvo vigente hasta el 15 de enero de 2010, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, era viable emitir un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad, toda vez que la demanda fue presentada y admitida durante el lapso en que estuvo vigente y se encuentra ante una situación de manifiesta inconstitucionalidad".
La Corte constató que los incisos impugnados no hicieron parte del proyecto de ley propuesto por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes, ni de la versión aprobada en primer debate en comisiones terceras conjuntas de ambas cámaras.
"La inexistencia de unidad de materia no permite asumir que el tema regulado por los incisos y parágrafo demandados haya sido conocido y debatido por las comisiones constitucionales permanentes (art. 157 de la C.P.), por lo que al mismo tiempo se quebrantan los principios de consecutividad e identidad flexible", estima la Corte.
La norma determinaba que: Los contribuyentes y responsables de los impuestos territoriales que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre obligaciones tributarias anteriores a 31 de diciembre de 2008, con respecto a las cuales no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, con las entidades territoriales.
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De acuerdo con la Corte, "no obstante que la disposición acusada estuvo vigente hasta el 15 de enero de 2010, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, era viable emitir un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad, toda vez que la demanda fue presentada y admitida durante el lapso en que estuvo vigente y se encuentra ante una situación de manifiesta inconstitucionalidad".
La Corte constató que los incisos impugnados no hicieron parte del proyecto de ley propuesto por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes, ni de la versión aprobada en primer debate en comisiones terceras conjuntas de ambas cámaras.
"La inexistencia de unidad de materia no permite asumir que el tema regulado por los incisos y parágrafo demandados haya sido conocido y debatido por las comisiones constitucionales permanentes (art. 157 de la C.P.), por lo que al mismo tiempo se quebrantan los principios de consecutividad e identidad flexible", estima la Corte.
La norma determinaba que: Los contribuyentes y responsables de los impuestos territoriales que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo sobre obligaciones tributarias anteriores a 31 de diciembre de 2008, con respecto a las cuales no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, con las entidades territoriales.
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viernes, mayo 21, 2010
Próximo lunes se desarrolla audiencia a proyecto aeronático y foro sobre Bahía Málaga
La comisión Sexta del Senado desarrolla este lunes 24 de Mayo dos actividades.
La primera se trata de un conversatorio sobre el Proyecto de Ley No. 06/09 Senado “por la cual de expide el Código Aeronáutico Colombiano- el estatuto del comandante de aeronave y se dictan otras disposiciones“-código aeronáutico”. Tendrá lugar en el salón de sesiones, a partir de las 9:00 a. m.
Al evento se encuentran invitados el Ministro de Transporte, Director de Aerocivil, y todos los Presidentes de los gremios y asociaciones del sector.
Así mismo, en la Universidad Santiago de Cali, en el Auditorio Pedro Elías Serrano, tendrá lugar el Foro Bahía Málaga Parque Natural o Puerto de aguas profundas. La comisión Sexta de Senado aprobó tener presencia allí, a través de su vicepresidente el senador, Alexánder López Maya.
Al foro están invitados el Ministro de Medio Ambiente, Dr. Carlos Costa Posada; La Directora de la CVC Dra.María Jazmin Osorio; El Procurador General de la Nación, Alejando Ordoñez. Por parte de las organizaciones ambientales, las fundaciones Biodiversidad y Yubarta y por parte de las comunidades negras, EL PCN y los consejos comunitarios de la Barra, Juanchaco, Ladrilleros. Tendrá lugar desde las 9 a.m.
La primera se trata de un conversatorio sobre el Proyecto de Ley No. 06/09 Senado “por la cual de expide el Código Aeronáutico Colombiano- el estatuto del comandante de aeronave y se dictan otras disposiciones“-código aeronáutico”. Tendrá lugar en el salón de sesiones, a partir de las 9:00 a. m.
Al evento se encuentran invitados el Ministro de Transporte, Director de Aerocivil, y todos los Presidentes de los gremios y asociaciones del sector.
Así mismo, en la Universidad Santiago de Cali, en el Auditorio Pedro Elías Serrano, tendrá lugar el Foro Bahía Málaga Parque Natural o Puerto de aguas profundas. La comisión Sexta de Senado aprobó tener presencia allí, a través de su vicepresidente el senador, Alexánder López Maya.
Al foro están invitados el Ministro de Medio Ambiente, Dr. Carlos Costa Posada; La Directora de la CVC Dra.María Jazmin Osorio; El Procurador General de la Nación, Alejando Ordoñez. Por parte de las organizaciones ambientales, las fundaciones Biodiversidad y Yubarta y por parte de las comunidades negras, EL PCN y los consejos comunitarios de la Barra, Juanchaco, Ladrilleros. Tendrá lugar desde las 9 a.m.
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jueves, mayo 20, 2010
Sancionada Ley 1385
La Ley tiene por objeto promover la prevención del consumo de alcohol de las mujeres en estado de embarazo con acciones como la prevención y educación.
La norma se basa en garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los Derechos del Nasciturus (ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento) que equivale a proteger los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por lo anterior, el Ministerio de la Protección Social, creará programas dirigidos específicamente a los padres de familia y su grupo familiar, a los cuidadores, tutores, guardadores de niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Alcoholismo Fetal, enfatizando en las secuelas irreversibles que esta enfermedad genera.
Además dentro de un plazo máximo de seis meses ese ministerio deberá elaborar un censo en el que reportará el número de niños, niñas y adolescentes que actualmente padecen la enfermedad y de aquellos que nacen con el Síndrome de Alcoholismo Fetal en el país. Este reporte se continuará efectuando semestralmente y será publicado en la página web del Ministerio.
Finalmente, se impone la presentación de un informe anual de rendición de cuentas sobre los resultados de las estrategias de prevención del Síndrome de Alcoholismo Fetal a los siguientes entes: Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, y las Secretarías Distritales, Departamentales y Municipales de Salud.
Fue autora de la iniciativa la Representante del Movimiento Político Mira, Gloria Stella Díaz, así como los senadores Manuel Virgüez y Alexandra Moreno.
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La norma se basa en garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los Derechos del Nasciturus (ser humano desde que es concebido hasta su nacimiento) que equivale a proteger los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por lo anterior, el Ministerio de la Protección Social, creará programas dirigidos específicamente a los padres de familia y su grupo familiar, a los cuidadores, tutores, guardadores de niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Alcoholismo Fetal, enfatizando en las secuelas irreversibles que esta enfermedad genera.
Además dentro de un plazo máximo de seis meses ese ministerio deberá elaborar un censo en el que reportará el número de niños, niñas y adolescentes que actualmente padecen la enfermedad y de aquellos que nacen con el Síndrome de Alcoholismo Fetal en el país. Este reporte se continuará efectuando semestralmente y será publicado en la página web del Ministerio.
Finalmente, se impone la presentación de un informe anual de rendición de cuentas sobre los resultados de las estrategias de prevención del Síndrome de Alcoholismo Fetal a los siguientes entes: Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación, y las Secretarías Distritales, Departamentales y Municipales de Salud.
Fue autora de la iniciativa la Representante del Movimiento Político Mira, Gloria Stella Díaz, así como los senadores Manuel Virgüez y Alexandra Moreno.
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martes, mayo 18, 2010
Corte Constitucional estudia esta semana Ley de TICs y referendo cadena perpetua
El Alto Tribunal en su sala Plena de esta semana tiene previsto resolver acerca de una demanda a la Ley 1341. Frente a los temas que tratará la Corte Constitucional figuran: Acceso al uso del espectro radioeléctrico. Funciones Comisión de Regulación. Requisitos comisionados y director general de la Agencia Nacional de Espectro. Contribución al Fondo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC. Concesiones, licencias y permisos.
Así mismo la Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad de la Ley 1348 que acogió la “Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas”, adoptada en Washington el 2 de diciembre de 1946 y del “Protocolo a la Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas”, hecho en Washington el 19 de noviembre de 1956.
Otra revisión que se encuentra en el Orden del día de la Sala Plena, para este miércoles, es la relacionada con la Ley 1342, aprobatoria del “Acuerdo entre el Gobierno de la república del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007.
Otro tema que quedará esclarecido será las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 253/09 Senado – 347/09 Cámara honores a la memoria de Luis Carlos Galan Sarmiento. En el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Así mismo, se resolverá una demanda al Decreto 2591 de 1991 (art. 42, numeral 3) frente a la acción de tutela contra particulares. Se determinará si procede contra quien preste servicios públicos domiciliarios.
Finalmente, otro fallo de interés que se espera esta semana será el relacionado con la revisión a la Ley 1327, conocida como referendo prisión perpetua. Este establecerá si existe la posibilidad de que el legislador imponga esta pena en el caso de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometidos contra menores de 14 años. Reforma art. 34 de la C.P.
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Así mismo la Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad de la Ley 1348 que acogió la “Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas”, adoptada en Washington el 2 de diciembre de 1946 y del “Protocolo a la Convención Internacional para la regulación de la caza de ballenas”, hecho en Washington el 19 de noviembre de 1956.
Otra revisión que se encuentra en el Orden del día de la Sala Plena, para este miércoles, es la relacionada con la Ley 1342, aprobatoria del “Acuerdo entre el Gobierno de la república del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre promoción y protección recíproca de inversiones”, hecho y firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007.
Otro tema que quedará esclarecido será las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley No. 253/09 Senado – 347/09 Cámara honores a la memoria de Luis Carlos Galan Sarmiento. En el vigésimo aniversario de su fallecimiento.
Así mismo, se resolverá una demanda al Decreto 2591 de 1991 (art. 42, numeral 3) frente a la acción de tutela contra particulares. Se determinará si procede contra quien preste servicios públicos domiciliarios.
Finalmente, otro fallo de interés que se espera esta semana será el relacionado con la revisión a la Ley 1327, conocida como referendo prisión perpetua. Este establecerá si existe la posibilidad de que el legislador imponga esta pena en el caso de homicidio doloso, violación y explotación sexual, lesiones personales agravadas y secuestro cometidos contra menores de 14 años. Reforma art. 34 de la C.P.
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viernes, mayo 14, 2010
Balance y lecciones aprendidas de las medidas adoptadas para enfrentar el Fenómeno del Niño
Por:
Hernán Martínez torres
Ministro de Minas y Energía
El comportamiento del sector eléctrico colombiano frente al Fenómeno El Niño que se encuentra en su fase final, fue muy positivo. El país demostró que cuenta con recursos suficientes para afrontar una hidrología tan seca como la presentada en el Niño 97 – 98, siempre y cuando se haga un uso eficiente de dichos recursos.
Cuando se presenta el fenómeno El Niño en el Océano Pacífico, Colombia normalmente sufre situaciones de sequía extrema que afectan la disponibilidad de su parque hidroeléctrico.
Las medidas adoptadas por la CREG y el Ministerio de Minas y Energía, y la respuesta de los agentes, demostraron la madurez de una industria que sobresale a nivel latinoamericano, entre otras cosas, por establecer las acciones necesarias para evitar un racionamiento energético durante la etapa más crítica de El Niño, diferente a lo ocurrido en los países vecinos de Ecuador y Venezuela.
El Niño no golpea con la misma fuerza a todos los países, pese a que los déficits de agua que produce son similares. Mientras que en estos países los apagones de hasta ocho horas diarias empezaron a convertirse en cotidianos durante los meses de enero y febrero, en Colombia el país logró mantener sus luces encendidas, incluso con capacidad de sobra que pudo vender a sus países vecinos.
En marzo de 2010, la exportación de electricidad de Colombia hacia Ecuador fue de 5.3 GWh, con una diferencia de -97.0% con respecto al mismo mes del año anterior. Cabe anotar, que no hubo exportaciones a Venezuela.
Sobre las medidas y acciones adoptadas frente a esta situación, es necesario capitalizar las lecciones aprendidas y plantear algunas reflexiones por parte de toda la industria y las entidades gubernamentales, con miras a fortalecer el sector y prepararlo para afrontar con mayor éxito fenómenos naturales de este tipo en la posteridad.
El Fenómeno El Niño 2009-2010, declarado de manera oficial por las agencias internacionales y el IDEAM en junio del año pasado, tuvo un efecto sobre la hidrología de los ríos que sirven de insumo en la generación de energía, similar al presentado entre los años 1997-1998. En ambas situaciones, se observa una reactivación de las lluvias entre los meses de abril y mayo, alcanzando unos niveles hidrológicos cercanos a la media (Ver gráfica). El periodo de transición entre el verano y el invierno tiende a normalizarse, siendo muy similar a la media histórica.
Las principales lecciones que sobresalen, luego de afrontar positivamente los embates del Fenómeno El Niño durante casi 11 meses, están definidas en dos premisas: de un lado, la importancia de usar racionalmente los recursos hídricos y térmicos al momento de enfrentar una situación de escasez hidrológica, coincidente con un déficit en el transporte de gas, y de otro, la acentuación de las diferencias en la percepción del riesgo de cada uno de los que intervienen en la cadena de la energía ante situaciones de esta magnitud, acompañado de alertas y mensajes de divulgación, invitando a la ciudadanía a hacer un uso eficiente de la energía.
La segunda premisa, nos invitar a revisar reglas e instrumentos permanentes que permitan un mejor equilibrio entre vendedores y compradores de energía en el MEM, asegurando la confiabilidad en el suministro y el uso eficiente de los recursos de una forma más natural y sin necesidad de ajustes a las reglas durante el periodo de escasez para lograr dichos objetivos.
Algunos de los aspectos que deben ser abordados por esta revisión van desde el tratamiento de las desviaciones de generación del despacho ideal comparadas con las de la generación del despacho real, ocasionadas por razones diferentes a las restricciones de la red, pasando por generaciones de seguridad de acuerdo a razones de confiabilidad en el mediano y largo plazo, efectividad del cargo por confiabilidad en la entrega oportuna de la energía firme y el uso eficiente de los recursos.
También, deben modificar el manejo del riesgo de crédito en temas como factores de apalancamiento financiero de los diferentes agentes en función de su capacidad patrimonial, cálculo de garantías y cobertura de las mismas ante ocurrencias de escenarios de precios altos de bolsa; efectividad de la limitación de suministro, viabilidad de compensar y liquidar las transacciones de corto y largo plazo del MEM en una cámara de riesgos central de contraparte; revisión de la regulación en temas como la coordinación gas – electricidad; manejo de la información de corto, mediano y largo plazo, tanto operativa como comercial y, por último, conveniencia de impulsar la madurez del mercado y la infraestructura de la industria de gas.
Es importante tener objetividad para la solución de cada uno de estos puntos, ya que éstos representan un reto para la industria eléctrica al momento de tomar decisiones que conduzcan a un mejor desarrollo del mercado, de tal manera que beneficie a toda la sociedad colombiana, tanto en la seguridad del suministro como en su competitividad.
Como resultado de la normalización que se está dando en el clima, es conveniente suspender las medidas transitorias que se tomaron durante el Fenómeno El Niño, exceptuando el libre acceso a la información que ayuda a la seguridad del sistema, reduciendo el riesgo de apagones.
Lecciones aprendidas frente al manejo de esta situación se resume:
• Anticipación.
• Maximiza disponibilidad y generación térmica.
• Aseguramiento del abastecimiento de combustibles para el parque térmico.
• Necesidad de Coordinación Gas – Electricidad.
• Necesidad de revisar la política de gas por debilidades detectadas e regulación.
• Monitoreo permanente.
• Medidas de regulación transitorias.
• Racionalización de exportaciones de energía.
• Campañas de uso racional de la energía.
• Coordinación institucional.
• Comité de Seguimiento a la situación energética CACSSE
• MME, CND, CREG, UPME, ECOPETROL, CNO IDEAM
De igual manera, afrontar el Fenómeno El Niño de manera exitosa, no es razón para que la ciudadanía se confíen, dejando de lado la cultura del uso racional de los recursos. Antes bien, es una invitación a implementar de manera constante hábitos de ahorro y consumo racional para evitar consecuencias mayores, producto de fenómenos naturales que ponen en riesgo la estabilidad del sistema.
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Radicado proyecto para fortalecer control fiscal
La iniciativa busca fortalecer el ejercicio del control fiscal de la Auditoría General de la República y de las contralorías territoriales. Es el PL 251 de 2010 Senado.
El senador Javier Cáceres, autor de la iniciativa, explica que “el proyecto de Ley es el resultado de un profundo análisis efectuado sobre los resultados del control a nivel nacional, los cuales demuestran que se han obtenido avances en materia administrativa y de sistemas de información, pero no se han logrado resultados en las labores misionales de vigilancia y control fiscal”.
El senador Javier Cáceres, autor de la iniciativa, explica que “el proyecto de Ley es el resultado de un profundo análisis efectuado sobre los resultados del control a nivel nacional, los cuales demuestran que se han obtenido avances en materia administrativa y de sistemas de información, pero no se han logrado resultados en las labores misionales de vigilancia y control fiscal”.
El proyecto de ley plantea la obligatoriedad de fijar la carrera administrativa en contralorías territoriales y Auditoría.
Además determina el procedimiento para la conformación de la ternas y elección de los contralores territoriales. Así como la posibilidad de aplicar proceso verbal mediante la expedición de un auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.
Se prevé la opción de que las pruebas y diligencias sean recogidas y conservadas en medios técnicos. Adicionalmente las decisiones podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico del investigado o de su defensor.
El proyecto especifica que son sujetos especiales de Control Fiscal, las sociedades de economía mixta del orden nacional, las entidades que manejan aportes o participaciones del orden nacional o sus entidades descentralizadas del orden nacional, las empresas de servicios públicos domiciliarios, el Fondo Nacional del Café, las Cámaras de Comercio, las Cajas de Compensación Familiar, las entidades que exploren y exploten recursos naturales no renovables, las entidades del orden nacional que administren recursos parafiscales y las entidades del orden nacional que administren recursos obtenidos en el ejercicio de los monopolios de suerte, azar y de licores.
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jueves, mayo 13, 2010
Se repite la historia
Columna de Opinión
Por Amylkar D. Acosta M
exministro y exsenador liberal
Sólo el prurito de tener más y más tratados comerciales, negociados a tontas y a locas, puede explicar más no justificar los desatinos del gobierno en ese aspecto tan delicado de nuestro relacionamiento con nuestros socios comerciales. En la frenética carrera por coleccionar el mayor número de TLC posible, el gobierno nacional los viene negociando a la topa tolondra, improvisadamente, es decir, a los carajazos. Nadie niega la importancia de negociar acuerdos y tratados comerciales con los demás países, pues estamos inmersos en una economía global de la cual no podemos sustraernos; pero se trata de que ellos, como lo establece la propia Constitución se negocien “sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” . Y este principio es precisamente el que se transgredió con la firma del TLC con los EEUU y ahora se reincide en el mismo desaguisado con el cierre de la ronda de negociaciones de otro TLC, esta vez con la Unión Europea (UE).
ILUSIONES EFÍMERAS
Es bien sabido que la ratificación por parte del Congreso estadounidense del TLC suscrito con Colombia sigue embolatada y nada indica que se produzca a corto plazo, por más obsecuente que se muestre el gobierno de Colombia frente a la administración Obama. Ni siquiera el zafarrancho que se armó con los vecinos por cuenta de ponerle a su disposición nuestras bases militares lo conmovió; la respuesta a semejante gesto fue el recorte de la ayuda al Plan Colombia. El mensaje del Presidente Obama en su discurso anual ante el Congreso sobre el Estado de la Nación le devolvió el alma al cuerpo al gobierno de Colombia, reviviéndole la esperanza de que pronto se obtendría la anhelada ratificación del TLC. Dijo Obama que “este año continuaremos fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales con Asia y aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia”, que son los tres tratados ya firmados que están sujetos a su ratificación.
A renglón seguido sostuvo que tenía que “buscar mercados tan enérgicamente como nuestros competidores lo están haciendo. Si EEUU permanece al margen mientras otros países firman tratados comerciales, perderemos la oportunidad de generar empleo y prosperidad en nuestro territorio”. De hecho, en la audiencia del Comité de Finanzas el Senador republicano Chuck Grassley le increpó al Representante comercial de los EEUU (Ustr), refiriéndose a sus rivales comerciales, que “ellos siguen firmando tratados y nosotros nos estamos quedando al margen” . Expresiones como estas fueron interpretadas por el gobierno de Colombia como una honda preocupación de parte de los EEUU por los avances en su negociación de un TLC con la Unión Europea (UE), uno de sus más encarnizados competidores, quien estaba poniendo de esta manera la pica en Flandes. Esta percepción llevó a los costosos e inútiles asesores con que cuenta el gobierno a recomendarle apretar el paso de la negociación con la UE como un mecanismo de presión hacia el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos para la ratificación del TLC con Colombia que ya el Presidente Uribe veía “en la recta final” de su tramitación y aprobación. Sólo así se explica la precipitud con la que se dio por terminada la novena y última ronda de la negociación de este TLC que concluyó en Bruselas y de este modo abrupto se cerró oficialmente el lunes 1º de marzo su negociación, con las consecuencias que ahora tenemos que lamentar.
Pero, la ilusión duró muy poco, digamos que fue efímera, pues, cuando se esperaba que el Representante Comercial de los EEUU Ron Kirk, al explicar el alcance de la agenda comercial del Presidente Obama para este año, hiciera el gran anuncio del envío al Congreso del texto del TLC con Colombia para su trámite y aprobación, se quedaron con un palmo de narices. Él sólo se limitó a reiterar los mismos requerimientos que hiciera Obama en el transcurso de su campaña por la Presidencia, en el sentido que “la violencia contra el sindicalismo sigue siendo un obstáculo que debe ser resuelto antes de enviarlo al Congreso para su aprobación” Como lo destacó el diario El Tiempo el “gobierno de Obama prepara lista de lo que el país debe cumplir. Hasta cambios en leyes para poder aspirar a TLC con EEUU” y de aquello nada. Bien lo dijo la decepcionada embajadora de Colombia en Washington Carolina Barco “no hubo nada concreto” respecto a la ratificación del tratado de marras.
TARDE PIACHE
Pero, ya era tarde para reaccionar, el propio Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, al ser consultado por el equipo negociador colombiano en la madrugada del lunes le había dado desde Montevideo el sí al cierre de las negociaciones (¡manes de la microgerencia!), no obstante que un asunto tan contencioso como es el del sector lácteo entrañaba grandes riesgos dadas las pretensiones de la UE. En efecto, en su reunión del 8 de febrero el Consejo Superior de Comercio Exterior, a pedido de la SAC y Fedegan, les impartió instrucciones precisas a los negociadores antes de partir para la capital de Bélgica en el sentido que la franja de precios para la leche no era negociable, que no se desmontaría. La historia se repite, esta vez igual que ocurrió con la negociación del TLC con los EEUU el aspecto más sensible de la economía rural cual es el del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) se dejó para lo último y esta vez igual que aquella se terminó cediendo a las presiones de la contraparte, en grave detrimento de la misma. Así como los Estados Unidos se negó a llevar a la mesa la discusión en torno a los subsidios y ayudas internas a su producción agrícola, con la misma intransigencia la UE se negó a hacerlo con los subsidios a la producción y exportación de la leche, pero en cambio demandaron y lo consiguieron el desmonte de las medidas de protección de nuestra producción nacional, quedando esta desguarnecida y expuesta totalmente a la competencia desleal del producto importado. Es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno! A todas esas, cabe preguntarse en dónde estaba el Ministro de Agricultura Andrés Fernández, el mismo que ahora calla como ostra ante semejante despropósito, él que tanto se precia de dar la cara cuando de afrontar situaciones tan delicadas como esta se trata.
UN MAL CIERRE
La reacción ante este exabrupto no se hizo esperar, el Presidente de la SAC Rafael Mejía primero y el Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie después, coincidieron en que el desmonte de la franja de precios convenida en la última ronda de la negociación, además de inconsulta, se constituía en el principio del fin de los hatos lecheros del país, de los cuales dependen más de 450.000 familias campesinas de bajos ingresos. Como lo asegura Lafaurie, este “fue un mal cierre” y los resultados de esta última ronda son “abiertamente desfavorables para la ganadería” y añade que “la leche subsidiada que llegaría de la UE arrasaría con miles de pequeños productores” , no porque sean más eficientes o competitivos sino por la práctica del dumping de precios. Al sacrificar el SAFP, “el gobierno entregó al sector lácteo” , ya que este es el “único instrumento de protección en frontera para estabilizar los precios internacionales distorsionados por los altos subsidios europeos a la producción y exportación de la leche” . Y no es para menos, la leche en la UE es uno de los sector más sobreprotegidos y subsidiados, dado el enorme poder del poderoso Consejo Europeo de Leche que representa a los productores, el mismo que lideró la protesta callejera por la caída de los precios internos a finales del año anterior, en desarrollo de la cual se derramaron a campo traviesa más de tres millones de litros de leche para forzar al gobierno a que les compensara sus menores ingresos como en efecto se dio, pues la Comisión Europea ordenó incrementar los subsidios en la módica suma de 5.000 millones de Euros. Basta con señalar que por cada cabeza de ganado el gobierno de Holanda le paga a su propietario US $2 diarios por concepto de subsidio, por encima de lo que recibe como ingreso más del 50% de los colombianos, que están por debajo de la línea de pobreza trazada por el PNUD que tiene ese mismo rasero. Es decir, que corren con mejor suerte las vacas en Holanda que los pobres en Colombia.
Por Amylkar D. Acosta M
exministro y exsenador liberal
Sólo el prurito de tener más y más tratados comerciales, negociados a tontas y a locas, puede explicar más no justificar los desatinos del gobierno en ese aspecto tan delicado de nuestro relacionamiento con nuestros socios comerciales. En la frenética carrera por coleccionar el mayor número de TLC posible, el gobierno nacional los viene negociando a la topa tolondra, improvisadamente, es decir, a los carajazos. Nadie niega la importancia de negociar acuerdos y tratados comerciales con los demás países, pues estamos inmersos en una economía global de la cual no podemos sustraernos; pero se trata de que ellos, como lo establece la propia Constitución se negocien “sobre las bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional” . Y este principio es precisamente el que se transgredió con la firma del TLC con los EEUU y ahora se reincide en el mismo desaguisado con el cierre de la ronda de negociaciones de otro TLC, esta vez con la Unión Europea (UE).
ILUSIONES EFÍMERAS
Es bien sabido que la ratificación por parte del Congreso estadounidense del TLC suscrito con Colombia sigue embolatada y nada indica que se produzca a corto plazo, por más obsecuente que se muestre el gobierno de Colombia frente a la administración Obama. Ni siquiera el zafarrancho que se armó con los vecinos por cuenta de ponerle a su disposición nuestras bases militares lo conmovió; la respuesta a semejante gesto fue el recorte de la ayuda al Plan Colombia. El mensaje del Presidente Obama en su discurso anual ante el Congreso sobre el Estado de la Nación le devolvió el alma al cuerpo al gobierno de Colombia, reviviéndole la esperanza de que pronto se obtendría la anhelada ratificación del TLC. Dijo Obama que “este año continuaremos fortaleciendo nuestros acuerdos comerciales con Asia y aliados clave como Corea del Sur, Panamá y Colombia”, que son los tres tratados ya firmados que están sujetos a su ratificación.
A renglón seguido sostuvo que tenía que “buscar mercados tan enérgicamente como nuestros competidores lo están haciendo. Si EEUU permanece al margen mientras otros países firman tratados comerciales, perderemos la oportunidad de generar empleo y prosperidad en nuestro territorio”. De hecho, en la audiencia del Comité de Finanzas el Senador republicano Chuck Grassley le increpó al Representante comercial de los EEUU (Ustr), refiriéndose a sus rivales comerciales, que “ellos siguen firmando tratados y nosotros nos estamos quedando al margen” . Expresiones como estas fueron interpretadas por el gobierno de Colombia como una honda preocupación de parte de los EEUU por los avances en su negociación de un TLC con la Unión Europea (UE), uno de sus más encarnizados competidores, quien estaba poniendo de esta manera la pica en Flandes. Esta percepción llevó a los costosos e inútiles asesores con que cuenta el gobierno a recomendarle apretar el paso de la negociación con la UE como un mecanismo de presión hacia el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos para la ratificación del TLC con Colombia que ya el Presidente Uribe veía “en la recta final” de su tramitación y aprobación. Sólo así se explica la precipitud con la que se dio por terminada la novena y última ronda de la negociación de este TLC que concluyó en Bruselas y de este modo abrupto se cerró oficialmente el lunes 1º de marzo su negociación, con las consecuencias que ahora tenemos que lamentar.
Pero, la ilusión duró muy poco, digamos que fue efímera, pues, cuando se esperaba que el Representante Comercial de los EEUU Ron Kirk, al explicar el alcance de la agenda comercial del Presidente Obama para este año, hiciera el gran anuncio del envío al Congreso del texto del TLC con Colombia para su trámite y aprobación, se quedaron con un palmo de narices. Él sólo se limitó a reiterar los mismos requerimientos que hiciera Obama en el transcurso de su campaña por la Presidencia, en el sentido que “la violencia contra el sindicalismo sigue siendo un obstáculo que debe ser resuelto antes de enviarlo al Congreso para su aprobación” Como lo destacó el diario El Tiempo el “gobierno de Obama prepara lista de lo que el país debe cumplir. Hasta cambios en leyes para poder aspirar a TLC con EEUU” y de aquello nada. Bien lo dijo la decepcionada embajadora de Colombia en Washington Carolina Barco “no hubo nada concreto” respecto a la ratificación del tratado de marras.
TARDE PIACHE
Pero, ya era tarde para reaccionar, el propio Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, al ser consultado por el equipo negociador colombiano en la madrugada del lunes le había dado desde Montevideo el sí al cierre de las negociaciones (¡manes de la microgerencia!), no obstante que un asunto tan contencioso como es el del sector lácteo entrañaba grandes riesgos dadas las pretensiones de la UE. En efecto, en su reunión del 8 de febrero el Consejo Superior de Comercio Exterior, a pedido de la SAC y Fedegan, les impartió instrucciones precisas a los negociadores antes de partir para la capital de Bélgica en el sentido que la franja de precios para la leche no era negociable, que no se desmontaría. La historia se repite, esta vez igual que ocurrió con la negociación del TLC con los EEUU el aspecto más sensible de la economía rural cual es el del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) se dejó para lo último y esta vez igual que aquella se terminó cediendo a las presiones de la contraparte, en grave detrimento de la misma. Así como los Estados Unidos se negó a llevar a la mesa la discusión en torno a los subsidios y ayudas internas a su producción agrícola, con la misma intransigencia la UE se negó a hacerlo con los subsidios a la producción y exportación de la leche, pero en cambio demandaron y lo consiguieron el desmonte de las medidas de protección de nuestra producción nacional, quedando esta desguarnecida y expuesta totalmente a la competencia desleal del producto importado. Es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para uno! A todas esas, cabe preguntarse en dónde estaba el Ministro de Agricultura Andrés Fernández, el mismo que ahora calla como ostra ante semejante despropósito, él que tanto se precia de dar la cara cuando de afrontar situaciones tan delicadas como esta se trata.
UN MAL CIERRE
La reacción ante este exabrupto no se hizo esperar, el Presidente de la SAC Rafael Mejía primero y el Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie después, coincidieron en que el desmonte de la franja de precios convenida en la última ronda de la negociación, además de inconsulta, se constituía en el principio del fin de los hatos lecheros del país, de los cuales dependen más de 450.000 familias campesinas de bajos ingresos. Como lo asegura Lafaurie, este “fue un mal cierre” y los resultados de esta última ronda son “abiertamente desfavorables para la ganadería” y añade que “la leche subsidiada que llegaría de la UE arrasaría con miles de pequeños productores” , no porque sean más eficientes o competitivos sino por la práctica del dumping de precios. Al sacrificar el SAFP, “el gobierno entregó al sector lácteo” , ya que este es el “único instrumento de protección en frontera para estabilizar los precios internacionales distorsionados por los altos subsidios europeos a la producción y exportación de la leche” . Y no es para menos, la leche en la UE es uno de los sector más sobreprotegidos y subsidiados, dado el enorme poder del poderoso Consejo Europeo de Leche que representa a los productores, el mismo que lideró la protesta callejera por la caída de los precios internos a finales del año anterior, en desarrollo de la cual se derramaron a campo traviesa más de tres millones de litros de leche para forzar al gobierno a que les compensara sus menores ingresos como en efecto se dio, pues la Comisión Europea ordenó incrementar los subsidios en la módica suma de 5.000 millones de Euros. Basta con señalar que por cada cabeza de ganado el gobierno de Holanda le paga a su propietario US $2 diarios por concepto de subsidio, por encima de lo que recibe como ingreso más del 50% de los colombianos, que están por debajo de la línea de pobreza trazada por el PNUD que tiene ese mismo rasero. Es decir, que corren con mejor suerte las vacas en Holanda que los pobres en Colombia.
Si con motivo del cierre de las negociaciones del TLC con los EEUU el Presidente de la SAC Rafael Mejía dijo que “el sector del campo fue el gran damnificado” , ahora tendrá que decir lo mismo y si el Presidente de Fedegan José Felix Lafaurie le cantó la tabla al gobierno y no se arredró al decirle que “el TLC no es moral ni políticamente defensable” , qué dirá ahora de este otro adefesio? Eso es lo que queda de ese ritmo maratónico que le imprime el Presidente Uribe a todas sus decisiones, sin parar mientes en el perjuicio que le pueden causar al país pasos tan apresurados como este, que ahora lo tienen corriendo base después de semejante metida de pata. Ahora anda blackberry en mano llamando a los jefes de Estado de la UE, particularmente al Presidente de la Comisión Europea (CE) José Manuel Durao Barrozo, pidiéndoles cacao, diciéndoles que el sí que le dio al texto acordado en la última ronda fue condicionado a que el mismo fuera avalado posteriormente por los gremios del sector agropecuario y que por lo tanto reconsideren lo ya convenido por las partes. Qué tal, eso no es serio, acaso no hubiera sido mejor aplazar el cierre de las negociaciones hasta obtener las garantías de que dicho tratado no iba a llevar a la quiebra a los ganaderos? En dónde queda, entonces, el precepto constitucional que establece de manera diáfana que “la producción (que no la importación) de alimentos (y la leche lo es) gozará de la especial protección del Estado” ?
COSECHANDO DE LO QUE SEMBRAMOS
Como colofón tenemos que decir sin ambages que estamos cosechando de lo que sembramos, pues el desmonte de los subsidios a las exportaciones agrícolas y pecuarias, así como las ayudas internas por parte de los EEUU y la UE a sus agricultores, fue el epicentro de la confrontación en la Cumbre de la OMC en Cancún (México) en el 2003 entre sus voceros que defendieron obstinadamente su permanencia y los voceros del bloque de los países emergentes (G – 22) encabezados por Brasil, China y la India que reclamaban su eliminación . Colombia hacía parte de este bloque y en medio de la Cumbre desertó del mismo cediendo a las presiones del Presidente Bush y terminó convirtiéndose en esquirol abominado por parte de los demás países amigos. Actitudes como estás, que han sido recurrentes en la administración Uribe, son las que explican el virtual aislamiento internacional en el que deja a Colombia como uno de sus más deplorables legados.
Luego tendríamos que pagar esta felonía en la negociación del TLC con los EEUU primero y ahora en la negociación del TLC con la UE, en el transcurso de las cuales el tema de los subsidios se convirtió en uno y otro caso en uno de sus inamovibles para los negociadores de los EEUU y de la UE. Ahora, con el agua al cuello, el gremio de los ganaderos, tan caro a los afectos del Presidente de la República, le pide tímidamente a la UE un apoyo en ciencia y tecnología dizque para que le permita a la cadena lechera colombiana llegar con sus productos al mercado comunitario cuando rija el TLC , cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la sobrevivencia del sector. Ojalá el desenlace de este culebrón no vaya a ser el mismo del cierre y posterior firma del TLC con los EEUU, a raíz del cual nació el engendro del execrado programa de Agro Ingreso Seguro (AIS) como contentillo para atemperar los caldeados ánimos de los gremios del sector. Ya el Presidente de Fedegan dio las primeras puntadas, al demandar del gobierno “una agenda interna exigente y detallada para reconvertir la ganadería, que incluya acuerdos formales a no menos de 10 años, que bien pueden plasmarse en leyes; incluso si es necesario, expedir un documento Conpes” .
¿CORRER PARA QUÉ?
Bien se ha dicho, que lo que mal empieza mal termina; estamos, una vez más, frente a un acto de gobierno del cual le toca al Presidente de la República patrasearse, retractándose, como ya ocurrió con los decretos expedidos al amparo de la Emergencia Social y todo por el acelere, por pretender hacer las cosas “rapidito”. Y pensar que todo este embrollo que se ha armado es sólo por el afán de cerrar el ciclo de las negociaciones; ahora viene la firma de lo acordado y posteriormente vendrá el trámite de su ratificación. Es importante recordar que la UE es mucho más sensible que los EEUU en materia de derechos humanos, así es que el viacrucis para lograr su posterior ratificación no ha empezado siquiera y será en ese momento cuando empezará a padecer Cristo. De hecho, recientemente visitó al país una Comisión de Eurodiputados con el fin de revisar su cumplimiento y su informe preliminar al respectodejó más preocupaciones que certidumbres sobre la suerte de este otro TLC .
El que se firmó con los EEUU ya lleva cuatro años en el freezer, cuánto tardará el que se negoció con la UE para obtener su beneplácito por parte del Europarlamento? Que lo averigüe Vargas. El Congreso de la República, que le ha seguido la jarana al presuroso Ministro de Comercio Luis Guillermo Plata, quien en nombre del gobierno nacional obtuvo la ratificación por parte de los parlamentarios de la aplanadora uribista, no una sino dos veces, del TLC suscrito con los EEUU, debe tomar nota de lo acontecido y ojalá no vayan a pasarse de culiprontos ratificando a las volandas, a la bulla de los cocos, este otro, que sería tremendamente devastador para el campo colombiano, lo cual sería una fatalidad para Colombia toda.
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Piden a Procuraduría pronunciarse frente a caso del gobernador de Casanare
El senador Carlos Cárdenas Ortiz solicitó a la Procuraduría General de la Nación que fije una posición frente a las distintas vicisitudes que vienen acaeciendo respecto a la orden de suspensión en sus funciones al gobernador de Casanare, Raúl Flórez.
En proposición aprobada por la Plenaria de Senado Cárdenas pidió al Procurador General de la Nación, que informe “ las razones jurídicas, fácticas y probatorias que han tenido los jueces de tutela para levantar la suspensión provisional que ese despacho ha ordenado contra el actual Gobernador de Casanare, Oscar Raúl Iván Flórez, dentro del proceso disciplinario en curso”.
Cárdenas argumentó que han sido evidentes las maniobras jurídicas del mandatario seccional para evadir las acciones preventivas dictadas mientras se resuelve el proceso disciplinario en su contra.
Esto, lo catálogo como una burla a los casanareños y a las autoridades de control. Por ello, en la proposición Cárdenas interroga al Procurador acerca de “Qué actuaciones administrativas en el ámbito disciplinario se encuentra adelantando la Procuraduría General de la Nación, para que la conducta que encontró probada para ordenar estas suspensiones, no resulten ilusorias en la práctica?”.
Aún más, Cárdenas plantea la posibilidad de que el Contralor General de la República, exija, verdad sabida y buena fe guardada, ordenando la suspensión inmediata del funcionario, mientras culminan las investigaciones y los respectivos procesos penales o disciplinarios, en su contra.
Además, Cárdenas llevó a la Plenaria de Senado una versión magnetofónica en donde supuestamente el Gobernador Flórez afirma que “ posee la chequera y el poder” dando a entender poca preocupación frente a las acciones en su contra.
La representante de Casanare, Liliana Barón, también reprodujo ayer en la Plenaria de Cámara la grabación en mención. La legisladora igualmente exigió acciones de la Procuraduría y la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para investigar a los jueces que la han otorgado tutelas favorables a Flórez.
Como se recordará, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al gobernador del departamento de Casanare, Oscar Raúl Florez y Julio Florez Sarmiento, en su calidad de Secretario Privado, por posibles irregularidades en unos contratos suscritos en el año 2008 y 2009, entre otros hechos.
Se investigan las posibles anomalías relacionadas con dos contratos mediante los cuales el departamento entregó a una organización religiosa la prestación del servicio educativo y con dos convenios suscritos en el año 2008 con los que se habrían vulnerado los principios propios de la contratación estatal.
Finalmente, se analizan hechos relacionados con la posible presencia de personas ajenas a la administración en algunas dependencias de la Gobernación adelantando labores administrativas, así como algunos procedimientos adelantados en la gobernación frente a las solicitudes de disponibilidad presupuestal.
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miércoles, mayo 12, 2010
Solicitan intervención de organismos de control en gestión de Superservicios
La comisión Sexta de Senado aprobó ayer una proposición solicitando la vigilancia a las acciones que ejerza la Superintendencia de Servicios Públicos en lo que resta de esta Administración.
La petición se aprobó en el marco de un debate de la comisión Sexta del Senado en el cual se efectuó un análisis de la situación de las empresas Emcali y Cedelca.
De acuerdo con lo aprobado ayer, la célula legislativa insta a los organismos de control para que vigilen de cerca decisiones adoptadas en relación con la intervención y para prevenir que la contratación se dispare. La propuesta fue planteada por el Senador Alexander López.
De otro lado, el pronunciamiento de la comisión Sexta hizo también un llamado al ministerio de Minas para que, previo a la venta de electrificadoras regionales de Boyacá y Huila, se informe de manera completa a la comisión, la situación real de las mismas.
A juicio de senadores, como Carlos Julio González y Edgar Espíndola, es necesaria la discusión, a fin de determinar la situación financiera de las empresas regionales. Así como efectuar un seguimiento y análisis a las tarifas que se vienen cobrando a los usuarios.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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La petición se aprobó en el marco de un debate de la comisión Sexta del Senado en el cual se efectuó un análisis de la situación de las empresas Emcali y Cedelca.
De acuerdo con lo aprobado ayer, la célula legislativa insta a los organismos de control para que vigilen de cerca decisiones adoptadas en relación con la intervención y para prevenir que la contratación se dispare. La propuesta fue planteada por el Senador Alexander López.
De otro lado, el pronunciamiento de la comisión Sexta hizo también un llamado al ministerio de Minas para que, previo a la venta de electrificadoras regionales de Boyacá y Huila, se informe de manera completa a la comisión, la situación real de las mismas.
A juicio de senadores, como Carlos Julio González y Edgar Espíndola, es necesaria la discusión, a fin de determinar la situación financiera de las empresas regionales. Así como efectuar un seguimiento y análisis a las tarifas que se vienen cobrando a los usuarios.
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martes, mayo 11, 2010
En Plenaria Cámara, aún en veremos referendo del agua
La Cámara citó para continuar la discusión de la Ley que, de ser aprobada, convocaría al referendo del agua. Este propende por defender el derecho al acceso al agua potable como esencial para la vida humana. El mayor enemigo de la iniciativa es, sin duda, el impacto fiscal que tendría la aplicación real de la enmienda constitucional.
Los cuestionamientos del Gobierno van desde el llamado al pueblo para poner el texto a su consideración. De acuerdo con cifras de la Registraduría la convocatoria a las urnas ascendiente a $ 114 mil millones.
Según cálculos del Departamento de Planeación y ministerio de Medio Ambiente el desarrollo total de los planes departamentales de agua para alcanzar la cobertura universal propuesta en la iniciativa tendría un costo de $ 8.2 billones.
El mínimo vital gratuito que se aprobaría obligaría, según el ministerio de Hacienda, a asumir un gasto extra, de entre $ 591 mil millones y $ 2.3 billones al año, dependiendo de la cantidad de agua que se fije como mínimo vital.
Debido a la infraestructura insuficiente, para abastecer el mínimo vital gratuito a lugares no conectados debe llevarse el líquido en carrotanques. Las proyecciones arrojan un costo anual entre $ 102 mil millones y $ 408 mil millones adicionales.
Otro punto adverso desde el punto de vista fiscal, sería el menor recaudo que se tendría por el impuesto de renta ya que las empresas de servicios públicos cambiarían de naturaleza jurídica al ser nacionalizadas.
El ministerio de Hacienda calcula además en $ 10. 4 billones el costo de una indemnización a las actuales empresas prestadoras privadas y la construcción de la red de acueducto hasta llegar a la cobertura del cien por ciento.
Cabe aclarar que las actuales empresas estatales pasarían a ser sin ánimo de lucro y ello ocasionaría, según Hacienda, indemnizaciones laborales y otros costos de liquidación. Además de menos ingresos locales, ya que las empresas sin ánimo de lucro tiene un régimen tributario diferente al que le permite actualmente un flujo de constante de recursos a las entidades territoriales. Esto sería un valor menor entre el 15% y el 35%.
El ministerio de Hacienda viene explicando además que los costos generados por este proyecto no se encuentran contemplados en el marco fiscal de mediano plazo. Esto da un golpe certero para frustrar el futuro constitucional y legal del proyecto.
La iniciativa ha sido puesta en votación al menos unas tres veces ante la Plenaria, sin embargo el quórum siempre se disuelve antes de tomarse una decisión final. La Cámara no se resuelve aún si aprobar o archivar tal proyecto.
Un enemigo adicional que le surge al proyecto es el tiempo. Este proyecto debe tramitarse antes del 20 de junio de lo contrario se archivará por vencimiento de términos.
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viernes, mayo 07, 2010
Corte declaró inexequible norma sobre trámite de especies venales
La Corte Constitucional resolvió declarar inexequible el segundo inciso del parágrafo del artículo 18 de la Ley 1005 de 2006 que dice: "De todas maneras no se autorizará trámite de especies venales a los organismos de tránsito que no se encuentren a paz y salvo por concepto de pagos o contribuciones con el Ministerio de Transporte, el SIMIT o con entidades que hayan recibido por delegación o por ley funciones en el tránsito". (Sentencia C-318/10)
La Corte determinó que el legislador intervino en la autonomía fiscal de las entidades territoriales de una manera desproporcionada al impedir el trámite de las especies venales a los organismos de tránsito que no se encuentran a paz y salvo, por los conceptos de pagos y contribuciones enunciados en la norma acusada.
Así mismo, la Corte conceptuó que además hay vulneración de los derechos de los usuarios del servicio público en materia de tránsito y transporte, por cuanto la no autorización del trámite de las especies venales impide que los interesados cuenten con la posibilidad de adelantar las gestiones necesarias en su propio municipio
No obstante, la Corte aclaró que la inconstitucionalidad de la medida no puede entenderse como un aval a la cultura del no pago.
Las especies venales son las codificaciones que asigna el Ministerio de Transporte para las placas, licencias de tránsito, licencias de conducción y certificados de movilización.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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La Corte determinó que el legislador intervino en la autonomía fiscal de las entidades territoriales de una manera desproporcionada al impedir el trámite de las especies venales a los organismos de tránsito que no se encuentran a paz y salvo, por los conceptos de pagos y contribuciones enunciados en la norma acusada.
Así mismo, la Corte conceptuó que además hay vulneración de los derechos de los usuarios del servicio público en materia de tránsito y transporte, por cuanto la no autorización del trámite de las especies venales impide que los interesados cuenten con la posibilidad de adelantar las gestiones necesarias en su propio municipio
No obstante, la Corte aclaró que la inconstitucionalidad de la medida no puede entenderse como un aval a la cultura del no pago.
Las especies venales son las codificaciones que asigna el Ministerio de Transporte para las placas, licencias de tránsito, licencias de conducción y certificados de movilización.
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jueves, mayo 06, 2010
Proyecto de Ley impediría que Bahía Málaga sea puerto
El proyecto de Ley 286 de 2010 Cámara tiene por objeto declarar a Bahía Málaga como Parque Nacional Natural y a la vez promover la protección de este ecosistema de importancia estratégica en el Pacifico Colombiano. Como se recordará dicha zona se está considerando para la construcción de infraestructura portuaria.
Por lo anterior, el Representante a la Cámara, David Luna, autor del proyecto, analizó su ubicación geográfica, su importancia ecológica, étnica y cultural. “Es importante advertir la necesidad de declarar Bahía Málaga como Parque Nacional Natural donde el 90% corresponden a ecosistemas marinos y algunos pocos donde predominan los manglares”, dice Luna.
Agrega que: “En esta zona confluyen tres tipos de diversidad: biológica, étnica y cultural, que dan cuenta de su importancia que se ha convertido en un elemento de ecología política y de reivindicación de los grupos sociales y etnias del Pacífico”.
Por lo anterior, el Representante a la Cámara, David Luna, autor del proyecto, analizó su ubicación geográfica, su importancia ecológica, étnica y cultural. “Es importante advertir la necesidad de declarar Bahía Málaga como Parque Nacional Natural donde el 90% corresponden a ecosistemas marinos y algunos pocos donde predominan los manglares”, dice Luna.
Agrega que: “En esta zona confluyen tres tipos de diversidad: biológica, étnica y cultural, que dan cuenta de su importancia que se ha convertido en un elemento de ecología política y de reivindicación de los grupos sociales y etnias del Pacífico”.
Luna afirma que la declaratoria como Parque Nacional Natural había sido determinada por el Gobierno para darle un estatus especial al lugar en materia ambiental. Sin embargo, explica que “La interrupción se llevó a cabo, aparentemente, por estudios ordenados por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para reevaluar la opción de la construcción del puerto, pero al parecer, detrás de estos análisis, se encuentran las presiones ejercidas por sectores empresariales dirigidas a satisfacer intereses económicos y comerciales de una parte social exclusiva, que nos pueden afectar s todos los colombianos”.
La argumentación dada es que se requiere responder a necesidades de expansión portuaria del país, ya que el puerto de Buenaventura se quedó corto.
Con el proyecto se busca una solución, por la vía legal, para defender este ecosistema. Queda claro que con la declaratoria la zona queda blindada en materia ambiental y no se podrá construir puerto alguno. Además, el articulado propuesto ordena al Ministerio de Ambiente contribuir a la protección, conservación y delimitación del Parque Nacional Natural “Bahía Málaga”.
A su vez, los Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y Turismo deberán promover la identidad cultural, el desarrollo económico artesanal de las comunidades que lo habitan y el turismo. Con ello se busca la protección integral a las étnias presentes.
Ahora queda abierto el debate en el Congreso. Dicho proyecto será estudiado por la comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
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miércoles, mayo 05, 2010
Destituido gobernador del Valle del Cauca
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, por lo que catalogó indebida participación en política con ocasión de una reunión realizada el pasado 20 de febrero del presente, a la que concurrieron el mandatario, el entonces candidato a la consulta conservadora, Andrés Felipe Arias, y algunos alcaldes locales.
Señala el Ministerio Público que Abadía permitió y consintió que en la fecha señalada, aprovechando la reunión que se llevaría a cabo en el Criadero “La Leyenda”, (corregimiento de Rozo Palmira-Valle), con varios alcaldes municipales para tratar varios asuntos de trabajo, hiciera presencia el señor Arias Leyva y participara en dicha reunión haciendo preguntas sobre diferentes aspectos de la administración a los alcaldes que se encontraban presentes.
De acuerdo con la Procuraduría, el mandatario departamental utilizó su investidura para intervenir en la actividad política que se viene adelantando dentro del actual debate electoral, porque aprovechó la reunión que había programado con los alcaldes para que el entonces candidato pudiera asistir y realizar actos proselitistas, favoreciendo así la causa política.
"En ese sentido es claro que su condición de gobernador le impedía al señor Abadía Campo ejercer actividades políticas, salvo su derecho fundamental al voto", dijo la Procuraduría.
El ente de control adviritó que "El entonces candidato a la consulta conservadora aprovechó el espacio que se tenía previsto para que conociera la problemática del municipio a través de las voces de los alcaldes, e hizo alusión a su gestión como ministro de Agricultura, narrando ante los presentes como veía él la problemática de los departamentos y municipios, lo cual acreditaba su conocimiento y capacidades para asumir la Presidencia de la República, señala el fallo de primera instancia".
Agregó la Procuraduría que "De esta forma, el señor Arias Leyva, con el consentimiento del señor Abadía Campo, realizó actos partidistas propios de la actividad política a la que estaba dedicado, sin que para ello hubiera sido necesario que hubiera solicitado directamente el apoyo para su causa o se hubiera comprometido a resolver las necesidades de los municipios en forma cercana".
Durante la lectura del fallo, la Doctora María Eugenia Carreño señaló que “para concretar la actividad política, el disciplinado instrumentalizó también la función pública que representa el señor secretario privado, doctor Telmo Rojas, quien por acción deliberada y voluntaria de su jefe, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, se puso al servicio de una causa política, toda vez que fue él quien por encargo del disciplinado busco y reservó el sitio donde se llevó a cabo la reunión, coordinó con el jefe de seguridad del candidato, por orden y disposición del gobernador, el desplazamiento del personal de escoltas, pagó con recursos propios la suma de 450 mil pesos por concepto de refrigerios y gaseosas (…)”.
Así mismo, en el marco de la investigación se pudo comprobar que el criadero La Leyenda es un sitio de acceso al público, dedicado a la comercialización de actividades equinas. Las circunstancias permiten inferir que la reunión fue de carácter público, “porque mal podría realizarse una reunión privada en un sitio de libre acceso al público, debido a que los visitantes que concurren a la leyenda no son inusuales en razón a la dinámica actividad comercial que aquí se desarrolla”, agregó la Procuraduría.
Concluye el Ministerio Público que estos hechos constituyen una indebida participación en política, pues abusando de su investidura el gobernador del Valle puso al servicio del señor Andrés Felipe Arias, el escenario para que ejecutara actos proselitistas: "La conducta asumida por el señor Abadía Campo constituye falta disciplinaria gravísima", dijo.
Señala el Ministerio Público que Abadía permitió y consintió que en la fecha señalada, aprovechando la reunión que se llevaría a cabo en el Criadero “La Leyenda”, (corregimiento de Rozo Palmira-Valle), con varios alcaldes municipales para tratar varios asuntos de trabajo, hiciera presencia el señor Arias Leyva y participara en dicha reunión haciendo preguntas sobre diferentes aspectos de la administración a los alcaldes que se encontraban presentes.
De acuerdo con la Procuraduría, el mandatario departamental utilizó su investidura para intervenir en la actividad política que se viene adelantando dentro del actual debate electoral, porque aprovechó la reunión que había programado con los alcaldes para que el entonces candidato pudiera asistir y realizar actos proselitistas, favoreciendo así la causa política.
"En ese sentido es claro que su condición de gobernador le impedía al señor Abadía Campo ejercer actividades políticas, salvo su derecho fundamental al voto", dijo la Procuraduría.
El ente de control adviritó que "El entonces candidato a la consulta conservadora aprovechó el espacio que se tenía previsto para que conociera la problemática del municipio a través de las voces de los alcaldes, e hizo alusión a su gestión como ministro de Agricultura, narrando ante los presentes como veía él la problemática de los departamentos y municipios, lo cual acreditaba su conocimiento y capacidades para asumir la Presidencia de la República, señala el fallo de primera instancia".
Agregó la Procuraduría que "De esta forma, el señor Arias Leyva, con el consentimiento del señor Abadía Campo, realizó actos partidistas propios de la actividad política a la que estaba dedicado, sin que para ello hubiera sido necesario que hubiera solicitado directamente el apoyo para su causa o se hubiera comprometido a resolver las necesidades de los municipios en forma cercana".
Durante la lectura del fallo, la Doctora María Eugenia Carreño señaló que “para concretar la actividad política, el disciplinado instrumentalizó también la función pública que representa el señor secretario privado, doctor Telmo Rojas, quien por acción deliberada y voluntaria de su jefe, el gobernador del departamento del Valle del Cauca, se puso al servicio de una causa política, toda vez que fue él quien por encargo del disciplinado busco y reservó el sitio donde se llevó a cabo la reunión, coordinó con el jefe de seguridad del candidato, por orden y disposición del gobernador, el desplazamiento del personal de escoltas, pagó con recursos propios la suma de 450 mil pesos por concepto de refrigerios y gaseosas (…)”.
Así mismo, en el marco de la investigación se pudo comprobar que el criadero La Leyenda es un sitio de acceso al público, dedicado a la comercialización de actividades equinas. Las circunstancias permiten inferir que la reunión fue de carácter público, “porque mal podría realizarse una reunión privada en un sitio de libre acceso al público, debido a que los visitantes que concurren a la leyenda no son inusuales en razón a la dinámica actividad comercial que aquí se desarrolla”, agregó la Procuraduría.
Concluye el Ministerio Público que estos hechos constituyen una indebida participación en política, pues abusando de su investidura el gobernador del Valle puso al servicio del señor Andrés Felipe Arias, el escenario para que ejecutara actos proselitistas: "La conducta asumida por el señor Abadía Campo constituye falta disciplinaria gravísima", dijo.
La defensa de Juan Carlos Abadía Campo manifestó que va a presentar recurso de apelación frente a la sala de la Procuraduría General de la Nación, seguidamente el Ministerio Público debe proceder a confirmar los hechos y producir un segundo fallo, en el cual puede revocar o confirmar la decisión.
Mientras el Ministerio Público anuncia el fallo en segunda instancia, la inhabilidad queda suspendida.
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Polo anunció que llevará irregularidades de Administración Uribe a Corte Penal Internacional
Durante el debate ayer en Plenaria de Senado, sobre interceptaciones ilegales, el Polo Democrático afirmó que llevará casos irregulares del Gobierno de Uribe a la Corte Penal Internacional.
El Senador Luis Carlos Avellaneda dijo que la comisión de Acusaciones de la Cámara no ofrece garantía alguna a investigaciones al Primer Mandatario por interceptaciones ilegales o falsos positivos.
Petro dijo que identificó un delito de lesa humanidad en lo que llamó persecución por razones políticas a los miembros del Polo Democrático. Esto por haberse efectuado de manera sistemática. Agregó que resulta poco creíble que Uribe estuviera ajeno a las persecusiones y montajes a miembros de la oposición y organizaciones sociales.
Los senadores citantes afirmaron que el Presidente Uribe debe asumir la responsabilidad sobre los graves hechos irregulares ocurridos en su Administración.
Petro afirmó que miembros del DAS habrían participado en el atentado contra el entonces senador, Germán Vargas Lleras.
El Gobierno en cabeza de Fabio Valencia dijo que las investigaciones están andando y que esta Administración cree en la independencia de la Justicia Colombiana y que se acatará lo que ella dictamine.
También negó que el gobierno haya efectuado presión a través del DAS a los magistrados para favorecer la aprobación de la enmienda constitucional que posibilitó la reelección presidencial. Así mismo negó que las chuzadas se hayan ordenado desde la Casa de Nariño.
Felipe Muñoz, director del DAS, rechazó la afirmación de que su entidad sea una "empresa criminal". Dijo que por encargo del Presidente Uribe ha colaborado y entregado material solicitado por las autoridades a fin de que se sepa toda la verdad acerca de lo acontecido en esa entidad.
Muñoz negó que el Das haya tenido relación con lo ocurrido a Vargas Lleras y que ya fueron judicializados responsables con vínculos con las Farc.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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El Senador Luis Carlos Avellaneda dijo que la comisión de Acusaciones de la Cámara no ofrece garantía alguna a investigaciones al Primer Mandatario por interceptaciones ilegales o falsos positivos.
Petro dijo que identificó un delito de lesa humanidad en lo que llamó persecución por razones políticas a los miembros del Polo Democrático. Esto por haberse efectuado de manera sistemática. Agregó que resulta poco creíble que Uribe estuviera ajeno a las persecusiones y montajes a miembros de la oposición y organizaciones sociales.
Los senadores citantes afirmaron que el Presidente Uribe debe asumir la responsabilidad sobre los graves hechos irregulares ocurridos en su Administración.
Petro afirmó que miembros del DAS habrían participado en el atentado contra el entonces senador, Germán Vargas Lleras.
El Gobierno en cabeza de Fabio Valencia dijo que las investigaciones están andando y que esta Administración cree en la independencia de la Justicia Colombiana y que se acatará lo que ella dictamine.
También negó que el gobierno haya efectuado presión a través del DAS a los magistrados para favorecer la aprobación de la enmienda constitucional que posibilitó la reelección presidencial. Así mismo negó que las chuzadas se hayan ordenado desde la Casa de Nariño.
Felipe Muñoz, director del DAS, rechazó la afirmación de que su entidad sea una "empresa criminal". Dijo que por encargo del Presidente Uribe ha colaborado y entregado material solicitado por las autoridades a fin de que se sepa toda la verdad acerca de lo acontecido en esa entidad.
Muñoz negó que el Das haya tenido relación con lo ocurrido a Vargas Lleras y que ya fueron judicializados responsables con vínculos con las Farc.
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Aprobado proyecto marco de estampillas
La comisión Tercera de Cámara dio vía libre al pl 130-09 C por la cual se establece un marco general para la emisión futura de estampillas.
La iniciativa fue modificada sustancialmente dado que se acogió una sustitutiva general al articulado del proyecto planteada por el representante ponente Simón Gaviria, en consenso con el Gobierno.
La primera gran modificación fue sin duda el cambo definición sobre la naturaleza jurídica de las estampillas. De acuerdo con lo aprobado, estas ya no se definen como del ámbito parafiscal sino como impuesto territorial.
Según lo aprobado, las estampillas no serían aplicables a los contratos de prestación de servicios ni a las consultorías personales. Ello porque no se quiere aplicar a las personas naturales. Tampoco a las empresas industriales y comerciales del Estado. De acuerdo con la explicación del ponente Gaviria, las estampillas son bastante anti técnicas y si se desea gravar tales empresas se puede hacerlo por vías convencionales.
Tambien se aprobó que el impuesto territorial de la estampilla podrá ser creado por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Municipales o Distritales.
Los recursos recaudados en las entidades territoriales por concepto de la contribución parafiscal de la estampilla serán destinados para inversión en salud, educación, saneamiento básico, infraestructura de vías terciarias, cultura, recreación y deporte.
La base gravable del impuesto de la estampilla será el valor del contrato de obra civil y/o de interventoría, o el de sus adiciones.
Quedó claro que con la aprobación de este proyecto se respetará la vigencia de las estampillas actuales y las nuevas normas aplicarán a futuro.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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La iniciativa fue modificada sustancialmente dado que se acogió una sustitutiva general al articulado del proyecto planteada por el representante ponente Simón Gaviria, en consenso con el Gobierno.
La primera gran modificación fue sin duda el cambo definición sobre la naturaleza jurídica de las estampillas. De acuerdo con lo aprobado, estas ya no se definen como del ámbito parafiscal sino como impuesto territorial.
Según lo aprobado, las estampillas no serían aplicables a los contratos de prestación de servicios ni a las consultorías personales. Ello porque no se quiere aplicar a las personas naturales. Tampoco a las empresas industriales y comerciales del Estado. De acuerdo con la explicación del ponente Gaviria, las estampillas son bastante anti técnicas y si se desea gravar tales empresas se puede hacerlo por vías convencionales.
Tambien se aprobó que el impuesto territorial de la estampilla podrá ser creado por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Municipales o Distritales.
Los recursos recaudados en las entidades territoriales por concepto de la contribución parafiscal de la estampilla serán destinados para inversión en salud, educación, saneamiento básico, infraestructura de vías terciarias, cultura, recreación y deporte.
La base gravable del impuesto de la estampilla será el valor del contrato de obra civil y/o de interventoría, o el de sus adiciones.
Quedó claro que con la aprobación de este proyecto se respetará la vigencia de las estampillas actuales y las nuevas normas aplicarán a futuro.
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martes, mayo 04, 2010
Corte dio luz verde a transfugismo por una vez
“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.
Este aparte fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Corresponde al parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia” (reforma política).
Dentro de la argumentación dada por el alto Tribunal se destaca: “A juicio de la Corte, es imprescindible interpretar el precepto acusado en su verdadero sentido, el cual no está dirigido a avalar el transfugismo político y la doble militancia in genere, sino que se circunscribe a facilitar la transición entre regímenes constitucionales bajo el cumplimiento de precisas condiciones”.
Agregó la Corte que: “lo expuesto en esta sentencia no puede comprenderse, de ninguna manera como un aval de conductas profundamente nocivas para la estabilidad institucional y la representación democrática, como la doble militancia, la indisciplina de bancadas y el transfugismo político”.
Además, reiteró la necesidad de fortalecer los Partidos Políticos: “Esto, por cuanto el aseguramiento de una democracia constitucional efectiva pasa necesariamente por contar con partidos fuertes y consolidados, que canalicen adecuadamente la voluntad popular y permitan expresar opciones ideológicas diversas e identificables, propias de una sociedad incluyente y pluralista”.
La Corte concluyó que el parágrafo transitorio 1º del Acto legislativo 1 de 2009 no suspende la eficacia normativa y por tanto no sustituye la Constitución y en consecuencia, declaró su exequibilidad.
Nota publicada en El Diario Electrónico
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Este aparte fue declarado exequible por la Corte Constitucional. Corresponde al parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia” (reforma política).
Dentro de la argumentación dada por el alto Tribunal se destaca: “A juicio de la Corte, es imprescindible interpretar el precepto acusado en su verdadero sentido, el cual no está dirigido a avalar el transfugismo político y la doble militancia in genere, sino que se circunscribe a facilitar la transición entre regímenes constitucionales bajo el cumplimiento de precisas condiciones”.
Agregó la Corte que: “lo expuesto en esta sentencia no puede comprenderse, de ninguna manera como un aval de conductas profundamente nocivas para la estabilidad institucional y la representación democrática, como la doble militancia, la indisciplina de bancadas y el transfugismo político”.
Además, reiteró la necesidad de fortalecer los Partidos Políticos: “Esto, por cuanto el aseguramiento de una democracia constitucional efectiva pasa necesariamente por contar con partidos fuertes y consolidados, que canalicen adecuadamente la voluntad popular y permitan expresar opciones ideológicas diversas e identificables, propias de una sociedad incluyente y pluralista”.
La Corte concluyó que el parágrafo transitorio 1º del Acto legislativo 1 de 2009 no suspende la eficacia normativa y por tanto no sustituye la Constitución y en consecuencia, declaró su exequibilidad.
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Hoy debate sobre interceptaciones telefónicas en Senado
Las interceptaciones telefónicas ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a altos funcionarios del Estado, periodistas y particulares será el tema central del debate hoy en plenaria del Senado, a partir de las 3 de la tarde.
A la sesión han sido citados el ministro del Interior, Fabio Valencia; el director del DAS, Felipe Muñoz, y el director Administrativo de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, quienes responderán una serie de interrogantes.
Entre las preguntas a responder se encuentran cuáles son las acciones que se han adoptado para superar los procedimientos y conductas delictuales en que incurrieron servidores públicos de esta entidad, en relación con las interceptaciones y seguimientos ilegales a congresistas, magistrados, periodistas, dirigentes políticos y sociales.
A la sesión han sido citados el ministro del Interior, Fabio Valencia; el director del DAS, Felipe Muñoz, y el director Administrativo de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, quienes responderán una serie de interrogantes.
Entre las preguntas a responder se encuentran cuáles son las acciones que se han adoptado para superar los procedimientos y conductas delictuales en que incurrieron servidores públicos de esta entidad, en relación con las interceptaciones y seguimientos ilegales a congresistas, magistrados, periodistas, dirigentes políticos y sociales.
Hay que señalar que las denuncias sobre las denominadas “chuzadas” se dieron luego de haber estallado el escándalo hace un año por denuncias del senador Gustavo Petro.
Ahora los senadores del Polo Democrático, Gustavo Petro y Luis Carlos Avellaneda, retoman el tema y están citando a los altos funcionarios para que ellos respondan quién ordenó tales interceptaciones y cuáles han sido las actuaciones que se han adoptado para evitar que se repitan tales procedimientos y conductas.
Como invitados concurrirán el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez; el fiscal General ( E), Guillermo Mendoza Diago, y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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lunes, mayo 03, 2010
Gobierno expidió Decreto para reglamentar contrato sindical
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1429 del 28 de abril de 2010, mediante el cual reglamenta el contrato sindical con el objetivo de fijar las pautas para que los sindicatos puedan participar en la gestión de las empresas y en la promoción del trabajo colectivo.
El Decreto fue presentado durante el Consejo Comunal de Gobierno sobre ‘sindicalismo participativo’, que se llevó a cabo este sábado en Popayán.
Entre las medidas que establece la reglamentación se encuentra la exención del pago del IVA para esta clase de acuerdos, así como la posibilidad de asistir a un tribunal de arbitramento para dirimir posibles conflictos entre las partes, con el fin de dar garantía al debido proceso y defender a los trabajadores en caso de conflicto y evitar abusos.
Otro aspecto novedoso del Decreto es la creación de una subcuenta a la de la organización sindical, para garantizar el manejo transparente de los pagos por la ejecución del contrato laboral.
Así mismo, la norma impulsa la salud ocupacional como derecho al que tienen acceso todos los trabajadores que formen parte de estos contratos, como principio fundamental de la competitividad en el trabajo.
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El Decreto fue presentado durante el Consejo Comunal de Gobierno sobre ‘sindicalismo participativo’, que se llevó a cabo este sábado en Popayán.
Entre las medidas que establece la reglamentación se encuentra la exención del pago del IVA para esta clase de acuerdos, así como la posibilidad de asistir a un tribunal de arbitramento para dirimir posibles conflictos entre las partes, con el fin de dar garantía al debido proceso y defender a los trabajadores en caso de conflicto y evitar abusos.
Otro aspecto novedoso del Decreto es la creación de una subcuenta a la de la organización sindical, para garantizar el manejo transparente de los pagos por la ejecución del contrato laboral.
Así mismo, la norma impulsa la salud ocupacional como derecho al que tienen acceso todos los trabajadores que formen parte de estos contratos, como principio fundamental de la competitividad en el trabajo.
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