La Corte Constitucional ordenó la sanción inmediata del Proyecto de Ley No. 092 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
El Alto Tribunal estimó que las objeciones no le fueron presentadas de manera correcta como lo determina la Constitución Nacional. Ello, porque, a pesar de venir firmadas por el Presidente de la República, no venían respaldadas por el ministro del Ramo interesado. Es decir el ministro del Medio Ambiente, sino por el ministro de Minas y Energía.
Para la Corte: «las disposiciones específicas del proyecto que fueron objetadas no se ocupan de temas referentes a los sectores de la minería o de la energía. Tampoco, las razones de fondo por las cuales se objeta la norma en cuestión, aluden al impacto específico que tales disposiciones tendrían en esos sectores, pues se trata de consideraciones de carácter general».
La Corte determinó que en el presente caso, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre las objeciones, por haber sido presentadas sin observar las reglas de competencia establecidas por la Constitución. De ese modo, el Presidente Uribe debe proceder a Sancionar la respectiva Ley. En caso de no hacerlo, será el Presidente del Senado quien la efectúe.
En este importante caso, la corporación resaltó que los artículos 165 y 166 de la Constitución del 91, establecen en cabeza del Gobierno Nacional y no sólo del Presidente de la República la figura de las “objeciones gubernamentales”.
martes, marzo 31, 2009
lunes, marzo 30, 2009
‘Bogotá está preparada para enfrentar la crisis económica’
Por Samuel Moreno RojasAlcalde Mayor de Bogotá
Bogotá está preparada para enfrentar la crisis económica, cuyo impacto ya se empieza a sentir en el país y en las familias. Conscientes de la magnitud del problema, desde el inicio de mi gobierno orientamos nuestros esfuerzos para sortear sus consecuencias. Por eso estoy seguro de que hay un futuro positivo para la ciudad y soy optimista.
Mi visión está cifrada en Bogotá como Capital de los Derechos; pero también sé que no hay derechos sin deberes, sin responsabilidades o sin rendición de cuentas. Ese es el camino correcto y el cimiento para construir el futuro y responderle a la ciudadanía, al comercio y al sector empresarial de la capital.
Como alcalde estoy obligado a tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, y tengo que definir prioridades y exigir resultados. La ciudadanía debe hacer su parte: los padres tienen que garantizar la formación de sus hijos; los empresarios la seguridad social y capacitación de sus trabajadores; y todos, como miembros de la sociedad, el cumplimiento, respeto y promoción de las reglas bajo las cuales convivimos.
Padres y madres de Bogotá: la ciudad les garantiza la educación, nutrición y salud de sus hijos, y es mi obligación propender porque esto se cumple. En la formación del Plan de Desarrollo prevíamos el aumento del desempleo, y por eso garantizamos la gratuidad en educación para todos nuestros niños y jóvenes en los colegios del Distrito. En ellos invertimos $306 mil millones. Además, los programas de transporte, alimentación, subsidio condicionado y salud escolar suman más de un billón de pesos. Con esta inversión garantizamos a todos los padres de familia la estabilidad de sus hijos en el colegio: el derecho a un mejor futuro. Y aunque esta estrategia fue formulada para una implementación progresiva y gradual, he instruido a los secretarios de Hacienda y Educación para que aceleren su ejecución, sobre todo para aquellos jóvenes que se vean afectados por el desempleo de sus padres.
Desempleados: las finanzas sanas de Bogotá nos permiten acelerar el plan de obras de la ciudad sin riesgo. Por esto, la Secretaría de Movilidad tiene la orden de ejecutar todas las obras que cuentan con “ingeniería de detalle”, incluso las de la fase II de valorización, sin que ello represente un cobro adicional este año. Voy a presentarle al Concejo de Bogotá un proyecto para cobrar la valorización con posterioridad a la realización de la obra y no de forma anticipada. No es prudente presionar el ingreso de las familias para recaudar recursos destinados para proyectos cuya construcción no puede realizarse de manera inmediata.
Empresario: el plan de obras de este año compromete una inversión de más de tres billones de pesos. Contamos con ustedes. Tenemos que trabajar juntos para mejorar la competitividad de la ciudad y su clima de negocios. La Secretaría de Hacienda, con el concurso del Concejo, mejorará el marco impositivo de la ciudad; las secretarías de Hábitat y de Planeación agilizarán los trámites y los procesos para que el sector de la construcción, pilar de la generación de empleo, encuentre en la administración no un obstáculo, sino un promotor del desarrollo de sus empresas y de su gente. La Secretaría de Movilidad está trabajando para que la ciudad pueda contar, por fin, con el Sistema Integrado de Transporte Público.
Inversionistas extranjeros: Bogotá tiene para ofrecerles mano de obra competitiva y calificada. Al final del 2009 contaremos con alrededor de dos mil jóvenes bachilleres y profesionales adicionales que dominan el idioma inglés y estarán preparados para responder las necesidades de estas empresas. Esto lo estamos realizando a través de Invest in Bogotá y su programa Talk to the World.
Microempresarios: Para ustedes tenemos nuestra exitosa herramienta de Banca Capital. 222 mil microempresas son nuestro futuro y nuestra esperanza. La Secretaría de Desarrollo económico tiene que volcar su institución a apoyarlos y a luchar por un marco regulatorio más liviano que les dé margen de respiro para poder invertir y crecer.
Es importante resaltar la estrategia de salud de la ciudad que tiene un enfoque de prevención. Prueba de esto es el inmenso esfuerzo que estamos haciendo al incluir la vacuna del neumococo en el desarrollo de los programas de salud pública de este año, que beneficiarán a 120 mil niños y niñas menores de 5 años. Además, hemos asegurado el acceso gratuito al servicio de 200 mil menores de 5 años y adultos mayores de 65 años de Sisbén 1 y 2.
Invitamos a todos los sectores productivos para que, a través de convenios y pactos, se pueda dar una mayor integración pública y privada que nos permita adoptar programas educativos necesarios para la formación de aspirantes a trabajar en la industria, el comercio y las finanzas. El objetivo es acercar la oferta y la demanda para reducir el tiempo de búsqueda de una ocupación.
Este momento histórico nos invita a trabajar sin desfallecer y apuntar esta estrategia con los empresarios, los sectores productivos y los ciudadanos, hacia la meta de generar 175 mil nuevos empleos.
Bogotanos y bogotanas: estamos combatiendo la delincuencia y los fenómenos que originan la inseguridad. La tarea no da un minuto de descanso, y aunque las cifras son buenas, resultan insuficientes y lo sabemos. Para vivir sin miedo estamos invirtiendo $1.2 billones en infraestructura y tecnología de punta en comunicaciones y logística que nos permita perseguir y capturar a los delincuentes. Con 16 nuevos CAI, una megaestación de Policía, cinco casas de justicia, un nuevo Comando General para la Policía Metropolitana de Bogotá, patrullas y motos vamos a mejorar la seguridad. Que no quepa duda alguna.
Es con esta premisa del optimismo, del sí se puede, del trabajo en equipo y de la concertación que mi gobierno se ha empeñado en adelantar un programa pensando en el bienestar de la gente, un plan de acción que permita brindarle a los bogotanos y bogotanas un presente tranquilo y un mejor futuro. Bogotá será reconocida como la capital de los derechos; una ciudad para vivir mejor”.
Dan a conocer cifras sobre uso de tecnologías de la información
El Director del DANE, Héctor Maldonado, y la Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, presentaron los resultados de la investigación sobre uso y penetración de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en hogares y personas. Dentro de las cifras los resultados arrojaron por ejemplo que en el 2008 para el Total Nacional, el 83,8% de los hogares poseía teléfono móvil (celular), frente al 17,7% en 2003. En la cabecera en 2008, el 87,5% tenía celular, comparado con el 21,8% en 2003. En el resto, en 2008 el porcentaje pasó de 70,8% a 4,6% en 2003En 2003 y 2008, Bogotá presentó el mayor porcentaje de hogares que poseían teléfono móvil con 32,6% y 91,2% respectivamente.
En otro importante informe, el DANe informó que en el cuarto trimestre de 2008, el Producto Interno Bruto disminuyó en 0,7 por ciento, al compararlo con el mismo periodo del año anterior.
En otro importante informe, el DANe informó que en el cuarto trimestre de 2008, el Producto Interno Bruto disminuyó en 0,7 por ciento, al compararlo con el mismo periodo del año anterior.
domingo, marzo 29, 2009
Propuesta del nuevo departamento en la Depresión Momposina
INFORME DEL DEBATE EN CAMARA DEL 25 DE MARZOColaborador: EDUARDO TORRES RUIDIAZ
Avanzamos con paso seguro
Este miércoles 25 de marzo se realizó en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara de Representantes la segunda socialización de la propuesta del nuevo departamento en la Depresión Momposina, con masiva asistencia de la mesa directiva encabezada por Dairo Bustillo, Gloria Stella Diaz y Benjamin Niño, representantes, senadores invitados, colonias , alcaldes, concejales y comité promotor de los municipios de esta importante región del sur de Magdalena y Bolivar.
Según los entendidos, el debate fue dinámico, con ataques y defensa de la propuesta y al final la propuesta del nuevo departamento despejó las dudas respecto a la viabilidad financiera y legal de la misma, con excelentes aportes de los representantes y académicos invitados al debate.
Los Representantes y Senadores como Dairo Bustillo, Gloria Stella Díaz y Manuel Antonio Virguez (del partido MIRA) argumentaron la viabilidad y conveniencia de la propuesta y el apoyo irrestricto de sus bancadas a la misma.
Ante la argumentación en contra por parte del Senador Zuluaga y Juan Lozano, el equipo investigador encabezado por Tomás Rodríguez Ching y Eduardo Torres Ruidiaz, demostró que la propuesta tiene un enfoque ESTRUCTURAL de importancia para el país.
El debate se centró al final en la parte FINANCIERA donde se demostró que la ley no obliga a que el nuevo departamento herede la altísima deuda de Bolívar y Magdalena (superior a los $500 mil millones) pues esta se ha generado en el norte, instando al Ministerio de Hacienda a trabajar en ello, recomendando que la reestructuración de esos departamentos, mediante la creación del nuevo en la Depresión Momposina, era un imperativo financiero.
Sorpresa causó en los asistentes las cifras sobre el aporte de los municipios sureños a Cartagena y Santa Marta por más de $15.000 millones anuales en impuesto a la cerveza, licores, registro y otros tributos, los cuales no son devueltos sino que son gastados en esas ciudades o en el pago de los pasivos que ellos mismos han generado. Esa parte fue tan contundente que el Secretario de Planeación enviado por la Gobernación del Magdalena reconoció que el nuevo departamento podía causar que el Magdalena quedara debilitado financieramente y tocaría cerrar su departamento. Es decir, ahora se reconoce el aporte económico de los municipios de la Depresión Momposina y su potencial tributario. La discusión avanza.
EL BANCO Y MOMPOX
Se aprobó desplazar a la Comisión de Senado y Cámara a El Banco (en abril) y Mompox (en mayo) y la propuesta avanza a la discusion del tramite legal donde las bancadas y muchos congresistas han ofrecido su apoyo para tramitar el proyecto de ley.
Especial agrado despertó en los Congresistas el carácter ciudadano de este movimiento que no se ha matriculado con ningún político en particular y el hecho de decidir elegir la capital y el nombre por Consulta Popular.
La difusión por televisión y radio en los municipios de la Depresión Momposina fue exitosa: Transmitieron en directo el debate las emisoras de El Banco, Mompox, Pijiño y Santana. La unión de los medios fue total y hoy todos hablan del tema.
Acompañaron también la propuesta las comitivas de Pijiño y Mompox y los Concejales de El Peñón así como los alcaldes Rober Ramirez (Guamal) y Jaisin Fernandez (Hatillo de Loba) quienes junto a e Israel Garcia defendieron con ardor el proyecto ante politicos de talla nacional, demostrando una gran casta política.
Avanza así con paso seguro esta atractiva propuesta que está poniendo a hablar a los colombianos y a los medios de ordenamiento territorial, un tema del que hasta hace poco nadie queria saber.
viernes, marzo 27, 2009
Aprobada Ley Forestal
La Plenaria de la Cámara dio vía libre al proyecto de Ley 01 de 2008 Cámara sobre reforestación comercial al cual le restaba para su aprobación final el visto bueno en los art. 4, 5 y 8. Estos finalmente fueron aprobados sin cambio alguno. El proyecto pasa ahora a consideración del Senado. Cabe aclarar que la bancada minoritaria indígena y negritudes afirmaron insistentemente que esta iniciativa no había sido sometida a consulta previa con estos grupos especiales.
En sesiones extraordinarias del 17 de diciembre de 2008, de sus 12 artículos se aprobaron en bloque sin modificación todos excepto 4, 5 y 8. Estas proposiciones quedaron para ser consideradas ahora. Fueron aprobados en Plenaria sin modificaciones los artículos pendientes, el pasado 25 de marzo. Pasa para estudio en el Senado.
De otro lado esta semana inició la discusión del pl. 79-08 C que pretende retornar el horario de reconocimiento de horas extras al régimen anterior. Se afirmó que la presencia del ministro Diego Palacio era indispensable y por ello se optó por posponerlo como primer punto del orden del día en la sesión de la próxima semana.
En sesiones extraordinarias del 17 de diciembre de 2008, de sus 12 artículos se aprobaron en bloque sin modificación todos excepto 4, 5 y 8. Estas proposiciones quedaron para ser consideradas ahora. Fueron aprobados en Plenaria sin modificaciones los artículos pendientes, el pasado 25 de marzo. Pasa para estudio en el Senado.
De otro lado esta semana inició la discusión del pl. 79-08 C que pretende retornar el horario de reconocimiento de horas extras al régimen anterior. Se afirmó que la presencia del ministro Diego Palacio era indispensable y por ello se optó por posponerlo como primer punto del orden del día en la sesión de la próxima semana.
Nuevos Conpes
• 3579 Lineamientos para implementar el Proyecto Satelital de Comunicaciones de Colombia Marzo 25 de 2009
• 3578 Instrucciones a los representantes de la Nación y sus entidades para la destinación de utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales Societarias del Estado y las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional con corte a 31 de diciembre de 2008
• 3577 Política Nacional para la Racionalización del Componente de Costos de Producción Asociado a los Fertilizantes en el Sector Agropecuario
• 3576 Distribución de Recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con Fines Comerciales (CIF de Reforestación) - Vigencia 2009
• 3575 Estrategia para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios - Seguimiento a los Conpes 3277 de marzo 2004 y 3412 de marzo de 2006 Marzo 16 de 2009
• 3574 Concepto Favorable a la Nación para Contratar un
Empréstito Externo con la Banca Multilateral hasta
por US$20 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente elPrograma de Disposición Final de Residuos Sólidos Marzo 16 de 2009
• 3572 Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Armenia.
• 3578 Instrucciones a los representantes de la Nación y sus entidades para la destinación de utilidades de las Empresas Industriales y Comerciales Societarias del Estado y las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional con corte a 31 de diciembre de 2008
• 3577 Política Nacional para la Racionalización del Componente de Costos de Producción Asociado a los Fertilizantes en el Sector Agropecuario
• 3576 Distribución de Recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con Fines Comerciales (CIF de Reforestación) - Vigencia 2009
• 3575 Estrategia para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios - Seguimiento a los Conpes 3277 de marzo 2004 y 3412 de marzo de 2006 Marzo 16 de 2009
• 3574 Concepto Favorable a la Nación para Contratar un
Empréstito Externo con la Banca Multilateral hasta
por US$20 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar parcialmente elPrograma de Disposición Final de Residuos Sólidos Marzo 16 de 2009
• 3572 Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Armenia.
jueves, marzo 26, 2009
Devuelta reforma financiera a Comisión Tercera del Senado
Por solicitud del senador Aurelio Iragorri, y con el visto bueno del pleno, el Senado resolvió devolver a la comisión Tercera de esa Corporación la iniciativa gubernamental conocida como reforma financiera.
El senador Iragorri, presidente de esa célula legislativa, explicó que existen cerca de noventa proposiciones para segundo debate y ello hace que sea necesario que las comisiones Terceras vuelvan a conocer una iniciativa que se vería desdibujada, si tal número de cambios llegaran a aprobarse. Iragorri además informó que en próximos días serán citados el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, y el Superintendente Financiero para escuchar de su parte las respuestas a las múltiples inquietudes planteadas por la Comisión Tercera.
Cabe aclarar que el proyecto e mención no estaba en el orden del día y la decisiñon se dio , tras la aprobación de una proposición radicada por dicho senador a consideración de la Plenaria. Es el 286-08 S y 282/08 C aprobado primer debate junio 18 de 2008 en sesiones conjuntas.
miércoles, marzo 25, 2009
“Se busca desacreditar y desligitimar al Presidente”: Minprotección
Asi se expresó el ministro de Protección Social, Diego Palacio, ante la plenaria de Senado, en rechazo a un pronunciamiento de la bancada del Polo Democrático, sobre el fallo del Procurador a su favor en el tema de la denominada “Yidispolítica”. El ministro dijo que los críticos no toman en cuenta que la excongresista se acogió a sentencia anticipada. Afirmó que todo este caso esta siendo utilizado por quienes están interesados en hacerle daño al Gobierno. El ministro reprochó que se cuestionen decisiones de altos funcionarios. El vocero del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda, afirmó que el Procurador General de la Nación hizo caso omiso de importantes pruebas que comprometían a los funcionarios del Gobierno, mencionados en el proceso. Avellaneda dijo en su intervención que: ''quedan dudas razonables sobre si la abstención de hallar un responsabilidad disciplinaria fue un fallo jurídico o un fallo político''.
Agregó que “creemos que no se fallo a conciencia” y concluyó afirmando ''nos queda la duda de si el delito de cohecho tiene un sola cara?''.
De otro lado, anoche la plenaria de Senado volvió a efectuar discusiones generales frente al tema de la eutanasia.
El Gobierno anunció que intervendrá de fondo cuando el proyecto entre a segundo debate. Para la sesión de hoy fueron anunciados varios proyectos de Ley.
Exequible enmienda a Constitución de OIT
EXPEDIENTE LAT-327-SENTENCIA C-195/09 Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Norma revisada
LEY 1197 DE 2008, aprobatoria del “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el 19 de junio de 1997.
Decisión
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1197 del 5 de junio de 2008, por medio de la cual se aprueba el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta (85) Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta (85) Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Razones de la decisión
Examinado el trámite cursado en el Congreso de la República por el proyecto que vino a convertirse en la Ley 1197 de 2008, aprobatoria del “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo” del 19 de junio de 1997, la Corte encontró que cumplió en debida forma, con las etapas y requisitos exigidos por la Carta Política.
El mencionado instrumento internacional adiciona el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, con un nuevo párrafo 9º que atribuye a la Conferencia General de la OIT la facultad de derogar, por iniciativa del Consejo de Administración y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, todo convenio que se considere ha perdido su objeto o ya no represente una contribución útil a la consecución de los objetivos de la OIT. Como se indicó en la exposición de motivos al respectivo proyecto de ley, la enmienda dota a la Conferencia General de la OIT de un “mecanismo apropiado, con todas las garantías necesarias, para actualizar el conjunto de normas internacionales del trabajo y asegurar su coherencia”. Se trata de actualizar los instrumentos adoptados cuando no resultan ajustados a la nueva realidad que impone el mundo contemporáneo en los ámbitos social, político, económico y cultural o porque su ratificación exhiba algunos problemas.
Para la Corte, la habilitación a la Conferencia Internacional del Trabajo para poner término a los efectos jurídicos resultantes de los convenios del trabajo que considere obsoletos o inútiles para la consecución de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, armoniza de manera plena con la Constitución Política. A su juicio, esta facultad refuerza la coherencia, pertinencia y eficiencia el cuerpo normativo de la OIT, con el ánimo de responder en forma adecuada, oportuna y acorde con las necesidades del mundo actual. Al supeditar la decisión derogatoria a la mayoría de los dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, garantiza la participación de los Estados Miembros presentes en la Conferencia General. Igualmente, el procedimiento previsto para esa derogatoria en cabeza de la Conferencia brinda las garantías constitucionales indispensables para dichos Estados, a las que se agrega la necesaria iniciativa del Consejo de Administración, exigida para presentar la propuesta de derogación de un convenio, la cual debe observar una serie de condiciones.
De esta forma, se responde adecuadamente a los objetivos fundamentales de la OIT, para garantía de los derechos constitucionales laborales consagrados en el Preámbulo y artículos 1º, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, entre otros y de los principios que soportan las relaciones exteriores del Estado colombiano reconocidos en el artículo 9º superior. Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar exequibles tanto la Ley 1197 de 2008, como el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado el 19 de junio de 1997, por la Conferencia General de la OIT.
Norma revisada
LEY 1197 DE 2008, aprobatoria del “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el 19 de junio de 1997.
Decisión
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1197 del 5 de junio de 2008, por medio de la cual se aprueba el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta (85) Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado en la Octogésima Quinta (85) Reunión de la Conferencia General de la OIT celebrada en Ginebra el diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).
Razones de la decisión
Examinado el trámite cursado en el Congreso de la República por el proyecto que vino a convertirse en la Ley 1197 de 2008, aprobatoria del “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo” del 19 de junio de 1997, la Corte encontró que cumplió en debida forma, con las etapas y requisitos exigidos por la Carta Política.
El mencionado instrumento internacional adiciona el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, con un nuevo párrafo 9º que atribuye a la Conferencia General de la OIT la facultad de derogar, por iniciativa del Consejo de Administración y por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, todo convenio que se considere ha perdido su objeto o ya no represente una contribución útil a la consecución de los objetivos de la OIT. Como se indicó en la exposición de motivos al respectivo proyecto de ley, la enmienda dota a la Conferencia General de la OIT de un “mecanismo apropiado, con todas las garantías necesarias, para actualizar el conjunto de normas internacionales del trabajo y asegurar su coherencia”. Se trata de actualizar los instrumentos adoptados cuando no resultan ajustados a la nueva realidad que impone el mundo contemporáneo en los ámbitos social, político, económico y cultural o porque su ratificación exhiba algunos problemas.
Para la Corte, la habilitación a la Conferencia Internacional del Trabajo para poner término a los efectos jurídicos resultantes de los convenios del trabajo que considere obsoletos o inútiles para la consecución de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, armoniza de manera plena con la Constitución Política. A su juicio, esta facultad refuerza la coherencia, pertinencia y eficiencia el cuerpo normativo de la OIT, con el ánimo de responder en forma adecuada, oportuna y acorde con las necesidades del mundo actual. Al supeditar la decisión derogatoria a la mayoría de los dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, garantiza la participación de los Estados Miembros presentes en la Conferencia General. Igualmente, el procedimiento previsto para esa derogatoria en cabeza de la Conferencia brinda las garantías constitucionales indispensables para dichos Estados, a las que se agrega la necesaria iniciativa del Consejo de Administración, exigida para presentar la propuesta de derogación de un convenio, la cual debe observar una serie de condiciones.
De esta forma, se responde adecuadamente a los objetivos fundamentales de la OIT, para garantía de los derechos constitucionales laborales consagrados en el Preámbulo y artículos 1º, 25, 48 y 53 de la Constitución Política, entre otros y de los principios que soportan las relaciones exteriores del Estado colombiano reconocidos en el artículo 9º superior. Por lo expuesto, la Corte procedió a declarar exequibles tanto la Ley 1197 de 2008, como el “Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo”, adoptado el 19 de junio de 1997, por la Conferencia General de la OIT.
Debe sancionarse sancionatorio ambiental Corte se inhibió ante objeciones
EXPEDIENTE OP-115 -SENTENCIA C-196/09 Magistrada ponente: Dra. Clara Elena Reales Gutiérrez
Norma objetada
PROYECTO DE LEY No. 092 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
Artículo 1º. Titularidad de la potestad sancionatoria ambiental.
[…]
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Artículo 5º. Infracciones.
[…]
Parágrafo 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
2.2. Decisión
Primero.- INHIBIRSE de decidir sobre las objeciones presentadas al Proyecto de Ley No. 092 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, por cuanto no fueron presentadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución.
Segundo.- DEVOLVER a la Presidencia de la República el proyecto de ley en referencia, para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Constitución, el mismo sea sancionado y promulgado.
Tercero.- ADVERTIR que en caso de que el Presidente de la República no sancione el proyecto en mención, éste deberá ser sancionado por el presidente del Congreso de la República, conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución.
2.3. Razones de la decisión
La Corte constató que contrario a lo que señala el Congreso de la República, en el documento en que se formulan las objeciones de inconstitucionalidad al parágrafo 1º del artículo 1º y parágrafo único del artículo 5º del proyecto de ley revisado, aparece claramente la firma del Presidente de la República, y al final del mismo sólo figura el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres. No obstante, el Ministro que debía acompañar al Presidente de la República en esta oportunidad, era el Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y no el Ministro de Minas y Energía, atendiendo a la materia regulada en el proyecto de ley, cual es la del “procedimiento sancionatorio ambiental”. De hecho, el proyecto de ley, tal y como fue remitido a la Corte Constitucional, se encuentra firmado por el Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de entonces, Juan Lozano Ramírez.
La corporación resaltó que a diferencia de lo que establecía la Carta de 1886, los artículos 165 y 166 superiores, establecen en cabeza del Gobierno Nacional y no sólo del Presidente de la República, la facultad de formular objeciones a un proyecto de ley, bien sea por motivos de inconveniencia o de inconstitucionalidad. Es decir, que en estricto sentido, la Constitución de 1991 ya no se contrae exactamente a la institución de las “objeciones presidenciales” a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, sino que consagra la figura de las “objeciones gubernamentales”.
La Sala recordó que de acuerdo con el artículo 115 superior, el Gobierno Nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Al mismo tiempo, en la norma constitucional se precisa que en cada negocio particular, el Presidente y el Ministro o Director del departamento administrativo correspondiente constituyen el Gobierno. En ese orden, las objeciones a un proyecto de ley no pueden ser presentadas por el Presidente de la República sin el acompañamiento del respectivo Ministro y a su vez, un Ministro no las puede formular por sí solo.
Adicionalmente, las disposiciones específicas del proyecto que fueron objetadas no se ocupan de temas referentes a los sectores de la minería o de la energía. Tampoco, las razones de fondo por las cuales se objeta la norma en cuestión, aluden al impacto específico que tales disposiciones tendrían en esos sectores, pues se trata de consideraciones de carácter general.
En conclusión, la Corte determinó que en el presente caso, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre las objeciones, por haber sido presentadas sin observar las reglas de competencia establecidas por la Constitución Política y por ende, el Presidente de la República debe proceder a sancionar el presente proyecto de ley.
Norma objetada
PROYECTO DE LEY No. 092 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara
Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
Artículo 1º. Titularidad de la potestad sancionatoria ambiental.
[…]
Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
Artículo 5º. Infracciones.
[…]
Parágrafo 1º. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
2.2. Decisión
Primero.- INHIBIRSE de decidir sobre las objeciones presentadas al Proyecto de Ley No. 092 de 2006-Senado , 238 de 2008-Cámara, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, por cuanto no fueron presentadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución.
Segundo.- DEVOLVER a la Presidencia de la República el proyecto de ley en referencia, para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Constitución, el mismo sea sancionado y promulgado.
Tercero.- ADVERTIR que en caso de que el Presidente de la República no sancione el proyecto en mención, éste deberá ser sancionado por el presidente del Congreso de la República, conforme a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución.
2.3. Razones de la decisión
La Corte constató que contrario a lo que señala el Congreso de la República, en el documento en que se formulan las objeciones de inconstitucionalidad al parágrafo 1º del artículo 1º y parágrafo único del artículo 5º del proyecto de ley revisado, aparece claramente la firma del Presidente de la República, y al final del mismo sólo figura el Ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres. No obstante, el Ministro que debía acompañar al Presidente de la República en esta oportunidad, era el Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y no el Ministro de Minas y Energía, atendiendo a la materia regulada en el proyecto de ley, cual es la del “procedimiento sancionatorio ambiental”. De hecho, el proyecto de ley, tal y como fue remitido a la Corte Constitucional, se encuentra firmado por el Ministro del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de entonces, Juan Lozano Ramírez.
La corporación resaltó que a diferencia de lo que establecía la Carta de 1886, los artículos 165 y 166 superiores, establecen en cabeza del Gobierno Nacional y no sólo del Presidente de la República, la facultad de formular objeciones a un proyecto de ley, bien sea por motivos de inconveniencia o de inconstitucionalidad. Es decir, que en estricto sentido, la Constitución de 1991 ya no se contrae exactamente a la institución de las “objeciones presidenciales” a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, sino que consagra la figura de las “objeciones gubernamentales”.
La Sala recordó que de acuerdo con el artículo 115 superior, el Gobierno Nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. Al mismo tiempo, en la norma constitucional se precisa que en cada negocio particular, el Presidente y el Ministro o Director del departamento administrativo correspondiente constituyen el Gobierno. En ese orden, las objeciones a un proyecto de ley no pueden ser presentadas por el Presidente de la República sin el acompañamiento del respectivo Ministro y a su vez, un Ministro no las puede formular por sí solo.
Adicionalmente, las disposiciones específicas del proyecto que fueron objetadas no se ocupan de temas referentes a los sectores de la minería o de la energía. Tampoco, las razones de fondo por las cuales se objeta la norma en cuestión, aluden al impacto específico que tales disposiciones tendrían en esos sectores, pues se trata de consideraciones de carácter general.
En conclusión, la Corte determinó que en el presente caso, no hay lugar a un pronunciamiento de fondo sobre las objeciones, por haber sido presentadas sin observar las reglas de competencia establecidas por la Constitución Política y por ende, el Presidente de la República debe proceder a sancionar el presente proyecto de ley.
martes, marzo 24, 2009
¿QUÉ SE ESTÁ NEGOCIANDO? (Tratado Libre Comercio con Unión Europea)
Por: Cecilia López MontañoSenadora de la República
Partido Liberal
Hasta hoy estaba pasando desapercibida la ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia. Es la segunda etapa del nuevo formato, en donde la UE no está negociando con la Comunidad Andina sino en forma individual con Colombia, Perú y, en algunos aspectos, con Ecuador. Preocupa que el Gobierno no reconozca que el modelo económico en el cual el pilar era el llamado libre comercio está en crisis. Hay claros vientos de proteccionismo en los países industrializados en donde la situación de sus economías es realmente grave e impredecible. Este no es un punto menor y por ello la pregunta de fondo es, ¿cuál es la ganancia para Colombia con este Tratado?
En la Audiencia realizada sobre este tema en el Senado de la República el viernes pasado, quedó en evidencia que Colombia poco obtendrá porque aquello que vende a Europa --frutas, carbón, chatarra, etc.-- son productos que ya tienen arancel cero. Sin embargo, la gran ventaja la tendrá la Unión Europea porque sus exportaciones al país ---maquinaria, medicamentos, tecnología, entre otras--, que hoy pagan altos aranceles, gracias al Tratado entrarán sin el pago de estos y con ello, se les permitirá capturar el mercado interno además de rebajar los ingresos fiscales de Colombia. Esta conclusión no salió del Gobierno sino de los planteamientos de los gremios de la producción. Y el Gobierno ni se inmuta.
En el país hay un serio problema de desinformación sobre el tema. Por un lado, cuando la sociedad civil expresa sus profundas inquietudes, el Gobierno no está y por el otro, los funcionarios encargados de la negociación no logran convocar ni siquiera a los congresistas que deben aprobar o desaprobar este Tratado, para no mencionar a los otros actores que tampoco participan en éstas discusiones. ¿Cómo se va a debatir este tratado si los que intervienen en la discusión, o sea los congresistas, no saben realmente lo que se va a votar?
Este acuerdo suscita más dudas que certezas. Sobre el tema de propiedad intelectual preocupa que el texto del tratado exprese que “La protección de la propiedad intelectual debe satisfacer diversos objetivos: promover la innovación tecnológica y la transferencia y diseminación de tecnología”. Esto quiere decir que los objetivos expresados en la propuesta europea se diferencian de los recogidos en el ADPIC (acuerdos sobre propiedad intelectual dentro de la Organización Mundial del Comercio). La propuesta europea se refiere exclusivamente a “facilitar la producción y comercialización de productos innovadores y creativos”, que se traduce en una mayor extensión y protección de las patentes de las multinacionales cuyas raíces están en los países ricos. Las consecuencias son mayores costos en los medicamentos y en los insumos agrícolas como resultado de la prohibición de producirlos nacionalmente.
En la cláusula de la nación más favorecida, el texto dispone que “ (…)toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país, se otorgará inmediatamente a los nacionales de las otras partes”. Si se hace una revisión del texto se inferiría que en virtud de esta cláusula, toda “ventaja, favor, privilegio o inmunidad” relativos a la protección de la propiedad intelectual otorgados a nacionales de cualquier país se extiende a todos los miembros de la OMC.
En términos de inversión, se plantea el tema de solución de controversias en donde se pone en igualdad de condiciones a los inversionistas particulares y a los Estados, pudiendo los primeros demandar a los países en caso de que sus ganancias se vean afectadas por algún cambio en las normativas locales que los puedan perjudicar. Lo peligroso es que Colombia ha anunciado su propósito de negociar, además del tratado con la Unión Europea, Tratados Bilaterales de Inversión con los principales países de ese Continente. De nuevo, el agro tiene un panorama desolador. Los productores colombianos seguirán viviendo problemas para competir contra los subsidios que la UE otorga a sus productores agropecuarios. Entonces, ¿qué es lo que realmente cambiará en favor de los intereses de los agricultores colombianos una vez entre en vigor este acuerdo? Son demasiadas las inquietudes como para que estas negociaciones pasen desapercibidas para el grueso del país. ¿Se justifica, entonces esta negociación? Es una pregunta que requiere respuestas.
lunes, marzo 23, 2009
Debate a gestión de Ecopetrol
El Congreso de la República vigilará con lupa la gestión de Ecopetrol. En primer término la plenaria de la Corporación aprobó una proposición con el fin de analizar la situación de esa entidad con la compañía Glencore. La iniciativa de la senadora María Isabel Mejía está orientada analizar la negociación con esa compañía y escuchar un informe acerca de nuevas adquisiciones de empresas en México y Suramérica. En esta citación la fecha está por definir.
De otro lado, ayer en comisión Quinta de Senado se aprobó una citación al Presidente de Ecopetrol para que explique el plan de operación de inversión. También para que efectúe un balance de adquisiciones hasta la fecha y los términos de negociación, estudio de rentabilidad y plan estrategico de expansión de la compañia. Esta fue suscrita por los senadores Name, Reyes, Cordoba y Mora. La otra citación que se unificara con la anterior es en el mismo sentido de los senadores Robledo y Serrano para discutir acerca de la gestión de Ecopetrol. Este debate quedó programado para el 28 de abril.
De otro lado, ayer en comisión Quinta de Senado se aprobó una citación al Presidente de Ecopetrol para que explique el plan de operación de inversión. También para que efectúe un balance de adquisiciones hasta la fecha y los términos de negociación, estudio de rentabilidad y plan estrategico de expansión de la compañia. Esta fue suscrita por los senadores Name, Reyes, Cordoba y Mora. La otra citación que se unificara con la anterior es en el mismo sentido de los senadores Robledo y Serrano para discutir acerca de la gestión de Ecopetrol. Este debate quedó programado para el 28 de abril.
domingo, marzo 22, 2009
Nuevos Conpes
Nuevos Conpes
• Conpes 3577 Política Nacional para la Racionalización del Componente de Costos de Producción Asociado a los Fertilizantes en el Sector Agropecuario.
• Conpes 3576 Distribución de Recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con Fines Comerciales (CIF de Reforestación) - Vigencia 2009.
• Conpes 3577 Política Nacional para la Racionalización del Componente de Costos de Producción Asociado a los Fertilizantes en el Sector Agropecuario.
• Conpes 3576 Distribución de Recursos para el Certificado de Incentivo Forestal con Fines Comerciales (CIF de Reforestación) - Vigencia 2009.
sábado, marzo 21, 2009
El Remedo Anticíclico
Columna de opinión
Amylkar D. Acosta M
Exministro y Exsenador de la República
Tirios y troyanos coinciden en que la receta keynesiana, consistente en la política fiscal anticíclica, es el antídoto contra los embates de la gran crisis global que se desató desde el año pasado, abatiendo la economía de las naciones. Se trata, entonces, de elevar el gasto público para contrarrestar el desánimo del consumo privado y de estimular este mediante el alivio de la carga fiscal de los contribuyentes. Todos a una, los distintos países han venido implementado sus estrategias tendientes a frenar o amortiguar el impacto de la crisis, recurriendo a ambiciosos planes de inversión pública centrados fundamentalmente en obras de infraestructura, al tiempo que se le inyectan recursos a la economía por la vía de la reducción o devolución de impuestos, los subsidios y subvenciones, sobre todo a los sectores más desvalidos y vulnerables, que son los que tienen una mayor propensión al consumo. Ya se ha vuelto un lugar común la afirmación en el sentido que Colombia esta vez está mejor preparada para resistir el impacto de la crisis de lo que estuvo en las crisis anteriores (la asiática, la rusa o la mexicana). Pero, no hay tal, aparte de que sigue arrastrando con la recurrencia de los déficit gemelos (déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos), no ha podido obtener la calificación inversionista para su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo. Además, Colombia no hizo bien la tarea pendiente: ello se patentiza en el hecho que, a contrario sensu de lo que hicieron otros países, como Chile y Perú, que aprovecharon el boom de sus exportaciones y buenos precios de los productos básicos para disponer de un colchón de seguridad para épocas de crisis, en Colombia en cambio se feriaron alegremente los recursos que se ahorraron a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)2.
En este sentido compartimos con ANIF que “el gobierno (2002 – 2008) ha desperdiciado una oportunidad única para generar mayores ahorros y reducciones de deuda pública. Sólo en el año 2007, el gobierno Central logró un superávit primario del 1% del PIB (frente al 2% requerido) y la deuda bruta total todavía bordeaba un 50% del PIB (a pesar del superávit primario consolidado del 3% en los últimos años)”3. Ahora, cuando se anuncia con bombos y platillos por parte del gobierno un plan de choque por valor de $55 billones, los cuales se invertirían supuestamente en la ejecución de obras de infraestructura, constatamos que el mismo no pasa de ser un remedo de cuanto está haciéndose en otras latitudes. A prima facie el planteamiento resulta plausible, sólo que además de los problemas de financiamiento no resueltos que comporta, como lo afirma Dinero “una parte de esto se venía haciendo y otra parte está por hacerse hace años. Además, aún no está lista para ser ejecutada. Por este motivo, el plan de infraestructura no servirá como medida anticíclica en estos tiempos de crisis”4.
Como si lo anterior fuera poco, ahora el gobierno para soliviantar la voluntad de alcaldes y gobernadores, no sólo radicó un proyecto de Acto legislativo que propende por la reelección indefinida de ellos, sino que en la reciente Cumbre de gobernadores anunció una reforma tributaria territorial que le significará a los contribuyentes $500.000 millones más de impuestos, justo en los momentos cuando lo que se requiere es todo lo contrario, el alivio impositivo para que este contribuya a galvanizar las ventas, que según el DANE tuvieron un descenso del 4.9 % en enero a consecuencia de la pérdida de dinamismo del consumo a partir del último trimestre de 2008 cuando su ritmo de crecimiento pasó al 2% contra el anual contra el 9% del primer trimestre del mismo año. Nada lo justifica, sobre todo en este momento en el que según la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, las entidades territoriales exhiben un holgado superávit. Otro tanto puede afirmarse con respecto al empecinamiento del gobierno en congelar a la baja el precio de la gasolina, en momentos que los precios internacionales del crudo se ha descolgado estruendosamente. Los más de $4 billones que pagarán de más los consumidores por este sobreprecio a la gasolina, que no es más que un impuesto disfrazado, es dinero que se le está sustrayendo al consumo de otros bienes, tanto o más indispensables que el combustible.
Podemos afirmar, entonces, que la política económica del gobierno además de incoherente es errática y errada; contrariamente a lo que dijo el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, la economía colombiana no sólo no está blindada sino que da trazas de encaminarse sin remedio hacia una profunda recesión5. Por ello, comparto la opinión de Dinero en el sentido que para enfrentar con éxito la crisis “hay que empezar por dejar de creer en nuestras propias mentiras y vivir de nuestras ilusiones”6. En economía quien cree que puede engañar a los demás se engaña sin proponérselo a sí mismo, ya es hora de poner los pies en la tierra y actuar en consecuencia.
Bogotá, marzo 21 de 2009
www.amylkaracosta.net
Amylkar D. Acosta M
Exministro y Exsenador de la República
Tirios y troyanos coinciden en que la receta keynesiana, consistente en la política fiscal anticíclica, es el antídoto contra los embates de la gran crisis global que se desató desde el año pasado, abatiendo la economía de las naciones. Se trata, entonces, de elevar el gasto público para contrarrestar el desánimo del consumo privado y de estimular este mediante el alivio de la carga fiscal de los contribuyentes. Todos a una, los distintos países han venido implementado sus estrategias tendientes a frenar o amortiguar el impacto de la crisis, recurriendo a ambiciosos planes de inversión pública centrados fundamentalmente en obras de infraestructura, al tiempo que se le inyectan recursos a la economía por la vía de la reducción o devolución de impuestos, los subsidios y subvenciones, sobre todo a los sectores más desvalidos y vulnerables, que son los que tienen una mayor propensión al consumo. Ya se ha vuelto un lugar común la afirmación en el sentido que Colombia esta vez está mejor preparada para resistir el impacto de la crisis de lo que estuvo en las crisis anteriores (la asiática, la rusa o la mexicana). Pero, no hay tal, aparte de que sigue arrastrando con la recurrencia de los déficit gemelos (déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos), no ha podido obtener la calificación inversionista para su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo. Además, Colombia no hizo bien la tarea pendiente: ello se patentiza en el hecho que, a contrario sensu de lo que hicieron otros países, como Chile y Perú, que aprovecharon el boom de sus exportaciones y buenos precios de los productos básicos para disponer de un colchón de seguridad para épocas de crisis, en Colombia en cambio se feriaron alegremente los recursos que se ahorraron a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)2.
En este sentido compartimos con ANIF que “el gobierno (2002 – 2008) ha desperdiciado una oportunidad única para generar mayores ahorros y reducciones de deuda pública. Sólo en el año 2007, el gobierno Central logró un superávit primario del 1% del PIB (frente al 2% requerido) y la deuda bruta total todavía bordeaba un 50% del PIB (a pesar del superávit primario consolidado del 3% en los últimos años)”3. Ahora, cuando se anuncia con bombos y platillos por parte del gobierno un plan de choque por valor de $55 billones, los cuales se invertirían supuestamente en la ejecución de obras de infraestructura, constatamos que el mismo no pasa de ser un remedo de cuanto está haciéndose en otras latitudes. A prima facie el planteamiento resulta plausible, sólo que además de los problemas de financiamiento no resueltos que comporta, como lo afirma Dinero “una parte de esto se venía haciendo y otra parte está por hacerse hace años. Además, aún no está lista para ser ejecutada. Por este motivo, el plan de infraestructura no servirá como medida anticíclica en estos tiempos de crisis”4.
Como si lo anterior fuera poco, ahora el gobierno para soliviantar la voluntad de alcaldes y gobernadores, no sólo radicó un proyecto de Acto legislativo que propende por la reelección indefinida de ellos, sino que en la reciente Cumbre de gobernadores anunció una reforma tributaria territorial que le significará a los contribuyentes $500.000 millones más de impuestos, justo en los momentos cuando lo que se requiere es todo lo contrario, el alivio impositivo para que este contribuya a galvanizar las ventas, que según el DANE tuvieron un descenso del 4.9 % en enero a consecuencia de la pérdida de dinamismo del consumo a partir del último trimestre de 2008 cuando su ritmo de crecimiento pasó al 2% contra el anual contra el 9% del primer trimestre del mismo año. Nada lo justifica, sobre todo en este momento en el que según la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, las entidades territoriales exhiben un holgado superávit. Otro tanto puede afirmarse con respecto al empecinamiento del gobierno en congelar a la baja el precio de la gasolina, en momentos que los precios internacionales del crudo se ha descolgado estruendosamente. Los más de $4 billones que pagarán de más los consumidores por este sobreprecio a la gasolina, que no es más que un impuesto disfrazado, es dinero que se le está sustrayendo al consumo de otros bienes, tanto o más indispensables que el combustible.
Podemos afirmar, entonces, que la política económica del gobierno además de incoherente es errática y errada; contrariamente a lo que dijo el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, la economía colombiana no sólo no está blindada sino que da trazas de encaminarse sin remedio hacia una profunda recesión5. Por ello, comparto la opinión de Dinero en el sentido que para enfrentar con éxito la crisis “hay que empezar por dejar de creer en nuestras propias mentiras y vivir de nuestras ilusiones”6. En economía quien cree que puede engañar a los demás se engaña sin proponérselo a sí mismo, ya es hora de poner los pies en la tierra y actuar en consecuencia.
Bogotá, marzo 21 de 2009
www.amylkaracosta.net
viernes, marzo 20, 2009
Solicitan archivo del proyecto de ley de TICS
Representantes de los sindicatos de Atelca, Sintraemsdes, CUT, Sintremcali y Sintrateléfonos solicitaron al Congreso archivar el proyecto de Ley 340/08 S y 112/07 C sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC. La solicitud se efectuó en un foro, que sobre el tema, promovió el senador Alexánder López Maya. Las organizaciones sindicales afirmaron que la iniciativa está mal enfocada. Consideraron que éste debería tender a preservar la administración estatal del espectro electromagnético, a fortalecer las empresas locales, a la administración estatal de las mismas, no debe acabar los subsidios a estratos 1 2 y 3 y garantizar el acceso de todos los usuarios.
Pese a que representantes del sector empresarial como Andesco y Une reconocieron virtudes en el articulado, afirmaron que son necesarios ajustes que garanticen la competencia en igualdad de condiciones y la neutralidad tecnológica. Así como robustecer el tema de la industria fija nacional.
El senador Alexander López, afirmó en su intervención que el proyecto, como viene de Cámara, está desprovisto de un capítulo para la defensa del usuario y que debe mejorarse en cuanto a la relación entre TICS y el acceso al conocimiento, la educación y la cultura. «Como está el proyecto es un contrato en blanco a las transnacionales», aseveró. Advirtió que la aprobación del proyecto ocasionaría automáticamente un aumento de tarifas en telefonía fija y móvil. Anunció que radicará una ponencia alternativa con elementos que preserven el patrimonio nacional, la soberanía, identidad y protección al usuario.
Aunque también recalcó que sería mejor la presentación de un nuevo proyecto y el archivo del actual. Puntualizó que se requiere una iniciativa que no esté orientada al lucro de las empresas, sino enfocado a la promoción cultural, educativa y al desarrollo. Enfatizó que «Este proyecto compromete también a las generaciones futuras en sus oportunidades culturales, educativas, de identidad y de soberanía a quienes les deberíamos asegurar, por ejemplo, acceso libre a internet».
Por ello aseguró que solicitará un plazo en la comisión Sexta, para que, previo al estudio en primer debate, puedan desarrollarse dos o tres foros mas, que permitan un marco contextual más amplio, previo a la decisión final.
jueves, marzo 19, 2009
Inexequible estatuto rural e infundadas objeciones
• INEXEQUIBLE ESTATUTO RURAL: Examinados los antecedentes y el curso del proyecto que culminó en la Ley 1152 de 2007, la Corte concluyó que en el presente caso no se cumplió con el deber de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, toda vez que (i) al margen de la validez material de los procesos de participación efectuados, estos fueron llevados a cabo en forma inoportuna y por ende, contraria al principio de buena fe previsto en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT ratificado por Colombia; y (ii) no existe evidencia alguna del cumplimiento de procedimientos preconsultivos, a través de los cuales las autoridades gubernamentales y las comunidades tradicionales acordaran las reglas del trámite de consulta previa.
En otro aparte se afirma que para la Corte, es evidente que las normas de dicho Estatuto tienen una relación intrínseca y directa con los intereses de estas comunidades, el cual no se agota en las disposiciones que hacen referencia a estos pueblos, sino que se extiende a la totalidad del texto de la Ley 1152 de 2007, normatividad que desde su inicio ha sido concebida como un régimen integral y sistemático sobre el uso y aprovechamiento de los territorios rurales -habitados en un 70% por dichas comunidades- razón por la cual dicha materia tiene un efecto transversal en todo el ordenamiento legal objeto de análisis.
• INFUNDADAS OBJECIONES EDUCACION ZONAS DIFICIL ACCESO: El Alto tribunal declaró infundadas las objeciones presidenciales al proyecto de ley 065/06-Senado y 206/07 Cámara sobre requisitos para acceder al servicio educativo en zonas de difícil acceso. , la corporación determinó que la decisión del legislador de otorgar una bonificación a los docentes estatales que prestan sus servicios en zonas de difícil acceso, es expresión de la potestad que le adscribe al Congreso el artículo 150.19, literales e) y f) de la Carta Política. Por consiguiente, resultó infundada la objeción basada en la afectación de la autonomía de las entidades territoriales y en consecuencia la norma objetada fue declarada exequible.
En otro aparte se afirma que para la Corte, es evidente que las normas de dicho Estatuto tienen una relación intrínseca y directa con los intereses de estas comunidades, el cual no se agota en las disposiciones que hacen referencia a estos pueblos, sino que se extiende a la totalidad del texto de la Ley 1152 de 2007, normatividad que desde su inicio ha sido concebida como un régimen integral y sistemático sobre el uso y aprovechamiento de los territorios rurales -habitados en un 70% por dichas comunidades- razón por la cual dicha materia tiene un efecto transversal en todo el ordenamiento legal objeto de análisis.
• INFUNDADAS OBJECIONES EDUCACION ZONAS DIFICIL ACCESO: El Alto tribunal declaró infundadas las objeciones presidenciales al proyecto de ley 065/06-Senado y 206/07 Cámara sobre requisitos para acceder al servicio educativo en zonas de difícil acceso. , la corporación determinó que la decisión del legislador de otorgar una bonificación a los docentes estatales que prestan sus servicios en zonas de difícil acceso, es expresión de la potestad que le adscribe al Congreso el artículo 150.19, literales e) y f) de la Carta Política. Por consiguiente, resultó infundada la objeción basada en la afectación de la autonomía de las entidades territoriales y en consecuencia la norma objetada fue declarada exequible.
Aprobado proyecto que deroga impuesto a favor de Cedelca
La comisión Tercera de Cámara aprobó en primer debate el pl. 255/09 C por la cual se derogan las leyes 178 de 1959 y la Ley 980 de 2005 que proveían inyección de recursos a favor a las Centrales Eléctricas del Cauca, Cedelca, mediente el cobro de un impuesto con destinación específica y a favor de un privado. La iniciativa de autoría y ponencia del representante Felipe Fabián Orozco se aprobó por unanimidad en la comisión y sin modificaciones.
El objetivo del proyecto es corregir la orientación de recursos públicos a dicha entidad privada, que se viene generando a través de un gravámen que pagan los usuarios del Cauca a través de sus facturas de energía. El proyecto recibió aval del ministerio de Hacienda debido a que se considera que, a la luz de la Constitución del 91, es altamente inconveniente que una entidad privada recaude y administre recursos públicos y además los incorpore a sus rendimientos privados. Para los congresistas del Cauca no resultó visible la inversión en mejora de cobertura y calidad del servicio que debía haberse ofrecido a los usuarios de ese departamento. Conceptuaron, por el contrario, que arrojó un valor más alto en tarifas para los colombianos de esa región del país.
El proyecto pasa a consideración de plenaria de Cámara en las próximas semanas.
El objetivo del proyecto es corregir la orientación de recursos públicos a dicha entidad privada, que se viene generando a través de un gravámen que pagan los usuarios del Cauca a través de sus facturas de energía. El proyecto recibió aval del ministerio de Hacienda debido a que se considera que, a la luz de la Constitución del 91, es altamente inconveniente que una entidad privada recaude y administre recursos públicos y además los incorpore a sus rendimientos privados. Para los congresistas del Cauca no resultó visible la inversión en mejora de cobertura y calidad del servicio que debía haberse ofrecido a los usuarios de ese departamento. Conceptuaron, por el contrario, que arrojó un valor más alto en tarifas para los colombianos de esa región del país.
El proyecto pasa a consideración de plenaria de Cámara en las próximas semanas.
miércoles, marzo 18, 2009
"Referendo del agua no es necesario, no es viable y crea privilegios"
Así se expresó el viceministro encargado de Medio Ambiente ante la comisión Primera de Cámara que ayer escuchó al vocero del referendo y algunos funcionarios estatales. Al inicio de la sesión se generó un impasse dado que el representante Nicolás Uribe radicó una propuesta de aplazamiento, hasta tanto se hiciere llegar a la comisión una certificación de las autoridades electorales que constara que se había cumplido con los requisitos para la solicitud de ese referendo, incluyendo los estados financieros en regla. En la sesión se leyó dicho documento y la sesión siguió su curso permitiendo al vocero Rafael Colmenares la fundamentación de la propuesta apoyada por dos millones de ciudadanos. Cuando fue el turno del Gobierno, las intervenciones fueron contundentes:
El ministro de Medio Ambiente (e) Miguel Peñaloza, sustentó que la iniciativa afecta la inversión social al reducir los recursos, dada la gratuidad generalizada que propone la iniciativa. Explicó que para los sectores más vulnerables ya existe gratuidad y aplicarla de manera generalizada es regresiva. El funcionario dijo que otro punto reprochable es que acaba los subsidios cruzados e impone toda la carga al Estado. Otro punto rechazado fue la transformación de empresas de servicio público en entidades sin ánimo de lucro. De otro lado el ministro dijo que frente a las comunidades indígenas se considera que el proyecto genera privilegios inadecuados.
La superintendente de servicios Públicos, Evamaría Uribe, sustentó que el proyecto acaba con la cultura, ya ganada, de racionalización del recurso hídrico. Afirmó que no es cierto que el Estado sea el mejor empresario para el caso de la prestación de servicios públicos. Destacó la financiación como el punto mas relevante de discusión y calculó la aplicación de la iniciativa en el caso del mínimo vital en recursos adicionales de 1.4 billones de pesos para todos los estratos y 1.2 billones para los estratos 1, 2 y 3. Una falencia grave que detectó la funcionaria es que, en las cuentas de los promotores del referendo, no se tuvo en cuenta el esquema tarifario del alcantarillado. Coincidió con el ministro en que la aplicación del referendo mina sensiblemente los recursos para inversión en el sector que garantizan calidad y ampliación de cobertura.
El debate sobre el tema continúa hoy en la comisión Primera de Cámara.
El ministro de Medio Ambiente (e) Miguel Peñaloza, sustentó que la iniciativa afecta la inversión social al reducir los recursos, dada la gratuidad generalizada que propone la iniciativa. Explicó que para los sectores más vulnerables ya existe gratuidad y aplicarla de manera generalizada es regresiva. El funcionario dijo que otro punto reprochable es que acaba los subsidios cruzados e impone toda la carga al Estado. Otro punto rechazado fue la transformación de empresas de servicio público en entidades sin ánimo de lucro. De otro lado el ministro dijo que frente a las comunidades indígenas se considera que el proyecto genera privilegios inadecuados.
La superintendente de servicios Públicos, Evamaría Uribe, sustentó que el proyecto acaba con la cultura, ya ganada, de racionalización del recurso hídrico. Afirmó que no es cierto que el Estado sea el mejor empresario para el caso de la prestación de servicios públicos. Destacó la financiación como el punto mas relevante de discusión y calculó la aplicación de la iniciativa en el caso del mínimo vital en recursos adicionales de 1.4 billones de pesos para todos los estratos y 1.2 billones para los estratos 1, 2 y 3. Una falencia grave que detectó la funcionaria es que, en las cuentas de los promotores del referendo, no se tuvo en cuenta el esquema tarifario del alcantarillado. Coincidió con el ministro en que la aplicación del referendo mina sensiblemente los recursos para inversión en el sector que garantizan calidad y ampliación de cobertura.
El debate sobre el tema continúa hoy en la comisión Primera de Cámara.
martes, marzo 17, 2009
Cúmulo de proposiciones aprobó Senado
Una gran cantidad de proposiciones fueron radicadas ayer por senadores, de distintas vertientes, ante la Plenaria del Senado de la República. La mayoría, referidas al tema de la crisis económica mundial y su impacto en Colombia. Senadores como Cecilia López, Camilo Sánchez, Jorge Robledo, Gustavo Petro, Jaime Dussan, María Isabel Mejía radicaron citaciones a las autoridades económicas para que se debata acerca de la situación real de la economía doméstica y la influencia de la crisis mundial. Un tema destacable fue la citación al ministro de Defensa y al director del DAS acerca del tema de interceptaciones telefónicas planteada por Gustavo Petro. El senador Jairo Clopatofsky planteó otro debate sobre los hallazgos en los computadores de Raúl Reyes.
Frente al tema energético se aprobaron dos citaciones. Una de los senadores Luis Fernando Velasco y Hugo Serrano frente al precio de los combustibles y la incidencia en el precio de la fluctuación del barril del crudo. Otra, fue de la senadora María Isabel Mejía con citación al ministro de Minas y al Presidente de Ecopetrol sobre la problemática con la empresa Glencore.
Un tema adicional tocado por varios senadores fue la aplicación de la sentencia que obligó a equiparar el sistema subsidiado de salud con el sistema contributivo. Senadores como Jorge Ballesteros, Iván Moreno y Alfonso Angarita recalcaron el punto.
Ante semejante maremagnum de proposiciones, el Presidente del Senado, Hernán Andrade, citó anoche mismo una reunión con voceros de bancadas, a fin de diseñar una agenda temática de prioridades por bancadas.
lunes, marzo 16, 2009
Minprotección radicó nuevo proyecto sobre juegos de suerte y azar
La nueva iniciativa pretende suplir el proyecto de Ley que sorpresivamente fue archivado por la plenaria de Cámara, en último debate. La iniciativa quedó signada con el número 265/09 Cámara y repartido a la comisión Tercera de Cámara.
El proyecto tiene sólo diez artículos y se espera la realización de foros previos a la presentación de la ponencia para primer debate. Se habla también de mensaje de urgencia para el mismo.
El proyecto tiene sólo diez artículos y se espera la realización de foros previos a la presentación de la ponencia para primer debate. Se habla también de mensaje de urgencia para el mismo.
viernes, marzo 13, 2009
Sancionadas tres nuevas Leyes
En primer lugar, fue sancionada la Ley 1289 por medio de la cual se modifica el artículo 42 de la Ley 30 de 1971 y se dictan otras disposiciones. Esta norma modifica el destino de los recaudos del impuesto a las cajetillas de cigarrillos. De ese modo, el impuesto será recaudado por las tesorerías de las entidades territoriales y entregado mensualmente a los Institutos Deportivos de cada una de las regiones. A su vez, tales Institutos Deportivos Territoriales distribuirán el 30% de ese recaudo en los municipios de su jurisdicción, para la realización de proyectos y programas específicos correspondientes al sector deporte.De otro lado se sancionó la Ley 1290 por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los 304 años de la fundación del municipio de Valle de San Juan en el departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. En esta norma se autorizan las siguientes obras: a) Construcción del Centro de Acopio Municipal; Pavimentación de la vía Valle de San Juan - La Manga; Construcción de Baterías Sanitarias rurales; Reforma Agraria en convenio con el respectivo municipio; Recuperación del Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, en el Cerro del Sapo - Vereda Tierras Blancas.
Finalmente, la Ley 1291 declara como patrimonio cultural de la nación el festival internacional de poesía de Medellín y se dictan otras disposiciones. Esta norma determina que el costo total y la ejecución de las obras sociales y culturales de interés general, para el cabal cumplimiento de la Ley, no podrán ser inferiores al equivalente de (600) salarios mínimos legales y se financiarán con recursos del Presupuesto Nacional.
jueves, marzo 12, 2009
Empresas de servicios públicos no pueden cobrar multas
La principal consecuencia de la Sentencia SU1010/08 consiste en ordenar a las empresas de servicios públicos domiciliarios (accionadas en los procesos), que tras la notificación de la sentencia, eliminar de las cuentas de los usuarios los valores allí consignados que figuren a título de sanción e intereses de mora, o a cualquier otro que tenga la misma connotación jurídica de éstos.
Adicionalmente, en la citada sentencia ordena que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la providencia, las empresas de servicios públicos deben reliquidar las cuentas de los accionantes que se hicieron parte dentro de los procesos de tutela, incluyendo en esas liquidaciones únicamente lo correspondiente a los cobros por concepto de servicio consumido y no facturado.
Para tales efectos, la nueva resolución de cobro que se expida a los usuarios deberá contener los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión, así como la fórmula utilizada para calcular el valor correspondiente y el cálculo del mismo. En dichas liquidaciones no se podrán incluir cobros a título de sanción o de intereses de mora sobre las sumas que se adeuden por concepto de servicio consumido y dejado de facturar. Se especifica que una vez llevadas a cabo las respectivas reliquidaciones, para efectos del cobro del servicio prestado y no facturado, las empresas de servicios públicos demandadas deberán presentar a los usuarios alternativas de pago que consulten su capacidad económica.
De otro lado, para dar cumplimiento a la Sentencia Unificadora SU-1010 de 2008 de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Servicios Públicos expidió la resolución 04765 del 24 de febrero de 2009, en donde se informa a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, que les queda «terminantemente prohibido imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios» y que «deben abstenerse de cobrar aquellas sanciones que con anterioridad hayan impuesto y que no se hayan pagado, cualquiera sea el estado en que se encuentre el cobro de dichas obligaciones».
Adicionalmente, en la citada sentencia ordena que dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la providencia, las empresas de servicios públicos deben reliquidar las cuentas de los accionantes que se hicieron parte dentro de los procesos de tutela, incluyendo en esas liquidaciones únicamente lo correspondiente a los cobros por concepto de servicio consumido y no facturado.
Para tales efectos, la nueva resolución de cobro que se expida a los usuarios deberá contener los fundamentos técnicos y jurídicos de la decisión, así como la fórmula utilizada para calcular el valor correspondiente y el cálculo del mismo. En dichas liquidaciones no se podrán incluir cobros a título de sanción o de intereses de mora sobre las sumas que se adeuden por concepto de servicio consumido y dejado de facturar. Se especifica que una vez llevadas a cabo las respectivas reliquidaciones, para efectos del cobro del servicio prestado y no facturado, las empresas de servicios públicos demandadas deberán presentar a los usuarios alternativas de pago que consulten su capacidad económica.
De otro lado, para dar cumplimiento a la Sentencia Unificadora SU-1010 de 2008 de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Servicios Públicos expidió la resolución 04765 del 24 de febrero de 2009, en donde se informa a todas las empresas prestadoras de servicios públicos, que les queda «terminantemente prohibido imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios» y que «deben abstenerse de cobrar aquellas sanciones que con anterioridad hayan impuesto y que no se hayan pagado, cualquiera sea el estado en que se encuentre el cobro de dichas obligaciones».
miércoles, marzo 11, 2009
Aprobado Conpes "Autopista Ruta del Sol"
El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, dio vía libre a la ejecución del proyecto vial "Autopista Ruta del Sol", que requerirá aportes estatales por 7.5 billones de pesos de 2008.
La obra contempla la construcción de una segunda calzada en los tramos Puerto Salgar -San Roque -Yé de Ciénaga y Bosconia -Valledupar y la construcción de una nueva vía en doble calzada, en la zona de cruce de la Cordillera Central, entre Villeta y el sitio denominado El Korán, ubicado 7 kilómetros al norte de Puerto Salgar; iniciativa que busca solucionar el problema de capacidad que tiene la actual ruta.
Así mismo, el proyecto incluye la ejecución de actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía existente entre Puerto Salgar y Yé de Ciénaga y entre Carmen de Bolívar y Valledupar, con el objetivo de mejorar la transitabilidad la vía, aumentando la velocidad de diseño a 100 kilómetros por hora. La realización de los proyectos requiere de la autorización de vigencias futuras para cada sector con el fin de comprometer los recursos de las vigencias fiscales entre los años 2011 y 2025.
La obra contempla la construcción de una segunda calzada en los tramos Puerto Salgar -San Roque -Yé de Ciénaga y Bosconia -Valledupar y la construcción de una nueva vía en doble calzada, en la zona de cruce de la Cordillera Central, entre Villeta y el sitio denominado El Korán, ubicado 7 kilómetros al norte de Puerto Salgar; iniciativa que busca solucionar el problema de capacidad que tiene la actual ruta.
Así mismo, el proyecto incluye la ejecución de actividades de rehabilitación y mejoramiento de la vía existente entre Puerto Salgar y Yé de Ciénaga y entre Carmen de Bolívar y Valledupar, con el objetivo de mejorar la transitabilidad la vía, aumentando la velocidad de diseño a 100 kilómetros por hora. La realización de los proyectos requiere de la autorización de vigencias futuras para cada sector con el fin de comprometer los recursos de las vigencias fiscales entre los años 2011 y 2025.
martes, marzo 10, 2009
Convenio EEB y Gobierno del Perú
Con la suscripción del contrato entre la Empresa de Energía de Bogotá y el Ministerio de Minas y Energía del Perú, se oficializó la inversión de 200 millones de dólares por parte del grupo de energía capitalino para la construcción de un gasoducto, que llegará a más de 5.000 hogares peruanos. El contrato fue suscrito por Mónica de Greiff, presidenta de la EEB, y Pedro Sánchez, ministro de Minas y Energía del Perú, en el desierto de Umai. Estuvieron presentes Alán García, presidente del Perú, y Samuel Moreno Rojas, alcalde Mayor de Bogotá y presidente de la Junta Directiva de la EEB. El gasoducto de 280 kilómetros se extenderá desde el desierto hasta cinco municipios del departamento de ICA, que incluyen Nasca y Pisco. La EEB es la accionista mayoritaria de TGI, participa en Colombia con el 51,5 por ciento en Codensa y Emgesa, y tiene el 25 por ciento de acciones en Gas Natural y el 28 por ciento en la Transportadora Colombiana de Gas.
lunes, marzo 09, 2009
Aprovechamiento minero y desarrollo responsable
Por: Hernán Martínez Torres
Ministro de Minas y Energía
Colombia es un país minero, y la política minera se sustenta hoy en día en el desarrollo responsable: empresarios mineros cumpliendo con la normatividad en seguridad social e industrial, responsabilidad social empresarial y ejecución de actividades bajo un concepto de desarrollo sostenible, donde el tema ambiental cobra una vital importancia.
Antes de la Constitución Política de 1991 el derecho ambiental no se consideraba fundamental en Colombia, si bien existían prohibiciones absolutas para desarrollar la actividad minera en áreas de parques naturales y otras áreas, la delimitación requería los estudios técnicos respectivos. La carta política garantiza el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, pero impone la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, sin prohibir la actividad minera. Por lo tanto, la lectura de la Constitución acerca del derecho fundamental al medio ambiente sano, se tiene que interpretar integralmente con el reconocimiento de la riqueza del subsuelo y el concepto de desarrollo sostenible.
En la Ley 99 de 1993 o Ley Ambiental, se asigna como función del Ministerio de Medio Ambiente “reservar, alinderar y sustraer las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales”. La expresión “sustraer” fue declarada inexequible en 1997 por la Corte Constitucional, dándole el carácter de inmodificable a las áreas declaradas como parques nacionales naturales.
El Código de Minas establece el sistema de parques como zona prohibida para la actividad minera, sin posibilidad de sustracción, siempre y cuando se delimiten geográficamente por la Autoridad Ambiental con base en estudios técnicos sociales y ambientales con colaboración de la Autoridad Minera en las áreas de interés minero. Por lo tanto, en forma expresa en el año 2001 en el área de parques se consagra una prohibición absoluta de actividades mineras, y frente a ello la autoridad minera ha sido consecuente.
Referente a las áreas de Reserva Forestal, dice la norma que para ser excluidas de la minería, la Autoridad Ambiental y la Minera deben delimitarlas con base en estudios técnicos, sociales y ambientales. Difiere con el sistema de parques ya que estas áreas sí son susceptibles de ser sustraídas, como en la Mina La Colosa.
Hoy en día el principal sistema de áreas de reserva forestal proviene de la Ley 2ª de 1959, que delimitó 65 millones de Hectáreas pero la misma ley dispuso que se realizarían los estudios técnicos para reducir dicha reserva a las áreas que realmente ameritaran dicha protección, sin que hoy 50 años después el la autoridad competente, hubiera iniciado las gestiones respectivas.
De dicha reserva se han sustraído cerca de 13 millones para reforma agraria. Esas áreas declaradas como reserva forestal son las principales zonas de interés minero y petrolero del país. Enfrentamos un dilema cuya solución está en realizar la actividad minera de manera responsable y con base en el principio de desarrollo sostenible.
En los últimos 50 años ha venido dándose una gran intervención en las áreas de ley 2a por actividades agrícolas, ganaderas y urbanas, lo que indica que la reserva ha perdido su vocación forestal y no por la actividad minera. Dadas las condiciones actuales de la reserva forestal declarada por la ley 2ª, se requiere la urgente redelimitación pues amenaza con paralizar las actividades mineras y petroleras en el país.
Señalar a la actividad minera como única responsable de la gran intervención en áreas de reserva forestal está lejos de la realidad. No se trata de escoger entre minería y desarrollo económico o medio ambiente, cuando un equilibrio razonable entre ambos es necesario y ésta es la decisión del actual Gobierno.
Sancionada Ley de inteligencia
Fue sancionada este viernes. Se trata de la Ley 1288, por la cual se expiden normas para fortalecer el marco legal que permite a los organismos, que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, cumplir con su misión constitucional y legal y se dictan otras disposiciones.
La Ley introduce todo un sistema de controles internos y externos a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, impone que cada operación debe recibir autorizaciones, pasando por la revisión interna de los respectivos inspectores y oficinas de control interno sobre su buen funcionamiento. Así mismo prevé control externo parlamentario a la actividad de inteligencia.
En otro aparte, la norma obliga a la creación de centros de protección de datos que aseguren la debida salvaguardia de la información recaudada, garantizando el derecho de cada ciudadano a su intimidad, buen nombre y honra, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional.
Con respecto al tema de interceptación de comunicaciones, la ley ratifica lo dispuesto en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal, en el sentido de requerirse la orden judicial previa.
La Ley introduce todo un sistema de controles internos y externos a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, impone que cada operación debe recibir autorizaciones, pasando por la revisión interna de los respectivos inspectores y oficinas de control interno sobre su buen funcionamiento. Así mismo prevé control externo parlamentario a la actividad de inteligencia.
En otro aparte, la norma obliga a la creación de centros de protección de datos que aseguren la debida salvaguardia de la información recaudada, garantizando el derecho de cada ciudadano a su intimidad, buen nombre y honra, como lo ha dispuesto la Corte Constitucional.
Con respecto al tema de interceptación de comunicaciones, la ley ratifica lo dispuesto en la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal, en el sentido de requerirse la orden judicial previa.
viernes, marzo 06, 2009
Sancionada Ley para facilidad de personas con movilidad reducida
Con el fin de garantizar la movilidad de las personas con algún grado de discapacidad, las autoridades municipales y distritales autorizarán la construcción de las bahías de estacionamiento y dispondrán en los sitios donde ellas existan. Así lo establece la ley 1287 que acaba de ser sancionada por el Presidente Uribe.
De acuerdo con la norma, en ningún caso podrá haber menos de un espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad. Aplica a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios públicos y privados.
Según la Ley sancionada, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Transporte, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en la nueva ley.
De acuerdo con la norma, en ningún caso podrá haber menos de un espacio habilitado, debidamente señalizado con el símbolo internacional de accesibilidad. Aplica a hospitales, clínicas, instituciones prestadoras de salud, instituciones financieras, centros comerciales, supermercados, empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, parques, unidades residenciales, nuevas urbanizaciones, edificaciones destinadas a espectáculos públicos, unidades deportivas, autocinemas, centros educativos, edificios públicos y privados.
Según la Ley sancionada, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Transporte, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en la nueva ley.
jueves, marzo 05, 2009
Mininterior determinó agenda legislativa
El Ministro y los Viceministros del Interior, Viviana Manrique, y de Justicia, Miguel Ceballos, sostuvieron una reunión informativa con senadores y representantes de las Comisiones Primeras del Congreso. Les presentaron los proyectos de autoría del Ministerio que están en tránsito o que van a ser presentados en la siguiente legislatura. Entre los temas destacados están: penalización pirámides, principio de oportunidad, relección alcaldes y gobernadores, reforma política, descongestión judicial, arancel judicial, entre otros.
1. DOSIS MÍNIMA
Aspectos Principales
• Contempla la creación de “Tribunales de Tratamiento de Drogas” que buscarán hacer el balance en la atención médica que requieren los adictos sin que eso implique legalizar el consumo.
• La sanción, dependiendo de la gravedad de la ofensa, sería terapéutica: tratamiento médico en un establecimiento público especializado, pero con privación temporal de la libertad. En los delitos graves se cumpliría la pena normal y el tratamiento de desintoxicación sería obligatorio.
2. ACTO LEGISLATIVO DE REELECCIÓN DE ALCALDES Y GOBERNADORES
Aspectos Principales
• Reelección inmediata de Alcaldes y Gobernadores. Autonomía para la contratación
• Categorización de Municipios y diferenciación de regímenes jurídicos
• Municipios “costo cero”
• Asociatividad municipal. Personerías regionales
3. REFORMA POLÍTICA (I-C)
Objetivos
• Erradicar las mafias y la delincuencia de la actividad política, estableciendo un régimen sancionatorio a los partidos y a los integrantes que incurran en alianzas con organizaciones criminales
• Fortalecimiento de los partidos a través de su democratización interna, una mayor responsabilidad en la selección de sus aspirantes y en la financiación de sus campañas.
4. DESCONGESTIÓN JUDICIAL (I-S)
• Se dará prioridad a la creación y puesta en funcionamiento de los juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple.
• Se les atribuye a estos juzgados, en materia civil, competencia para conocer en única instancia de los procesos contenciosos y de los de sucesión de mínima cuantía. El límite de ésta se establece, para el efecto, en 22 salarios mínimos legales mensuales, lo que representa un valor aproximado de diez millones de pesos ($10.000.000).
5. ARANCEL JUDICIAL (III-C)
Aspectos Principales
• Arancel judicial, establecido a favor de la rama judicial y debe ser pagado por los demandantes en los procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos.
• La tarifa, que es del 2% del valor pagado, cuando haya terminado el proceso y en los casos donde el proceso termina anticipadamente, la tarifa es del 1%.
• Destinado a asumir gastos de inversión y funcionamiento del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
6. INHABILIDADES FAMILIARES DE CONCEJALES (P-C)
• Restablece la inhabilidad para contratar con el respectivo municipio, a los familiares de concejales dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil para municipios de primera, segunda y tercera categoría.
• Para aquellos de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil
7. RÉGIMEN DEPARTAMENTAL
Objetivos
• Prevé que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda reglamentará el recaudo y la administración de los tributos, tasas y sobretasas a tributos existentes en el ordenamiento jurídico.
• Promueve la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.
• La moción de censura es el acto por el cual la Asamblea Departamental por decisión de no menos de la tercera parte de sus integrantes, reprocha asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea, de uno o varios secretarios departamentales.
• Funciones nuevas para los gobernadores:
Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.
8. FALTAS GRAVISIMAS D.A.S. (I-S)
Objeto Eleva a categoría de gravísima, algunas faltas disciplinarias como:
• Abstenerse de registrar hechos que el deber le impone por razón del servicio.
• Permitir, suministrar información, o utilizar los medios de identificación y/o bienes de la institución para un fin contrario al orden jurídico.
• Tomar parte, propiciar o facilitar acciones contra la fuerza pública o instituciones del Estado.
• Utilizar durante el desempeño del cargo, el porte de instrumentos de trabajo bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas.
• Omitir la realización de ciertos procedimientos administrativos sin el lleno de los requisitos legales.
9. CARRERA ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS D.A.S. (I- S)
Regular los aspectos más relevantes del sistema de carrera en el DAS acorde con la naturaleza y especificidad de la función que cumple. Lograr un fortalecimiento institucional a través de una reorganización interna que incluya mejoramiento de los procesos de selección, permanencia y retiro del servicio de talento humano que sirva de soporte a la política de seguridad del Estado y sea potenciador de la Gobernabilidad Nacional.
10. CÓDIGO DE POLICÍA (I-C)
Regula el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, el desarrollo del poder, la función y actividad de policía de acuerdo con la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, la Ley y los reglamentos, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la asegurar el orden público, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
11. DEMOCRATIZACIÓN CLUBES DEPORTIVOS (VII-S)
Objetivos
• Conversión obligatoria de los clubes de fútbol profesional en sociedades anónimas de carácter mercantil, situación que permite la creación de derechos patrimoniales a favor de los accionistas, otorga atribuciones administrativas para los mismos, permite el ingreso al mercado público de valores y la sujeción de las sociedades a los principios y normas que rigen la contabilidad de los comerciantes, entre otras.
12. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (P-C)
Crear herramientas jurídicas que permitan aplicar el principio de oportunidad a quienes en calidad de autores, participes y miembros de bandas criminales organizadas hayan participado en comisión de conductas punibles, buscan desarticular estas organizaciones.
13. BENEFICIO POR COLABORACIÓN (I-C)
• Establece un trámite abreviado para la extinción de bienes que sean entregados de forma voluntaria y prevé el beneficio de una vivienda para la persona que así obre o sus familiares.
• El beneficio que se otorgue con ocasión del sometimiento al trámite abreviado de extinción oscilará entre el 0.1 y 5% del valor total de los bienes efectivamente entregados.
• Quien pretenda acogerse al beneficio que consagra esta ley podrá solicitar la celebración de un acuerdo de entrega voluntaria de bienes para que se profiera sentencia anticipada de extinción del dominio.
14. EXTINCIÓN DE DOMINIO (I-C)
El proyecto establece la enajenación preferente, esto es, la DNE debe enajenar los bienes que tenga bajo su administración, incautados o en comiso de forma preferente antes que asumir la administración, desde el momento en que los recibe materialmente y las medidas cautelares sobre el bien se trasladaran al producto de la enajenación de estos. El dinero producto de la enajenación ingresará a la subcuenta del FRISCO, administrado por el Director de Estupefacientes.
15. TERCERIZACIÓN CARCELES (I-S)
Aspectos Principales
• Asigna la vigilancia externa de los centros de reclusión a la Fuerza Pública y organismos de seguridad.
• Garantiza que el personal de custodia y vigilancia, cuente con total disponibilidad para cumplir sus funciones en cualquiera de los 140 establecimientos penitenciarios y carcelarios que administra el INPEC, de tal manera que sea posible su traslado de acuerdo con las necesidades del servicio o en consideración a situaciones especiales de seguridad, por ser autoridades civiles.
• Introduce la figura del retiro discrecional del personal de custodia y vigilancia de carrera, por voluntad del Director General del INPEC
16. PROTECCION A SINDICALISTAS (I-S)
Prescripción de la Pena: Se fija en 60 años para el caso de homicidio de miembro de organización sindical.
Agravación: Se introduce como causal de agravación punitiva, el ser cometido contra sindicalistas, en los siguientes delitos:
Homicidio
Desaparición Forzada
Secuestro Extorsivo
Multa: Fija multa por perturbación de reunión sindical en 100 a 300 SMLMV.
Amenazas: Incluye a sindicalistas en aumento de penas cuando este delito recayere sobre ellos.
17. PIRÁMIDES (P-S)
Endurecer la sanción penal del delito de captación masiva ilegal con el propósito de desestimular la comisión del mismo de manera contundente.
Endurece la pena de captación masiva y habitual de dineros incurriendo en prisión de sesenta y uno (61) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos.
Sanciona duramente la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo incurriendo en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho 108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos.
18. DELITOS MENORES (I-C)
Objetivo
Implementar un procedimiento especial para el tratamiento de los delitos menores, diferente al contemplado en la ley 906 de 2004, contemplando penas alternativas a la privativa de la libertad (trabajo social no remunerado).
1. DOSIS MÍNIMA
Aspectos Principales
• Contempla la creación de “Tribunales de Tratamiento de Drogas” que buscarán hacer el balance en la atención médica que requieren los adictos sin que eso implique legalizar el consumo.
• La sanción, dependiendo de la gravedad de la ofensa, sería terapéutica: tratamiento médico en un establecimiento público especializado, pero con privación temporal de la libertad. En los delitos graves se cumpliría la pena normal y el tratamiento de desintoxicación sería obligatorio.
2. ACTO LEGISLATIVO DE REELECCIÓN DE ALCALDES Y GOBERNADORES
Aspectos Principales
• Reelección inmediata de Alcaldes y Gobernadores. Autonomía para la contratación
• Categorización de Municipios y diferenciación de regímenes jurídicos
• Municipios “costo cero”
• Asociatividad municipal. Personerías regionales
3. REFORMA POLÍTICA (I-C)
Objetivos
• Erradicar las mafias y la delincuencia de la actividad política, estableciendo un régimen sancionatorio a los partidos y a los integrantes que incurran en alianzas con organizaciones criminales
• Fortalecimiento de los partidos a través de su democratización interna, una mayor responsabilidad en la selección de sus aspirantes y en la financiación de sus campañas.
4. DESCONGESTIÓN JUDICIAL (I-S)
• Se dará prioridad a la creación y puesta en funcionamiento de los juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple.
• Se les atribuye a estos juzgados, en materia civil, competencia para conocer en única instancia de los procesos contenciosos y de los de sucesión de mínima cuantía. El límite de ésta se establece, para el efecto, en 22 salarios mínimos legales mensuales, lo que representa un valor aproximado de diez millones de pesos ($10.000.000).
5. ARANCEL JUDICIAL (III-C)
Aspectos Principales
• Arancel judicial, establecido a favor de la rama judicial y debe ser pagado por los demandantes en los procesos civiles, comerciales y contencioso administrativos.
• La tarifa, que es del 2% del valor pagado, cuando haya terminado el proceso y en los casos donde el proceso termina anticipadamente, la tarifa es del 1%.
• Destinado a asumir gastos de inversión y funcionamiento del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia.
6. INHABILIDADES FAMILIARES DE CONCEJALES (P-C)
• Restablece la inhabilidad para contratar con el respectivo municipio, a los familiares de concejales dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil para municipios de primera, segunda y tercera categoría.
• Para aquellos de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas se aplicarán únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil
7. RÉGIMEN DEPARTAMENTAL
Objetivos
• Prevé que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda reglamentará el recaudo y la administración de los tributos, tasas y sobretasas a tributos existentes en el ordenamiento jurídico.
• Promueve la conformación de asociaciones entre entidades territoriales.
• La moción de censura es el acto por el cual la Asamblea Departamental por decisión de no menos de la tercera parte de sus integrantes, reprocha asuntos relacionados con las funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones de la asamblea, de uno o varios secretarios departamentales.
• Funciones nuevas para los gobernadores:
Celebrar convenios interadministrativos con la Nación para asumir por delegación diversas competencias de gestión administrativa y fiscal del nivel nacional, según las diferentes capacidades seccionales para asumir estas tareas.
8. FALTAS GRAVISIMAS D.A.S. (I-S)
Objeto Eleva a categoría de gravísima, algunas faltas disciplinarias como:
• Abstenerse de registrar hechos que el deber le impone por razón del servicio.
• Permitir, suministrar información, o utilizar los medios de identificación y/o bienes de la institución para un fin contrario al orden jurídico.
• Tomar parte, propiciar o facilitar acciones contra la fuerza pública o instituciones del Estado.
• Utilizar durante el desempeño del cargo, el porte de instrumentos de trabajo bajo el influjo de bebidas alcohólicas o drogas.
• Omitir la realización de ciertos procedimientos administrativos sin el lleno de los requisitos legales.
9. CARRERA ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS D.A.S. (I- S)
Regular los aspectos más relevantes del sistema de carrera en el DAS acorde con la naturaleza y especificidad de la función que cumple. Lograr un fortalecimiento institucional a través de una reorganización interna que incluya mejoramiento de los procesos de selección, permanencia y retiro del servicio de talento humano que sirva de soporte a la política de seguridad del Estado y sea potenciador de la Gobernabilidad Nacional.
10. CÓDIGO DE POLICÍA (I-C)
Regula el ejercicio de los derechos y libertades públicas, el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas, el desarrollo del poder, la función y actividad de policía de acuerdo con la Constitución Política, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado Colombiano, la Ley y los reglamentos, con el fin de asegurar las condiciones necesarias para la asegurar el orden público, la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
11. DEMOCRATIZACIÓN CLUBES DEPORTIVOS (VII-S)
Objetivos
• Conversión obligatoria de los clubes de fútbol profesional en sociedades anónimas de carácter mercantil, situación que permite la creación de derechos patrimoniales a favor de los accionistas, otorga atribuciones administrativas para los mismos, permite el ingreso al mercado público de valores y la sujeción de las sociedades a los principios y normas que rigen la contabilidad de los comerciantes, entre otras.
12. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (P-C)
Crear herramientas jurídicas que permitan aplicar el principio de oportunidad a quienes en calidad de autores, participes y miembros de bandas criminales organizadas hayan participado en comisión de conductas punibles, buscan desarticular estas organizaciones.
13. BENEFICIO POR COLABORACIÓN (I-C)
• Establece un trámite abreviado para la extinción de bienes que sean entregados de forma voluntaria y prevé el beneficio de una vivienda para la persona que así obre o sus familiares.
• El beneficio que se otorgue con ocasión del sometimiento al trámite abreviado de extinción oscilará entre el 0.1 y 5% del valor total de los bienes efectivamente entregados.
• Quien pretenda acogerse al beneficio que consagra esta ley podrá solicitar la celebración de un acuerdo de entrega voluntaria de bienes para que se profiera sentencia anticipada de extinción del dominio.
14. EXTINCIÓN DE DOMINIO (I-C)
El proyecto establece la enajenación preferente, esto es, la DNE debe enajenar los bienes que tenga bajo su administración, incautados o en comiso de forma preferente antes que asumir la administración, desde el momento en que los recibe materialmente y las medidas cautelares sobre el bien se trasladaran al producto de la enajenación de estos. El dinero producto de la enajenación ingresará a la subcuenta del FRISCO, administrado por el Director de Estupefacientes.
15. TERCERIZACIÓN CARCELES (I-S)
Aspectos Principales
• Asigna la vigilancia externa de los centros de reclusión a la Fuerza Pública y organismos de seguridad.
• Garantiza que el personal de custodia y vigilancia, cuente con total disponibilidad para cumplir sus funciones en cualquiera de los 140 establecimientos penitenciarios y carcelarios que administra el INPEC, de tal manera que sea posible su traslado de acuerdo con las necesidades del servicio o en consideración a situaciones especiales de seguridad, por ser autoridades civiles.
• Introduce la figura del retiro discrecional del personal de custodia y vigilancia de carrera, por voluntad del Director General del INPEC
16. PROTECCION A SINDICALISTAS (I-S)
Prescripción de la Pena: Se fija en 60 años para el caso de homicidio de miembro de organización sindical.
Agravación: Se introduce como causal de agravación punitiva, el ser cometido contra sindicalistas, en los siguientes delitos:
Homicidio
Desaparición Forzada
Secuestro Extorsivo
Multa: Fija multa por perturbación de reunión sindical en 100 a 300 SMLMV.
Amenazas: Incluye a sindicalistas en aumento de penas cuando este delito recayere sobre ellos.
17. PIRÁMIDES (P-S)
Endurecer la sanción penal del delito de captación masiva ilegal con el propósito de desestimular la comisión del mismo de manera contundente.
Endurece la pena de captación masiva y habitual de dineros incurriendo en prisión de sesenta y uno (61) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos.
Sanciona duramente la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo incurriendo en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho 108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos.
18. DELITOS MENORES (I-C)
Objetivo
Implementar un procedimiento especial para el tratamiento de los delitos menores, diferente al contemplado en la ley 906 de 2004, contemplando penas alternativas a la privativa de la libertad (trabajo social no remunerado).
miércoles, marzo 04, 2009
Prudencia en precios de combustibles
Por: Hernán Martínez TorresMinistro de Minas y Energía
Hace pocos días tuve la oportunidad de asistir a la semana CERA (Cambridge Energy Research Associate) en la ciudad de Houston y compartir mesa con las personalidades más sobresalientes del sector petrolero: el Ministro de Petróleos de Arabia Saudita, los presidentes mundiales de Shell y Chevron, el presidente del Instituto CERA y otros personajes relacionados con la industria.
En medio de las muchas discusiones que se dieron, el Ministro de Petróleo de Arabia Saudita sacó varias conclusiones. En primer lugar, el aumento desmedido en el precio del petróleo que se dio el año pasado fue un error que la industria está pagando caro. Esto permite afirmar que los precios no deben ser tan elevados como para que los países en desarrollo no puedan cancelar la factura petrolera, pero tampoco tan bajos que impidan a los productores realizar las inversiones que se requieren y sobre todo en los tiempos y cronogramas estimados para las mismas.
Precios muy bajos pueden ser percibidos por el público como altamente convenientes, pero traen consecuencias nocivas como el reducir los estímulos al ahorro de energía, retrasar la búsqueda de fuentes alternativas de energía, e impedir la producción de crudos marginales.
Dentro de este marco, además de los ajustes en su capacidad de producción realizados durante el año 2008, los países de la OPEP tomaron la decisión de reducir, de hoy al 30 de junio de 2009, su producción de petróleo en 4.5 millones de barriles por día. La reducción significativa de la oferta impulsará el alza en los precios del petróleo.
Por otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató con Mckinsey, una de las firmas de consultoría de mayor prestigio, un estudio de demanda / suministro de petróleo, el cual arrojó las siguientes conclusiones.
Desde el año pasado la demanda se redujo de 90 a 82/83 millones de barriles por día, los cuales se abastecen con crudos cuyos costos de producción son inferiores a US$40 por barril. Por encima de 82/83 millones de barriles, los costos de producción están por encima de US$ 60 por barril. Así que si los países de la OPEP reducen su producción en los 4.5 millones de barriles por día, el reemplazo de este volumen tendría que venir de los crudos más costosos de US$ 60/70 por barril, presionando los precios del crudo a esos niveles.
Lo anterior nos lleva a concluir que muy probablemente los precios del petróleo se colocarán por encima de los US$ 60 por barril, antes de mitad de año, situación que se debe tener en cuenta al momento de analizar lo relacionado con los precios de los combustibles.
Si dicha situación se llegara a presentar y bajásemos los precios de la gasolina y del diesel hoy, muy probablemente tendríamos que subir nuevamente a los niveles actuales en los próximos meses y más teniendo en cuenta la fuerte devaluación que se ha venido presentando, que sólo en el último mes significó un incremento de más de $200 pesos en la tasa de cambio, la cual se ubica hoy en casi $2.600 por dólar.
El Gobierno, como una fórmula estabilizadora, creó el Fondo de Estabilización de Precios, el cual captura cualquier excedente que tengamos hoy en los precios domésticos, como un ahorro de los consumidores y lo devuelve al precio si éste se ubica por encima de los niveles de paridad de exportación del diesel y de la gasolina. El país es importador neto de diesel a niveles que este año superaran los 21.000 barriles por día, caso en el cual el precio tiene además como referencia la paridad importación.
La volatilidad que persiste en los precios actuales del petróleo es alta, por esto y por todas las razones expuestas la medida más aconsejable es la prudencia, manteniendo los precios actuales y garantizándole a los consumidores estabilidad en los mismos.
Anuncian Foro parlamentario en Cartagena
El Presidente el Senado, Hernán Andrade, informó que se encuentra preparando el foro parlamentario latinoamericano a desarrollarse en Cartagena, del 27 al 29 de marzo. Afirmó que será una experiencia importante para intercambiar prioridades con el países hermanos y será una buena oportunidad para estrechar lazos con Ecuador. De otro lado, frente a la agenda legislativa, Andrade dijo que el tema económico marcará la pauta. “Estamos trabajando en el tema de crisis económica y el lunes 30 de marzo comienza una serie de ciclos en donde vamos a escuchar a los presidentes de los partidos, gremios económicos, gobierno nacional, Congreso y a todos los estamentos para saber qué va a pasar con el impacto de la crisis mundial aquí y qué medidas tiene que tomar el Congreso para afrontar lo que se viene”. Andrade Serrano también manifestó que el Congreso y el Gobierno van a presentar un proyecto de acto legislativo para permitir una nueva organización de los municipios.
martes, marzo 03, 2009
Gobierno aclaró tema de dosis personal
Al ser interrogado frente a la posición que llevará Colombia a la Reunión de Viena, el ministro del Interior Fabio Valencia explicó que: «En relación con la dosis mínima vamos a decir que no vamos a penalizar la dosis mínima pero si vamos a crear tribunales terapéuticos para el tratamiento de las personas adictas. La dosis mínima quedará eliminada. No se permitirá. Entonces, vamos a penalizar a los distribuidores y productores y vamos a curar a los enfermos de drogadicción. Y los tribunales que vamos a crear ya funcionan como en doce países». Así mismo anunció que se presentará una Reforma Constitucional para prohibir la dosis mínima. «Y habrá una parte legislativa para crear los tribunales terapéuticos que van a permitir que la persona que está iniciándose o que ya es consumidor enfermo, pueda ser atendidos por el Estado. Y para aumentar las penas a los comercializadores ilegales», aclaró
lunes, marzo 02, 2009
Nuevos documentos Conpes
- Conpes 3569: Lineamientos de política para las empresas de mayoría accionaria pública de distribución de energía eléctrica Febrero 16 de 2009. (Cuando los cargos de distribución aprobados por la CREG para el periodo 2008-2013 sean superiores en un 10%15 a los cargos del periodo tarifario anterior, los representantes del Gobierno Nacional en las Asambleas de Accionistas de las empresas distribuidoras16, instruirán a sus miembros de Junta Directiva para aplicar como política la utilización de una transición tarifaria, con un periodo mínimo de 60 meses o hasta que finalice el periodo regulado).
- Conpes 3568: Seguimiento al Conpes 3547 del 27 de octubre de 2008: Política Nacional Logística Febrero 16 de 2009. (para que articule y aglomere la oferta de infraestructura y servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el uso de la infraestructura instalada).
- Conpes 3567: Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Map), Municiones sin Explotar (Muse) y Artefactos Explosivos Improvisados (Aei). (Este documento presenta el marco de política para la ejecución de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en el periodo 2009 – 2019, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la ratificación de la Convención de Ottawa. En su desarrollo, se plantea la problemática de las minas antipersonal en Colombia y se describen las líneas estratégicas de corto, mediano y largo plazo).
- Conpes 3568: Seguimiento al Conpes 3547 del 27 de octubre de 2008: Política Nacional Logística Febrero 16 de 2009. (para que articule y aglomere la oferta de infraestructura y servicios, con el objetivo de generar proyectos de impacto para el comercio exterior y para la distribución de mercancías de producción y consumo, así como promover y potenciar el uso de la infraestructura instalada).
- Conpes 3567: Política Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal (Map), Municiones sin Explotar (Muse) y Artefactos Explosivos Improvisados (Aei). (Este documento presenta el marco de política para la ejecución de la Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA) en el periodo 2009 – 2019, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado colombiano con la ratificación de la Convención de Ottawa. En su desarrollo, se plantea la problemática de las minas antipersonal en Colombia y se describen las líneas estratégicas de corto, mediano y largo plazo).
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