miércoles, marzo 18, 2009

"Referendo del agua no es necesario, no es viable y crea privilegios"

Así se expresó el viceministro encargado de Medio Ambiente ante la comisión Primera de Cámara que ayer escuchó al vocero del referendo y algunos funcionarios estatales. Al inicio de la sesión se generó un impasse dado que el representante Nicolás Uribe radicó una propuesta de aplazamiento, hasta tanto se hiciere llegar a la comisión una certificación de las autoridades electorales que constara que se había cumplido con los requisitos para la solicitud de ese referendo, incluyendo los estados financieros en regla. En la sesión se leyó dicho documento y la sesión siguió su curso permitiendo al vocero Rafael Colmenares la fundamentación de la propuesta apoyada por dos millones de ciudadanos. Cuando fue el turno del Gobierno, las intervenciones fueron contundentes:

El ministro de Medio Ambiente (e) Miguel Peñaloza, sustentó que la iniciativa afecta la inversión social al reducir los recursos, dada la gratuidad generalizada que propone la iniciativa. Explicó que para los sectores más vulnerables ya existe gratuidad y aplicarla de manera generalizada es regresiva. El funcionario dijo que otro punto reprochable es que acaba los subsidios cruzados e impone toda la carga al Estado. Otro punto rechazado fue la transformación de empresas de servicio público en entidades sin ánimo de lucro. De otro lado el ministro dijo que frente a las comunidades indígenas se considera que el proyecto genera privilegios inadecuados.

La superintendente de servicios Públicos, Evamaría Uribe, sustentó que el proyecto acaba con la cultura, ya ganada, de racionalización del recurso hídrico. Afirmó que no es cierto que el Estado sea el mejor empresario para el caso de la prestación de servicios públicos. Destacó la financiación como el punto mas relevante de discusión y calculó la aplicación de la iniciativa en el caso del mínimo vital en recursos adicionales de 1.4 billones de pesos para todos los estratos y 1.2 billones para los estratos 1, 2 y 3. Una falencia grave que detectó la funcionaria es que, en las cuentas de los promotores del referendo, no se tuvo en cuenta el esquema tarifario del alcantarillado. Coincidió con el ministro en que la aplicación del referendo mina sensiblemente los recursos para inversión en el sector que garantizan calidad y ampliación de cobertura.

El debate sobre el tema continúa hoy en la comisión Primera de Cámara.

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Teresita