El Remedo Anticíclico

Columna de opinión

Amylkar D. Acosta M
Exministro y Exsenador de la República

Tirios y troyanos coinciden en que la receta keynesiana, consistente en la política fiscal anticíclica, es el antídoto contra los embates de la gran crisis global que se desató desde el año pasado, abatiendo la economía de las naciones. Se trata, entonces, de elevar el gasto público para contrarrestar el desánimo del consumo privado y de estimular este mediante el alivio de la carga fiscal de los contribuyentes. Todos a una, los distintos países han venido implementado sus estrategias tendientes a frenar o amortiguar el impacto de la crisis, recurriendo a ambiciosos planes de inversión pública centrados fundamentalmente en obras de infraestructura, al tiempo que se le inyectan recursos a la economía por la vía de la reducción o devolución de impuestos, los subsidios y subvenciones, sobre todo a los sectores más desvalidos y vulnerables, que son los que tienen una mayor propensión al consumo. Ya se ha vuelto un lugar común la afirmación en el sentido que Colombia esta vez está mejor preparada para resistir el impacto de la crisis de lo que estuvo en las crisis anteriores (la asiática, la rusa o la mexicana). Pero, no hay tal, aparte de que sigue arrastrando con la recurrencia de los déficit gemelos (déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos), no ha podido obtener la calificación inversionista para su deuda soberana por parte de las firmas calificadoras de riesgo. Además, Colombia no hizo bien la tarea pendiente: ello se patentiza en el hecho que, a contrario sensu de lo que hicieron otros países, como Chile y Perú, que aprovecharon el boom de sus exportaciones y buenos precios de los productos básicos para disponer de un colchón de seguridad para épocas de crisis, en Colombia en cambio se feriaron alegremente los recursos que se ahorraron a través del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)2.

En este sentido compartimos con ANIF que “el gobierno (2002 – 2008) ha desperdiciado una oportunidad única para generar mayores ahorros y reducciones de deuda pública. Sólo en el año 2007, el gobierno Central logró un superávit primario del 1% del PIB (frente al 2% requerido) y la deuda bruta total todavía bordeaba un 50% del PIB (a pesar del superávit primario consolidado del 3% en los últimos años)”3. Ahora, cuando se anuncia con bombos y platillos por parte del gobierno un plan de choque por valor de $55 billones, los cuales se invertirían supuestamente en la ejecución de obras de infraestructura, constatamos que el mismo no pasa de ser un remedo de cuanto está haciéndose en otras latitudes. A prima facie el planteamiento resulta plausible, sólo que además de los problemas de financiamiento no resueltos que comporta, como lo afirma Dinero “una parte de esto se venía haciendo y otra parte está por hacerse hace años. Además, aún no está lista para ser ejecutada. Por este motivo, el plan de infraestructura no servirá como medida anticíclica en estos tiempos de crisis”4.

Como si lo anterior fuera poco, ahora el gobierno para soliviantar la voluntad de alcaldes y gobernadores, no sólo radicó un proyecto de Acto legislativo que propende por la reelección indefinida de ellos, sino que en la reciente Cumbre de gobernadores anunció una reforma tributaria territorial que le significará a los contribuyentes $500.000 millones más de impuestos, justo en los momentos cuando lo que se requiere es todo lo contrario, el alivio impositivo para que este contribuya a galvanizar las ventas, que según el DANE tuvieron un descenso del 4.9 % en enero a consecuencia de la pérdida de dinamismo del consumo a partir del último trimestre de 2008 cuando su ritmo de crecimiento pasó al 2% contra el anual contra el 9% del primer trimestre del mismo año. Nada lo justifica, sobre todo en este momento en el que según la Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda, las entidades territoriales exhiben un holgado superávit. Otro tanto puede afirmarse con respecto al empecinamiento del gobierno en congelar a la baja el precio de la gasolina, en momentos que los precios internacionales del crudo se ha descolgado estruendosamente. Los más de $4 billones que pagarán de más los consumidores por este sobreprecio a la gasolina, que no es más que un impuesto disfrazado, es dinero que se le está sustrayendo al consumo de otros bienes, tanto o más indispensables que el combustible.

Podemos afirmar, entonces, que la política económica del gobierno además de incoherente es errática y errada; contrariamente a lo que dijo el Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, la economía colombiana no sólo no está blindada sino que da trazas de encaminarse sin remedio hacia una profunda recesión5. Por ello, comparto la opinión de Dinero en el sentido que para enfrentar con éxito la crisis “hay que empezar por dejar de creer en nuestras propias mentiras y vivir de nuestras ilusiones”6. En economía quien cree que puede engañar a los demás se engaña sin proponérselo a sí mismo, ya es hora de poner los pies en la tierra y actuar en consecuencia.


Bogotá, marzo 21 de 2009

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