Columna de Opinión
Por: Wilson Arias
Concejal de Santiago de Cali
Polo Democrático Alternativo
En recientes publicaciones, el Presidente del BID, Luis Alberto Moreno, ha venido insistiendo en que, a diferencia de países templados que derivan el etanol del maíz, "en la mayoría de los países productores de azúcar en la región (A.L. y el Caribe), el etanol puede rendir beneficios sociales, ambientales y económicos, sin impactar el precio de los alimentos". Por ello, el BID estaría contribuyendo a aprovechar esta oportunidad "con los más altos niveles de sostenibilidad ambiental", entretanto "las autoridades de Brasil y Colombia ya están desarrollando sistemas de certificación que permitirán a los productores garantizar el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas" , agrega en tono tranquilizador.
Similares bondades han sido presentadas en la prensa tanto de Centro y Suramérica como del valle geográfico del río Cauca −zona de influencia de la producción de caña de azúcar colombiana−, especialmente después de que los cables internacionales se ocuparan en extenso de la inflación del precio del maíz, a cuenta de su utilización para la producción de etanol y de la especulación de que han sido objeto los alimentos en los mercados a futuro . Buena parte de la argumentación del BID refiere a la mayor eficiencia de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar sobre la del maíz; a la conveniencia de sustituir combustibles de origen fósil por los de origen vegetal; a su impacto ambiental, y a su capacidad para impulsar el crecimiento económico con desarrollo social, hechos que de paso estarían siendo ejemplificados en el caso brasilero. Y el arrastre que su industria ejerce sobre la de otros países del área (ha suscrito acuerdos en la materia con Ecuador y algunos países centroamericanos) explicaría el entusiasmo de aquel banco para invertir a través del mercado brasilero del etanol.
El planteamiento comporta, sin embargo, varias falacias y oculta calculadamente algunos hechos. El primero de ellos, básico en la discusión del tema: no es posible sustituir sino muy parcialmente el uso del combustible fósil por el de origen vegetal. No es posible hoy y bajo los actuales patrones de consumo. Dos datos lo ilustran: "La dinámica de los agrocombustibles (AGC) no logrará suplir la demanda energética mundial. Valga como ejemplo señalar que el 60% de los combustibles derivados del petróleo se destina al sector del transporte y, para el 2030, los AGC apenas podrán suplir el 8% de la demanda energética de ese sector" . "si en Estados Unidos todos los automóviles utilizaran como único combustible uno que tenga 100% de etanol, sería necesario destinar el 97% de la superficie de la tierra al cultivo de maíz para abastecer esa proporción, con consecuencias extremas para la biodiversidad" . Y si esto es así, sea con maíz o con caña de azúcar se debería cultivar la superficie de éste y de otros planetas si se intentara surtir con etanol la demanda de combustible que suman los vehículos en todos los países del orbe.
Pero existen otras debilidades muy significativas en la insistente defensa "social" que de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar hace el Presidente del BID. Hoy existe copiosa literatura especializada que da cuenta de los severos impactos ambientales de ese monocultivo: "Lo que es posible prever (en relación con el ímpetu de la producción agroindustrial de combustibles), es el alza de los precios de los alimentos, la expansión acelerada e incontrolada de cultivos y plantaciones transgénicas, la contaminación masiva con agrotóxicos, el uso de nanotecnologías en la agricultura, el control cada vez más profundo y monopólico de la alimentación por parte de unas pocas transnacionales, el control y apropiación de más territorios indígenas y campesinos por parte de los mismos conglomerados, y por parte de los grandes terratenientes regionales que ahora se globalizan; la expulsión desde el campo, la escasez y contaminación crecientes del agua y la expansión a gran escala de los procesos de destrucción de los ecosistemas que juegan un papel central en el ciclo de carbono del planeta. Todo ello sin remediar, ni superficialmente ni de fondo, los procesos de cambio climático y calentamiento global: estos no sólo no mejoran sino que empeoran y pueden tornarse irreversibles", sostiene el editorial de la revista No. 54 "Biodiversidad, sustento y culturas", dedicado en su integridad al tema.
En efecto, los "beneficios sociales" vinculados al procesamiento de la caña de azúcar en Colombia han sido bastante discutibles desde la fundación de esa industria, y tienden a empeorar con su destino a la producción de etanol. Al respecto, hagamos algunos subrayados que además resultan muy actuales con motivo de los recientes conflictos ambiental y laboral en su zona de influencia.
Uno principalísimo, la falta de disponibilidad de agua para el consumo humano capturó la temporal atención colectiva con motivo de la huelga de hambre que en Bogotá adelantaron los concejales del municipio de Candelaria, suspendido plantación adentro, inmerso en la eterna y uniforme extensión de caña. Pero el problema no se remite a la supuesta insolidaridad de las poblaciones ubicadas cuenca arriba de los ríos de los que deberían surtirse las situadas "río abajo", como de manera simplista lo quisieron presentar los grandes medios de comunicación, varios de ellos vinculados a los grupos económicos que dominan los ingenios azucareros. También en este caso resulta concluyente una somera comparación, la del uso del agua en el Departamento del Valle del Cauca, que registra un impresionante 86.4% para actividades agrícolas, contra el 6.9% para el uso doméstico, el 2.9% para usos industriales y el 3.8% para otros usos. Ello porque el requerimiento de agua de las plantaciones de caña de azúcar resulta con creces mayor que otros cultivos: 10.620 M³/ha en su caso, contra 4.000 M³/ha para el tomate, 3.320 M³/ha para el maíz y 2.860 M³/ha para el sorgo. La enorme demanda de agua para el monocultivo en la región genera una grave presión sobre el recurso hídrico, limita su preservación y determina su inequitativo acceso.
Ahora bien, el asunto no se circunscribe al complejo problema ambiental referido brevemente y a modo de ejemplo en los párrafos anteriores. Tal como se ha señalado, el despojo de los territorios indígenas y la esclavización de sus comunidades marcaron el arribo de la caña a la zona. Ricardo Sánchez nos recuerda que "las primeras explotaciones de jugos de caña en la región del Valle del alto cauca se adelantaron mediante la encomienda, con mano de obra indígena a mediados del siglo XVI" . El engaño, el fraude y la violencia estuvieron al centro de la concentración de la tierra y la apropiación de su renta. La mixtura de relaciones de producción en el sector no estuvo determinada solamente por nuestro desarrollo capitalista tardío y su evolución no correspondió solamente al cambio tecnológico impuesto, sino que estuvo atravesada por el modo en que se resuelve la cuestión de la usurpación de los territorios y las condiciones de sometimiento de mestizos, negros e indígenas, entre la esclavitud, el terraje y el peonazgo.
La industrialización requirió desde la recurrente utilización de la fuerza pública al servicio del capital −a la que resistieron fuertemente colonos y campesinos −, una prolongada política agraria funcional y hasta algunas medidas gubernamentales destinadas a estimular, por acción o por omisión (por ejemplo, de la tan reclamada reforma agraria) la expansión del cultivo y la obtención de la tasa media de ganancia por los ingenios, incluida la expropiación de la propiedad campesina vía fomento de cultivos que indujeron su endeudamiento y políticas crediticias, agenciados principalmente por el ICA y la Caja Agraria a comienzos de los 70s . Pero dicho comportamiento gubernamental en favor de este sector económico no se circunscribe al período aludido. Hoy es requisito indispensable para el sostenimiento del negocio del etanol, y no propiamente en procura de los beneficios sociales que todos a una, presidente del BID, medios de comunicación y gobiernos del área prometen con insistencia rayana en el cinismo, sino en la obtención de enormes ingresos para los grupos económicos que monopolizan el sector.
La idea que suscribimos es precisamente que el nuevo papel del Estado colombiano en materia económica, una vez ha renunciado a buena parte de su función social, es en general ordenar los recursos e institucionalidad de que dispone, al servicio de lo privado. Y que la situación de los agrocombustibles le impone una hiperactividad favorable al gran capital y una permanente conducta omisiva contra los de abajo: desde la promoción (flexibilización) o inobservancia de las normas laborales, hasta la intervención represiva o la permisividad al paramilitarismo.
La resistencia de los corteros ha puesto al desnudo algunas de esas atrevidas omisiones gubernamentales. Lo que poco ha trascendido es su actividad casi febril para legislar sobre incentivos hacia esa industria produciendo enormes oportunidades a su "empresarismo" nacional y transnacional. Así por ejemplo, en el Plan de Desarrollo y el documento "Visión Colombia 2019" se orienta una reprimarización de la economía dentro de la cual destaca la producción de agrocombustibles; la Ley 693/2001 estimula la producción y uso del alcohol carburante al establecer que a partir del 2005 la gasolina en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla debe contener un 10% de esa sustancia; la Ley 188/2002 introdujo exenciones de IVA, impuesto global y sobretasa al componente de alcohol de los combustibles oxigenados; la Resolución 180687/2003 reglamenta su producción, acopio, distribución y puntos de mezcla y su uso en los combustibles nacionales e importados; la Ley 939/2004 establece que el agrocombustible nacional para uso de motores diesel queda exento del IVA y del impuesto global al ACPM; la Resolución 351/2005 reglamenta los procedimientos para la inscripción y registro de los nuevos cultivos de tardío rendimiento, con miras a la exención sobre la renta tributaria; el Decreto 383/2007 crea las zonas francas especiales en los ingenios que produzcan alcohol carburante, y la Ley 1152/2007 (Estatuto Rural) crea el marco institucional para adecuar el campo al plan agroexportador a favor del gran inversionista y los grandes dueños de la tierra . Pero los ingenios también reciben incentivos en su condición de productores de azúcar, pues su precio interno es tres veces superior al externo, y uno y otro tienden al alza con el crecer de la demanda de etanol. Y sus conglomerados económicos se benefician de legislaciones tanto o más favorables en otros renglones, como la generación de energía eléctrica desde los ingenios, que resultó exonerada de subsidiar a los estratos 1 y 2, y como operadores de telecomunicaciones, en trance de nuevas reglamentaciones al servicio de los privados.
La cuestión es que con unos costos por galón en Colombia (U$1.25) superiores a los de EUA (U$ 1.09) y del Brasil (U$ 0.83), al etanol colombiano le será difícil competir en el mercado internacional. Y su buen precio en relación con el petróleo no será de largo plazo, amen de que quienes potencian su producción son los mismos actores que manejan el flujo financiero, el mercado y los precios del crudo.
Está claro que por ahora resulta un mejor negocio la producción de etanol que la de azúcar. Pero su competitividad internacional y aún en relación con los precios del crudo corre por cuenta de la obtención de mayores incentivos, razón por la cual el documento CONPES 3510 orienta seguir creándolos en el orden nacional y a escala territorial sobre el impuesto de industria y comercio. Tal es la realidad que, dada esta comparación de precios y las enormes gabelas ofrecidas por el gobierno colombiano al etanol, se teme que persiguiendo la suma de subsidios otorgados empiece a llegar al mercado nacional etanol importado. Pero de otra parte, dicha competitividad corre por cuenta de una mayor explotación del trabajador, lo que siempre se ha obtenido por mejoras tecnológicas, mayores rendimientos de la materia prima (más glucosa/menor peso de la caña), o por menor remuneración a la mano de obra, lo que de conjunto se traduce inexorablemente en mayores esclavización y desempleo.
Las empresas transnacionales impulsan la oleada planetaria de agrocombustibles para obtener mayores ganancias: las compañías de automóviles que esperan la reposición del parque automotor; las petroleras que controlan la distribución de combustibles; las del comercio mundial de granos ganan con su utilización para agrocombustibles y con la especulación que ello propicia en el mercado de los alimentos, y las transnacionales de los transgénicos al introducir semillas que no se aprobarían para alimentación humana, creando nuevos riesgos de contaminación de cultivos y granos para el consumo humano. Se trata de una pesada suma de intereses corporativos internacionales que moviliza a varios y muy poderosos conglomerados.
El sentido de las "certificaciones internacionales" y las razones de los créditos y estímulos a la inversión promovidos por el BID van saltando a la vista. No los anima el cacareado interés "social" que invoca su presidente, el colombiano Luis Alberto Moreno. Más aún: unos y otros, organismos de crédito multilateral, empresarios nacionales y transnacionales, gobiernos y medios de comunicación, desdeñan de las medidas que en lo ambiental, social y económico reclaman sus pueblos y estarían decididos a burlar o negar a precio alto sus justas reivindicaciones.
En ese sentido, coinciden con el discurso "social" de Uribe. Porque el interés de las poderosas minorías, ni el de las mayorías empobrecidas, jamás se realizarán sin el auxilio del poder político. Las primeras, se han procurado una normatividad nacional e impulsan una legislación internacional que les asegure sus negocios a perpetuidad. Las segundas, van aprendiendo que la política es la expresión más condensada de la economía, que cristaliza sus intereses fundamentales y penetra todas las esferas de la vida social. Y que del mismo modo que no habrá soluciones inmediatas a los corteros de la caña de azúcar sin una profunda reforma laboral, tampoco habrá ni reforma agraria, ni reivindicación del campo, ni justicia ambiental, ni equidad redistributiva, bajo el imperio de la "democracia profunda" que agencia este gobierno.
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