Columna de OpiniónPor Alexánder López Maya
Senador de la República
Polo Democrático Alternativo
El Presidente Uribe con sus altisonantes y temerarias declaraciones en el Consejo Comunal de Florida, hace unos días, ha sellado una vez más con la marca de su intemperancia y soberbia lo que no ha sido nada distinto, a una profunda discusión en materia ideológica y política entre los dos.
O mejor, entre él y una amplia franja de los ciudadanos, los universitarios, los indígenas, los trabajadores, la opinión pública del sur occidente del país, que no esta de acuerdo con la guerra, con las privatizaciones, con el sistema inhumano e ilegal del trabajo a destajo, con la explotación irracional de la tierra y el medio ambiente; en síntesis, con quienes en Colombia no estamos de acuerdo, con la arrogancia y la violencia con que se ejerce el poder en nuestro medio.
Para la muestra un botón, tan solo 72 horas después de las declaraciones del Presidente en Florida, el jueves 29 de Mayo, el Ejército Nacional acribilló en hechos que serán sujeto de investigación por las autoridades competentes, a Amparo, de 23 años de edad y Silvio, Chaguendo Ipia, de unos 27 años, dos hermanos indígenas Nasa, comuneros del Cabildo de Tacueyó, que corrieron a guarecerse en una vivienda durante los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército en inmediaciones de “La Cominera”, zona rural del municipio de Corinto. Según muchos testigos de la comunidad, soldados del Ejército Nacional adscritos a la 3ra Brigada ordenaron a una mujer y a su hija abrir la puerta de esa vivienda, entraron y presuntamente fusilaron a los hermanos.
Lo que resulta realmente grave y aterrador de las declaraciones del Presidente, es que siempre van antecedidas ó precedidas de hechos de sangre. No me imagino al primer mandatario de los colombianos retrocediendo sobre sus pasos y reflexionando en torno a como sus palabras en Florida, en las cuales señaló (sin formula de juicio y sin la competencia para hacerlo) -a los indígenas de invasores, a los estudiantes de bandidos, a los trabajadores de EMCALI de terroristas - pudieran ser la orientación para lamentables hechos de agresión y violencia, en contra de ciudadanos inermes ( y como si fuera poco, ordenó la detención de senadores de la República). Tal como sucediera con los escalofriantes asesinatos de 6 sindicalistas que fueron degollados por comandos paramilitares posterior a la marcha del 6 de Marzo, luego de que José Obdulio Gaviria, alto consejero presidencial tildará esta jornada como de las FARC.
Presidente, defender el patrimonio público de las Empresas Municipales de Cali y acompañar las justas aspiraciones de los trabajadores de la industria azucarera y de aquellos de la Sociedad Portuaria en el puerto de Buenaventura, no es un delito. Como tampoco lo es acompañar a las autoridades tradicionales de los Cabildos indígenas del Norte del Cauca en sus reclamaciones, quienes además ejercen una jurisdicción especial constitucional.
Solo en la actitud caliente y provocadora del titular de la Casa de Nariño cabe utilizar la majestad de la institución presidencial para cazar peleas sin miramientos por los equilibrios y controles propios del Estado de derecho. Ya quisiera ver al General Gómez Méndez intentando detener a un Senador de la República, sin la orden de una autoridad competente y sin estar en flagrancia (recuerde Sr. Oficial, el artículo 28 de la Constitución), tan solo con el respaldo de una orden presidencial, subida de tono pero sin efectos, jurisdicción y competencia legal y constitucional.
Se lo advierto de forma respetuosa pero firme, no lo vaya intentar, Sr. General, por su bien, el de las instituciones y el de Colombia.
