Reforma Política aprobada en Cámara

Tras consolidarse un acuerdo, incluyendo a las bancadas de oposición :Polo y Partido Liberal, la Cámara de Representantes logró sacar adelante la iniciativa que estaba en vilo hasta último momento. Se aprobó un umbral gradual, inicialmente de 3% y luego se pasa al 5%, a partir del 2014.

El punto central de la discusión fueron las sanciones a los partidos por vinculación con grupos ilegales. Este aparte quedó aprobado así: «Los partidos, movimientos políticos, organizaciones sociales y grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular y sean sujeto de medida de aseguramiento en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, se les suspenderá provisionalmente el derecho a reemplazar la curul hasta cuando se revoque la medida de aseguramiento».

Al texto del acuerdo multipartidista sólo se le hizo una breve supresión, por iniciativa de la representante María Isabel Urrutia, en el tema de los partidos indígenas, grupos étnicos y minorías políticas.

A sanción proyecto de Uniguajira y otro de niños congresistas

Con la aprobación que dio ayer la Plenaria del Senado, quedó listo para la Sanción el PL 168-06 S y 85-06 C el cual asocia la Nación a la celebración de los 30 anos de actividades académicas de la Universidad de la Guajira. La Plenaria de Cámara ya había dado su aprobación al texto final de esta iniciativa.

De otro lado, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron ayer otra conciliación dejando listo para sanción la iniciativa. Se trata del proyecto de ley 116-06 C y 239-07 S por el cual se establece en el Congreso el día de los niños, niñas y adolescentes congresistas.

Código fluvial a último debate

Con la radicación de la ponencia para segundo debate, este proyecto se enfrenta a su último debate en el Congreso. La iniciativa, originaria de Cámara, plantea el uso del recurso, pero de manera sostenible.
De acuerdo con la ponencia, entre sus objetivos específicos se encuentran:
proteger la vida y bienestar de todos los usuarios del modo fluvial, promover la seguridad en el transporte fluvial y en las actividades de navegación, la protección del ecosistema y especialmente estipular la viabilidad y efectividad de la actividad comercial para la consecución de ventajas a la integración económica para la red que se requiere para competir en un mercado abierto.

Es el proyecto 130-07 Senado que está en el orden del día del Senado y cuyo ponente coordinador es senador Carlos Ferro Solanilla del Partido de la U.

Desequilibrios Regionales

COLUMNA DE OPINION

Por Cecilia López Montaño
Senadora Partido Liberal
Miembro de la comisión Segunda

Los problemas de desigualdad de la sociedad colombiana no han logrado superar el discurso de los diferentes gobiernos. Se han dado algunos avances en términos de reducción de niveles de pobreza y muy poca mejoría en indicadores de concentración del ingreso, pero la verdad es que a este ritmo se necesitarían demasiadas décadas para que el país logre integrar a la modernidad a la gran mayoría de la población. Actualmente, casi la mitad de los colombianos viven por debajo de la línea de pobreza y se tiene una concentración del ingreso de las más altas del mundo. Estos datos demuestran lo lejos que se está de construir un mundo justo para toda la población. El alto crecimiento económico alcanzado en los últimos años no se ha traducido en un avance igual o similar en el campo social y, ésta incapacidad del crecimiento de mejorar realmente la situación de millones de personas, debería ser la gran preocupación del país. Ha quedado en evidencia que se requieren cambios radicales tanto en la política económica como en las estrategias sociales, si Colombia quiere lograr una sociedad justa. Y no solo, como hasta ahora, tener algunas islas de modernidad.

Una de las variables poco consideradas en los estudios sociales es el desequilibrio regional que caracteriza al desarrollo colombiano. El país no ha logrado romper las grandes diferencias, cada vez más evidentes, entre las principales ciudades y las más pequeñas; entre departamentos y entre el sector urbano y el rural. Aparentemente Colombia se acostumbró a que Bogotá y ahora Medellín, sean ciudades con los mejores indicadores y poco le preocupa el rezago de la Región Caribe, el atraso del Pacífico y la ampliación de la brecha rural-urbana. Sin embargo, se presenta actualmente una nueva oportunidad para que estos desequilibrios regionales empiecen a ser parte de la agenda económica y social del país.

Una evaluación reciente del impacto del NAFTA en las diversas zonas geográficas de México, es una experiencia particularmente valiosa para Colombia. El TLC con Estados Unidos y los que vienen con 57 países del mundo, siguen siendo la gran prioridad del gobierno y de los empresarios que se sienten ganadores con esta mayor apertura comercial. Pues bien, lo que México ha vivido en diez años de su tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, es que lejos de mejorarse las desigualdades regionales, están se han disparado de manera impresionante. El norte se ha beneficiado significativamente y el sur se ha descolgado en términos de desarrollo. La situación era muy distinta antes del Tratado, zonas progresistas y rezadas se distribuían por igual en todo el país. De esta experiencia se obtienen importantes lecciones, especialmente para las Costas colombianas y en particular, para la Región Caribe. El estudio mexicano, analizado por Adolfo Meisel, identifica tres elementos para asegurar que las regiones se beneficien de los Tratados comerciales: la proximidad a los mercados que reducen los costos de transporte; las economías de escala y la aglomeración; y las llamadas condiciones iniciales, infraestructura y capital humano. Como lo señala Meisel, la Región Caribe solo tiene la primera condición y no cumple con ninguna de las otras dos. Y muchas de las regiones distintas a Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Valle, ni siquiera tienen la primera. Por consiguiente, en estas circunstancias de desequilibrio regional, el TLC o mejor todos los tratados, exigen una verdadera estrategia para reducir las desigualdades entre ciudades, regiones y zonas del país.

Con el entusiasmo por el libre comercio, será posible que se comprenda por fin la necesidad de mayor equidad en el desarrollo regional? ¿No habrá llegado el momento de mirar con mayor cuidado las costas colombianas que albergan la mayoría de pobres, que no tienen infraestructura y donde el desarrollo humano es deplorable? Podrán las políticas agropecuarias seguir concentradas en los latifundistas? Es posible, pensando con el deseo, que ahora si, cuando estos problemas pueden reducir las ventajas de los acuerdos comerciales, toquen la voluntad del país para empezar a trabajar en uno de los grandes limitantes de la equidad social: el crecimiento desigual de distintas regiones del país.

Radicado proyecto para contratación con cargo a gastos reservados

La Corte Constitucional mediante la sentencia C- 491 del 27 de junio de 2007 declaró inexequible el artículo 3º de la Ley 1097 de 2006, al haber encontrado que violaba el artículo 150 de la Constitución, en la medida que facultó al gobierno para reglamentar mediante decreto la contratación de los gastos reservados, regulación que compete exclusivamente al Congreso de la República mediante el trámite de ley.

Acatando la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno radicó una iniciativa legislativa que permita expedir el régimen de contratación de los gastos reservados antes que expire el término otorgado por la Corte. Este consiste en un período legislativo, es decir, hasta el 20 de junio de 2008.

Se entiende que las contrataciones de bienes y servicios que hagan las entidades y organismos de Inteligencia, relacionadas directamente con el cumplimiento de la función de inteligencia constituyen adquisiciones relacionadas con la defensa y seguridad nacional por lo que están cobijadas por la excepción.

El proyecto es el 280 de 2008 Senado de autoría del ministro de Defensa.

Reforma política con tres ponencias

La próxima semana, el proyecto de Ley 47-07 Cámara está para su último debate en Cámara de Representantes. De salir adelante en allí, le restaría un duro trámite en comisión Primera de Senado y Plenaria de Senado. Para su discusión el martes en la Cámara se le han radicado, hasta ahora tres ponencias. Una del representante Roy Barreras, la mayoritaria de Germán Varón y otra del Representante David Luna.

Los puntos que defenderán las mayorías de respaldo al Gobierno, según el acuerdo alcanzado en la Casa de Nariño son:

• Para el umbral para los partidos, o número mínimo de votos, se propone no exigir el 5 por ciento del total de la votación sino el 3 por ciento. Aquellos que ganaron la personería con umbral del 2 por ciento la conservarán con la condición de obtener curules en el 2010.

• Se ha acordado no aumentar el número de firmas actualmente requerido para candidatos por esa modalidad. La Ley impondrá responsabilidades.

• El voto de los congresistas deberá ser nominal y público.

• La pérdida de la curul para el partido operará a partir de que la sentencia condenatoria quede ejecutoriada, o que la sentencia condenatoria haya completado los recursos ordinarios.

La iniciativa, a tres debates de ser enmienda constitucional, podría pasar sin afugias en Cámara, pero no le espera igual suerte en el Senado, dado que en la comisión Primera no existen las mayorías para sacarlo adelante.

Buscando afanosamente alternativas se ha sugerido incluso trasladar, de otras comisiones, senadores de bancadas de la coalisión de Gobierno para lograrlo.

Afectan el quórum en comisión Primera los senadores impedidos para participar en el debate y los senadores que, siendo miembros de esa célula legislativa, se encuentran actualmente privados de la libertad relacionados con procesos de la parapolítica.

Anuncian debate sobre coyuntura política

El senador Héctor Helí Rojas presentó una proposición, ante la plenaria del Senado, citando al ministro del Interior para que aclare afirmaciones presidenciales sobre la Corte Suprema, los rumores sobre la elección del fiscal y en general la crisis del Congreso.

Para el senador Rojas es prioritario que el Gobierno determine los alcances de las expresiones presidenciales tales como «abrir puertas a la tentación institucional», «que las decisiones de Corte se está afectando la estabilidad del país», «decisiones ligeras del Alto Tribunal». También interroga acerca de la inconveniencia de haber invitado a magistrados de la Corte Suprema al Palacio de Nariño y la necesidad de aclarar los rumores sobre compra de votos, por parte de los paramilitares, para la elección del Fiscal Mario Iguarán.

El Polo Democrático se sumó al debate y añadió el tema relacionado con Yidis Medina. Citó al ministro de Protección Social para que explique si hubo compromisos, y de que clase, para asegurar ese voto determinante en la reelección presidencial.

Por su parte, la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez explicó su situación jurídica frente al pleno del Senado y dejó claro que fue llamada a una indagación preliminar generada por declaraciones de la exparlamentaria Rocío Arias. También dijo que se encuentra tranquila y que será la oportunidad para dejar en claro su gestión. Explicó la reunión del fin de semana en la Casa de Nariño. Dijo que fue motivada en la necesidad de consolidar una postura clara de las bancadas uribistas frente a la reforma política con las conclusiones generales, ya conocidas. El Polo Democrático y el Partido Liberal dijeron que no asistirán a convocatoria alguna hasta tanto se aclare si el Presidente Uribe aspira o no a reelección.

Al respecto, la Presidenta del Senado dijo no saber si el Presidente aspira nuevamente y anunció nueva convocatoria a un acto académico de estudio en la Universidad del Rosario.

Examinarán a Comisión de Agua Potable

El senador del Polo Democrático Alexánder López anunció la citación, a un debate en la comisión Sexta, sobre la gestión de esa entidad. Por ello, fue aprobada una proposición en esa célula legislativa. Está citado el Ministro del Medio Ambiente, la directora de la entidad y los expertos comisionados, así como el Procurador General de la Nación.

López explicó que, en su debate, hará seguimiento a las denuncias efectuadas por la revista Cambio sobre presuntas irregularidades en el manejo de la entidad, en cabeza de su directora Clara Lucía Uribe.

De acuerdo con la publicación señalada, la entidad gastó buena parte de sus recursos financieros en la contratación de medio centenar de funcionarios. Critica la gestión de la directora por lentitud en la toma de decisiones y su decisión de flexibilizar los requisitos para ser comisionado de la CRA.

Otros cuestionamientos señalan la demora en contratar lo requerido para revisar la metodología tarifaria y la contratación de un escolta personal con recursos de la entidad. La publicación concluye que la directora ejecutiva de la CRA también está en la mira de los organismos de control por el procedimiento, no muy claro, de nombramiento y despido de funcionarios.

Sancionadas nuevas leyes

En primer término, quedó signado con el número 1186 la Ley que acoge el “Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (Gafisud)” y la “Modificación del Memorando de entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el lavado de activos (Gafisud). Con su adopción Colombia se compromete a reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte.

De otro lado con el número 1187, quedó sancionada la Ley que determina que el Fondo de Solidaridad Pensional subsidiará los aportes al Régimen General de Pensiones de las Madres Comunitarias, cualquiera sea su edad y tiempo de servicio como tales.

“El caso de Mario Uribe podría ser llevado a la Corte Penal Internacional”

COLUMNA DE OPINION
Senador Gustavo Petro
Polo Democrático
Comisión primera de Senado

Mario Uribe pretende seguir evadiendo la justicia colombiana. Sí a Mario Uribe en Colombia no pueden juzgarlo o no quieren juzgarlo y si el gobierno de Costa Rica le concede el asilo, este caso tendría que ser llevado a la Corte Penal Internacional. No me imagino que este pidiendo asilo por una persecución de su primo el Presidente de la República.

Lo que Mario Uribe está haciendo es todo un proceso de evasión a la justicia colombiana; primero, cuando renuncio a su curul, para salir de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, y ahora que la Fiscalía le dicta Orden de Captura intenta asilarse. De ser así, el Presidente de la República tiene a su primo prófugo de la justicia y tendría que solicitarlo en extradición.

Lo sucedido con Mario Uribe, primo del Presidente, fundador con el Presidente del partido político Colombia Democrática, cuya bancada está toda en la cárcel por paramilitarismo es un indicio más de que el gobierno se mueve en el mundo de la parapolítica.

Colombia no puede renunciar al derecho a la verdad y el derecho a la reparación a las víctimas en el caso del ex senador Mario Uribe.

Los políticos que son llevados a la cárcel por su alianza con el paramilitarismo se convierten en cómplices en una asociación para delinquir y los delitos a los que se asocian son tipificados como crímenes contra la humanidad, lo que le da a la Corte Penal Internacional competencia para juzgarlos.

Parejas del mismo sexo tienen derecho a pensión de sobreviviente

La Corte estimó que el beneficio que otorgan las disposiciones legales a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas heterosexuales, debe ser ampliada a los parejas del mismo sexo.

Por ello conceptuó que la no inclusión de la pareja del mismo sexo, entre las personas beneficiarias de la pensión de sobreviviente, implica una grave discriminación.

En razón de esa libre opción de vida y con lo cual se vulnera la dignidad de los miembros de esa pareja. Estima, la Corte que ello se constituye en una carga desproporcionada e innecesaria que resulta inconstitucional.

El Mensajero y el Presidente

Columna de Opinión

Por Alexánder López Maya
Senador de la República
Polo Democrático
Miembro de la comisión Sexta


Quedamos perplejos todos ante el anuncio de una sanción disciplinaria en contra de nuestro compañero, el concejal de Cali, Wilson Arias por haber participado en política en su condición de mensajero del SENA. Pues no se entiende como, mientras el Presidente Uribe, ejerció todo el poder del Estado, administró los multimillonarios recursos del presupuesto nacional y se mantuvo al frente de las facultades discrecionales propias del ejecutivo como máxima autoridad administrativa del Estado mientras desarrolló su campaña reeleccionista, sin ninguna consecuencia para los organismos de control; la Procuraduría Regional encuentre merito para sancionar a Wilson Arias, por una pretendida falta al régimen disciplinario en materia de participación política, mientras ejercía el cargo de mensajero en el SENA.

No se entiende como para el Presidente de la República no exista ningún tipo de control por su evidente participación en interés propio en su campaña de reelección, mientras que se investiga y persigue de forma evidente a un funcionario sin ninguna jurisdicción ni mando, como lo fue en su momento Wilson Arias en su cargo de mensajero en el Sena. Para los organismos de control resulta más grave que un funcionario del rango de mensajero, de forma legítima participe en una contienda electoral, sin ejercer ninguna atribución en materia de jurisdicción, mando y ordenamiento del gasto público, como sucedió en el 2006 con Wilson Arias, quien en desarrollo de una licencia no remunerada fue candidato a la Cámara de Representantes por el Polo Democrático Alternativo en el Valle del Cauca, que lo hecho ante la vista de todos por el mandatario Álvaro Uribe. Quien no solamente actuó en interés propio para hacerse reelegir desde la Casa de Nariño, sino además intervino abiertamente en las elecciones de octubre del año pasado a favor de su candidato a la alcaldía de Bogotá, lo cuál tampoco representó una extralimitación de sus funciones.

En este orden de ideas, un mensajero del SENA –candidato resulta desequilibrante para el sistema electoral y la jurisdicción disciplinaria mientras que un presidente de la República actuando en provecho propio, resulta intrascendente y además reelegido. Lo anterior sin mencionar que casi dos millones de estos votos que eligieron y reeligieron al Presidente están subjudice por gravísimos constreñimientos al electorado, fraude procesal, violencia y corrupción en la toma paramilitar del poder público en amplias regiones del país, donde fueron elegidos los alfiles del proyecto uribista, tanto en el 2002 como en el 2006. El desafortunado fallo disciplinario en contra de Wilson Arias, es además un nefasto precedente para nuestro medio, que ha sido testigo de la impecable gesta política que llevó al mencionado a su curul en el Concejo de Cali, en un esfuerzo de política limpia, decorosa y en una abierto desafío a los métodos corruptos y ventajistas de la política en Cali. Sin embargo, termina sancionado quien ha renunciado abiertamente a estos métodos y los ha superado con su método transparente de conquistar espacio político en la sociedad.

Lo único que podrán esgrimir en contra de Wilson es su cargo humilde de mensajero, de trabajador, de luchador incansable de la vida cotidiana por sobrevivir sin favores, sin ventajas, sin abusos del presupuesto público, sin mafias, sin aliados paramilitares, sin aliados asesinos, sin ser parte de este establecimiento político que se derrumba a nuestros ojos.

Pero lo que el régimen político te quita, Wilson, el pueblo de Cali te lo devolverá, al calor de la lucha ciudadana, de la lucha por los derechos. Resta apelar ante el Procurador General de la Nación, en espera de mejor juicio y un poco de sensatez. Aunque de sensatez y decencia, es precisamente de lo que adolecemos por estos días. Días tan oscuros y tristes para Colombia.

El País y los Paras

COLUMNA DE OPINION
Senador Juan Fernando Cristo
Partido Liberal
Miembro de la comisión Primera del Senado

Con la aparición de nuevos frentes paramilitares en distintas zonas del país, la creciente vinculación de congresistas al escándalo de la parapolítica, la ausencia casi total de reparación a las víctimas, el mantenimiento de las estructuras mafiosas de los jefes paras y el reciente debate generado ante la posible extradición de Macaco, queda plenamente demostrado el fracaso de la Ley 975 del 2.005, mal llamada Ley de Justicia y Paz. Así mismo, resulta ingenuo o cínico que el Gobierno Nacional insista en decirnos a los colombianos y a la comunidad internacional que el paramilitarismo desapareció en Colombia. Los hechos son irrebatibles ante las ligerezas de las palabras y demuestran que el paramilitarismo sigue vivo y coleando. Basta con revisar los titulares de los medios de comunicación en las últimas semanas.

Frente a esta situación los colombianos sin consideraciones políticas debemos rodear de manera contundente y sin esguinces la formidable tarea de la Corte Suprema de Justicia y de las distintas instancias judiciales, no solo para investigar y sancionar a los dirigentes que se aliaron con los violentos para obtener beneficios políticos, sino además para que la justicia asegure con sus acciones la reparación a las víctimas de estos grupos, que se olvidó completamente por parte del gobierno y sus mayorías en el trámite de la ley.

Ahora bien, es claro que la infiltración de los paras en los últimos 10 años en la política colombiana fue monstruosa, pero no podemos ignorar que también se extendió al poder ejecutivo, a la fuerza pública, a los empresarios, a los ganaderos y en general a todos los sectores de la sociedad colombiana, de la misma manera que lo hizo el narcotráfico en la década de los 90. Nadie puede creer, por ejemplo, que son distintos los votos que eligieron a los congresistas vinculados a la parapolítica de los que se depositaron en la elección presidencial dos meses después. Y tenemos que recordar que el 90 % de los votos hoy bajo sospecha acompañaron la elección del Presidente Uribe, así como tampoco podemos desconocer que las elecciones objeto de investigación son esencialmente las del 2.002, 2.003 y 2.006. El Presidente Uribe hizo campaña con esos candidatos al congreso, a gobernaciones y alcaldías en todo el país. Fueron los ciudadanos colombianos quienes votaron por él y fue en Colombia en donde él hizo campaña, no en Ecuador ni en Venezuela. Por ello, es claro que si el congreso de mayorías uribistas es ilegítimo en su origen, el gobierno también tiene los mismos problemas.

Entonces llegó el momento de reinventar un país y unas instituciones sin la sombra del paramilitarismo y aceptando todos los sectores su cuota de responsabilidad. Si insistimos en convertir única y exclusivamente al Congreso de la República en el chivo expiatorio de todas nuestras culpas, conseguiremos que se sancionen algunos responsables del fortalecimiento político de esos grupos, pero muchos lograrán evadir su propia responsabilidad. Solo un proceso con verdad plena, justicia y reparación eficaz nos permitirá realmente superar la pesadilla del paramilitarismo en Colombia.
--------------------------------------------------------------------------

PD. No conozco al señor Carlos Alberto Barros, quien seguramente será un funcionario capaz y competente. Sin embargo, es lamentable que nuevamente el Gobierno Nacional trate con indolencia al Norte de Santander y su gente. No hay derecho a que se ignore totalmente a los profesionales de la región para un consulado tan importante para nuestra frontera como el de San Antonio. Increíble que con 10 congresistas de la región acompañando al gobierno no encontraran un cucuteño idóneo para ese cargo. Y más triste aún que nadie diga nada porque ante este silencio seguirá el desconocimiento del Gobierno Nacional al Departamento.

Agenda de ordenamiento territorial debe estar lista antes del 20 de julio

De acuerdo con la Mesa Directiva de la Comisión de Ordenamiento del Senado, antes de la nueva legislatura, que se inicia el 20 de julio, estará estructurada la agenda legislativa para la expedición de las normas jurídicas ordinarias y orgánicas que resulten necesarias para dotar al Estado de los instrumentos jurídicos e institucionales que se requieren para una adecuada organización territorial del país.

Por ello, se llevarán a cabo audiencias y foros en todo el territorio nacional. Se pretende con estos eventos, consultar las realidades regionales y obtener aportes conceptuales de los actores sociales, académicos, políticos, técnicos, empresariales, productivos, comunitarios, institucionales, de los medios de comunicación, entre otros.

Preside la Comisión el senador Germán Villegas Villegas, del Partido Conservador, y la Vicepresidencia está en manos del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia con el senador Ernesto Ramiro Estacio.

MIRA continuará independiente

La senadora Alexandra Moreno Piraquive, del Movimiento político Mira, dijo que mientras algunos partidos políticos pequeños han comenzado a evaluar si se fusionan con otros más grandes o crean entre todos uno que los represente, “el Movimiento Político Mira, ha decidido que no va a cambiar sus postulados de mantenerse independiente, por lo que no se unirá a ninguno de los partidos de la coalición, menos ahora que buscan expiar sus culpas valiéndose de una reforma que estrangula la participación de las minorías”.

Criticó duramente la posición de los legisladores que esta semana aprobaron el umbral del 5%, al señalar que, “los partidos que están infestados de la parapolítica creen que con este tipo de propuestas claramente dirigidas a sacar los grupos minoritarios se van a fortalecer, cuando el pueblo ya ha empezado a darse cuenta que clase de política es la que están ejerciendo”.

Bancada Caribe: la hora de las urgencias

Columna de Opinión

POR ARTURO CHAR
Senador de la República
Miembro Comisión V del Senado


Como efecto de los últimos procesos judiciales contra algunos congresistas por vínculos con grupos armados ilegales, la región Caribe perdió buena parte de su representación en el Senado de la Republica. Aunque es posible que el sistema de reemplazos establecido por la reforma política de 2003 permita el ingreso a la corporación de otros candidatos de la región, es claro que el número inicialmente elegido ha sido fatalmente reducido.

Tan grave situación, advertida ya por medios regionales y nacionales, hace necesaria una reflexión sobre el trabajo que hasta el momento ha desarrollado la bancada caribeña para el desarrollo regional.

Aunque no se cuenta con una evaluación del desempeño de este grupo en los últimos años, es evidente la ausencia de articulación de esfuerzos entre los congresistas costeños, razón por la cual la disminución de la representación en el Senado, posiblemente, no se verá reflejada en asuntos relacionados con la inversión regional.

Aunque las cuentas de regionalización del Presupuesto General de la Nación ya están hechas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Aunque estas, en principio, no deberían variar por los últimos acontecimientos, definitivamente se requiere una instancia de representación capaz de hacerle seguimiento, de propiciar debates, recomendar ajustes, y de defender su cabal aplicación anual, entre otras.

Desafortunadamente, hasta el momento no ha habido un trabajo serio y sostenido, ni espacios permanentes, para que la bancada Caribe unifique criterios, defina gestiones y asuma compromisos frente a los macroproyectos regionales.

Hasta hoy nuestra bancada se ha unido esporádicamente en torno a elecciones de altos funcionarios, algún proyecto de ley, y una que otra inversión específica, pero nunca de manera permanente alrededor de una verdadera Agenda Caribe.

Como producto de esa disminución de senadores no pareciera existir, entonces, el serio riesgo de una gran disminución de la inversión del Nivel Central en la región, sino escasez de proyectos pequeños: palacios municipales, capacitaciones, etc.

En últimas, lo que se verá realmente afectado es una capacidad de lobby deficientemente utilizada.


QUE HACER?

Mas allá de las alternativas institucionales que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso estudian actualmente, el proceso debe conducir a una evaluación regional que el Caribe no parece haber comenzado.

Paralelamente al proceso de evaluación nacional, cada región debe iniciar como sociedad un proceso de reflexión que estudie los fenómenos ocurridos, las circunstancias que permitieron su desarrollo y los efectos generados, para extraer las lecciones históricas que correspondan. Este proceso cobra especial importancia para nosotros, sobre todo si nos detenemos en el hecho de que los fenómenos ocurridos introdujeron al Caribe en el torbellino de la violencia política, del cual había sido tradicionalmente ajeno.

Si algo es posible anticipar es que la región requiere un replanteamiento de la actividad de su clase dirigente, la cual podría estar más sintonizada con las necesidades regionales en su agenda que en su discurso.

Parte de ese trabajo por hacer consiste en lograr que los centros de estudio que hemos creado en las últimas décadas tengan una mejor articulación con la representación política. Esta deberá contar con las herramientas necesarias para adelantar diálogos con el Gobierno Nacional, establecer prioridades, adquirir compromisos públicos que redunden en beneficio de la región.

La representación política de la costa Caribe está esta urgida de la calidad que los acuciosos estudios de economía regional que hoy reposan en elegantes anaqueles pueden darle. Para ello es imperativo esforzarse en un acercamiento que es definitivo para nuestro futuro.

Así como el sector político debe emprender un proceso de estudio y coordinación, el elector costeño debe también asumir sus derechos con responsabilidad. Es parte del fortalecimiento institucional que necesitamos.

Es urgente para el caribe colombiano contar con un liderazgo inteligente a la altura de sus necesidades.

No es esta la hora de los protagonismos, sino la hora de las urgencias.

Ese es nuestro compromiso.

Debate sobre sindicalismo en Senado

Los citantes senadores del Polo Democrático Gloria Inés Ramírez y Luis Carlos Avellaneda afirmaron que las políticas de Administración de Alvaro Uribe Vélez y la influencia del paramilitarismo fue definitiva en la eliminación de las organizaciones sindicales del país.

Ramírez dijo «Ya mataron a 2570 sindicalistas», le parece poca política de exterminio?», lo que queda de sindicalismo existe, a pesar del Gobierno y no por que se haya hecho mucho».

Avellaneda agregó que la política antisindical se observa en las resoluciones emitidas por el ministerio. Dijo que las cifras eran elocuentes: «en el año 2006 se negaron 181 registros sindicales. El modelo es acabar las libertades y garantías sindicales, Usted evadió el debate, se quedó callado frente al porque no han permitido desarrollar el mandato constitucional art. 39, 55 y 56. Buscan que el sindicalismo acepte tercerizaciones y deslaboralizaciones. Ustedes representan una posición patronal».

El ministro de Protección social dijo que el debate tenía un serio sesgo partidista y que no reconocía, en manera alguna, los esfuerzos del Gobierno por solucionar la problemática sindical del país. «Parece que todo forma parte de una estrategia que no busca construir, sino radicalizar», afirmó el funcionario. Agregó que « Tengo que rechazar que se diga que esto responde a una mentalidad de Gobierno mafioso». «Así es muy difícil señor presidente, adelantar un debate objetivo que permita identificar los problemas y entre todos discutir y avanzar». Dijo que el Polo no tocaba los asesinatos de sindicalistas por parte de la guerrilla. «Es inaceptable que lo omitan en sus cifras», concluyó.

Devuelto al Congreso proyecto de Habeas Data

La Corte Constitucional encontró un vicio de procedimiento subsanable al Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado - 221/07 Cámara (acum. 05/06 Senado), "por la cual se dictan disposiciones generales del Hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones". La Corte constató que en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes no se cumplió en debida forma con el requisito constitucional de anuncio previo de su votación. Por lo anterior concedió a la Plenaria de la Cámara de Representantes el término máximo de 30 días, para que subsane el vicio detectado en esta decisión.

De otro lado, resolvió declarar infundadas las objeciones presidenciales formuladas al proyecto de Ley No. 18/06 Senado - 207/07 Cámara "por la cual se establecen rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar obligatorio. Los argumentos son dos: La condonación de la obligación pendiente, esto es, el establecimiento de una amnistía para ciertos ciudadanos no requería de la iniciativa o aval de gobierno nacional, habida cuenta que la materia que regula hace parte de aquellas de iniciativa ordinaria de los miembros del Congreso, de manera que la objeción por este motivo resulta infundada.

La segunda tampoco prospera, en relación con el presunto desconocimiento de las normas orgánicas del presupuesto (art. 7º de la Ley 819 de 2003), relativas a la obligación de que toda iniciativa que contraiga gasto u otorgue beneficios tributarios, haga explícito su impacto fiscal compatible con el Marco Fiscal a Mediano Plazo e incluya sus costos fiscales y la fuente de ingreso adicional que se genera. Lo anterior, por cuanto la Corte constató que tanto la exposición de motivos del proyecto de ley como los informes de ponencia para cada uno de los debates, tienen referencias explícitas a las implicaciones fiscales del proyecto de ley, que fueron ampliamente debatidos.

Reforma política prioridad

La Cámara de Representantes declaró prioritario el estudio del proyecto de Ley 47-07 C, conocido como reforma política. Se encuentran radicadas tres ponencias, una mayoritaria, una del representante David Luna y otra del Roy Barreras. Por esa razón fue cancelada la sesión plenaria programada para el martes. En su lugar, se sesionará en plenaria el miércoles desde las 10 a.m. con toda la agenda represada, que incluye: dos expedientes de la comisión de acusaciones, proyectos de ley y un debate al ICBF.

El Senado, por su parte, desde las 3 p.m. llevará a cabo este martes el debate sobre libertad sindical, que ha sido aplazado varias veces, e incluye cuatro proyectos de ley para su consideración.

Radicada reforma financiera

En Cámara de Representantes quedó radicado el anunciado proyecto gubernamental este viernes.
Quedó identificado como el 282-07 C y fue repartido a la comisión Tercera de Cámara.
De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto busca establecer los principios y reglas que rigen la protección de los consumidores en las relaciones entre éstos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos especiales de protección.
La iniciativa está integrada por sesenta artículos. Entre ellos se señala que las entidades vigiladas deberán implementar un Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC). Otra incluye la prohibición de utilización de cláusulas abusivas en los contratos.

Aplazan discusión de proyecto de calidad del diesel

Tras la radicación de una ponencia minoritaria, firmada por el senador Hugo Serrano, la comisión Quinta de Senado resolvió posponer el estudio en primer debate del proyecto de ley 100-07 C y 200-07 S.

La nueva propuesta es analizada por los miembros de la comisión. Además se espera el concepto que entreguen el ministro de Minas y el Presidente de Ecopetrol.

Serrano propone: En Bogotá, para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), incluidos todos los sistemas de transporte masivo público de pasajeros con radio de acción metropolitano, distrital o municipal, se exige utilizar diesel de 500 ppm a partir del primero de julio de 2008 y, a partir del primero de enero de 2010 se utilizará diesel de 50 ppm. Para los demás usos se utilizará diesel de 500 ppm hasta el 31 de diciembre de 2012, cuando se comenzará a utilizar diesel de 50 ppm.

A sanción proyectos de desplazados y ley del bacteriólogo

Recibió la afirmativa del Senado la conciliación del proyecto 173 de 2006 Senado, 307 de 2007 Cámara que declara el 2008 como el año de los desplazados. Se plantea en la iniciativa que el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, coordinara con los comités departamentales, municipales y distritales, las acciones dirigidas a garantizar el compromiso de los entes territoriales en el cumplimiento y materialización de los derechos de la población desplazada por la violencia que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Esta conciliación ya había sido aprobada en Cámara.

Además, quedó listo el proyecto que hace una enmienda a la ley del bacteriólogo. Es el proyecto 242-07 S y 118-06 C. Este se refiere a los requisitos para ejercer la profesión y complementa normas acerca del ejercicio ilegal de la profesión de Bacteriología. Esta conciliación ya había sido aprobada en Cámara.

Archivan proyecto sobre uso de asbesto

Con tres ponencias negativas para el proyecto 35-07 S, y pese a la solicitud del autor Jesús Bernal de efectuar una audiencia pública antes de tomar una decisión, la comisión Quinta de Senado impartió el archivo respectivo a la iniciativa por considerarla inconveniente.

Los senadores no encontraron contundencia en los argumentos del senador Bernal, único defensor de la iniciativa. El senador del Polo Democrático esgrimió varios casos de cáncer de pulmón reportados por el instituto de cancerología. Sin embargo, los estudios y estadísticas no pudieron demostrar relación directa entre el uso del mineral y la enfermedad. Además los senadores consideraron que acoger la propuesta tendría consecuencias incalculables al obligar a reemplazar el material, además de encarecer la vivienda y afectar un renglón que está generando empleo.

Un proyecto 177-07 Sde la senadora Zulema Jattin, de tema similar, se archivó por las mismas razones. De otro lado, se aplazó el proyecto 156-07 S sobre el tema de los embalses y la distribución de recursos provenientes de transferencia del sector eléctrico.

Aprobado proyecto de provisionales

La Cámara de Representantes dio vía libre a la iniciativa que tenía para su consideración No. 171 de 2007 Cámara – 117 de 2007 Senado “Por la cual se reforman algunos artículos de la Ley 909 de 2004, algunos artículos de las disposiciones que regulan los sistemas específicos y especiales de origen legal, la Ley 1033 de 2006 y se dictan otras disposiciones en materia de carrera administrativa”. Ayer las discusiones giraron en torno a la inclusión o no de los trabajadores del magisterio. Sin embargo, sólo se aprobaron dos proposiciones, así: Los representantes Gilberto Rondón, Senador Edgar Espíndola, Venus Silva y otros consiguieron que fuera aprobado un artículo nuevo del siguiente tenor: «Los servidores y empleados de la Fiscalía General de la Nación que a la entrada en vigencia de la ley 938 del 2004 Estatuto Orgánico de la Fiscalía estuviesen ocupando cargos en provisionalidad no podrán ser separados del mismo, si no por las causales de retiro previstas en el articulo 77 de la ley 938 del 2004. Su evaluación se hará de acuerdo a los procedimientos establecidos para los empleados de carrera».

Por su parte, la representante Violeta Niño, Jorge Julián Silva y otros obtuvieron aprobado otro artículo nuevo que especifica que las listas de elegibles resultantes en los concursos públicos en los sistemas de carrera específicos, especiales y generales tendrán vigencia de tres años contados desde la fecha que hayan sido publicadas.

El título del proyecto fue cambiado a: «Por la cuál se reforman algunos artículos de la ley 909 de 2004, algunos artículos de las disposiciones que contienen los sistemas específicos y especiales de origen legal y constitucional y se dictan otras disposiciones en materia de carrera administrativa».