Proyectos de portabilidad y telemedicina a plenaria de Senado

Las dos iniciativas fueron aprobadas recientemente por la Comisión Sexta de Senado y esperan ahora la ponencia para segundo debate. En primer lugar, el proyecto 147-06 S se ocupa del tema de portabilidad numérica. Según lo aprobado en comisión, se entiende ésta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico, aún en el evento de que cambie de un operador a otro. Los plazos aprobados para que los operadores pongan el servicio disponible a los usuarios son: Para la telefonía móvil, desde 01 de enero de 2008 hasta 31 de agosto de 2010. Se excluyó a la telefonía fija que estaba contemplada en el proyecto original del representante Simón Gaviria. Lo aprobado entrega, además, a la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones seis meses para que dicte un cronograma público para la implementación de lo dispuesto en esta norma. Un punto clave aportado en la discusión de primer debate fue que los costos que impliquen la portabilidad numérica en ningún caso se trasladarán al usuario. Tendrán que ser asumidos totalmente por los operadores. Así mismo, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no podrá variar la estructura tarifaria para la implementación de la Ley.

De otro lado, también espera ponencia de segundo debate el proyecto 218-07 S sobre telemedicina. Esta iniciativa busca mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Telecomunicaciones (TIC) mejorar la cobertura, calidad, oportunidad y posibilidad del usuario de acceder a los servicios de salud. El proyecto es de autoría del senador Iván Moreno. En él, se define la telemedicina como la asesoría y provisión de servicios de salud a distancia. Entre ellos: prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación prestados por profesionales de la salud. La iniciativa crea además el Consejo Rector de la Telemedicina en Colombia (CORETEL) como organismo asesor compuesto por las personas expertas en la temática. La financiación del proyecto se planteó mediante el uso anual de 10% del recaudo del Fondo de Comunicaciones para desarrollar el Modelo de Telemedicina para Colombia. En el proyecto se introdujo el plazo de tres meses para que el Ministerio de la Protección Social tramite la inclusión en los planes de beneficios de la Seguridad Social en Salud (POS, POS-S y de Salud Pública), de los servicios prestados en la modalidad de telemedicina.

Miércoles Moción de Censura

Con el fin de adelantar el debate sobre la moción de censura presentada en contra del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, el Congreso en pleno se reunirá el próximo miércoles 6 de junio.

Dicha proposición, aprobada el pasado 23 de mayo, fue presentada por los representantes a la Cámara Carlos Arturo Piedrahita, Jaime Durán Barrera, José Fernando Castro Caicedo, Gema López de Joaquí, Gabriel Espinosa, Juan Carlos Granados, Guillermo Santos Marín, Víctor Vargas, Germán Reyes, Germán Navas Talero, Pedro Obando, Fabio Arango, Wilson Borja, Venus Albeiro Silva, Dixon Tabasco, Orsinia Polanco, Manuel Cantillo y Mario Suárez, entre otros. De acuerdo con la Constitución Política , en su artículo 135, numeral 9, la moción de censura debe ser propuesta por la décima parte de los miembros que componen la respectiva cámara.

Así mismo, la Carta Magna establece que la votación se hará entre el tercero y décimo día siguientes a la terminación del debate. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.La sesión fue convocada, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

Buenaventura avanza para ser Distrito Especial, le resta un debate

La Comisión Primera del Senado aprobó en segunda vuelta, en séptimo debate, el proyecto de acto legislativo que organiza a la ciudad de Buenaventura como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
La ponencia favorable fue presentada por el senador Hernán Andrade Serrano, quien explicó que se establece un marco legal que permita algún tratamiento especial para que Buenaventura tenga un régimen administrativo propio. Aclaró el ponente que esta iniciativa no genera recursos adicionales. El proyecto modifica los artículos 328 y 356 de la Constitución Política y pasa a su octavo y último debate en la plenaria del Senado.
la Comisión Primera del Senado aprobó el mismo texto que había votado favorablemente en la primera vuelta.

El texto aprobado es el siguiente:
Las ciudades de Buenaventura y Tumaco se organizan como Distritos Especiales, Industriales, Portuarios, Biodiversos y Ecoturísticos. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución y las leyes especiales, que para el efecto se dicten y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios.

La ciudad de Popayán se organiza como Distrito Especial Ecoturístico, Histórico y Universitario. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución y las leyes especiales que para el efecto se dicten y en lo no dispuesto en ellas, las normas vigentes para los municipios.

La Ciudad de Tunja, capital del Departamento de Boyacá, se organizará como Distrito Histórico y Cultural, con un régimen Fiscal y Administrativo propio determinado por la Constitución y por las leyes especiales que para el efecto se expidan.

El municipio portuario de Turbo (Antioquia) también se constituirá en Distrito Especial.

El municipio de Cúcuta se constituirá como Distrito Especial Fronterizo y Turístico.


El artículo 328 de la Constitución Política quedará así:

El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e histórico de Santa Marta y Barranquilla conservarán su régimen y carácter y se organiza a Buenaventura y Tumaco como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.

Parágrafo. Los Distritos Especiales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, no recibirán, por ninguna circunstancia, menores ingresos por el Sistema General de Participaciones o por cualquier otra causa, que los recibidos el primero de Enero del 2007.

Radicada ponencia de transferencias

A continuación el pliego de modificaciones que entra a discutirse hoy en la comisión Primera de Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo conocido como trasnferencias (penúltimo debate):

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NO. 011 DE 2006 SENADO - 169 DE 2006 CÁMARA “POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 356 Y 357 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA”

Artículo 1º. El inciso 4º del artículo 356 de la Constitución Política, quedará así:

Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándole prioridad al servicio de salud, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.

Artículo 2°. El literal a) del artículo 356 de la Constitución Política, quedará así:

a) Para educación, salud y agua potable y saneamiento básico: población atendida y por atender, reparto entre población urbana y rural, eficiencia administrativa y fiscal, y equidad. En la distribución por entidad territorial de cada uno de los componentes del Sistema General de Participaciones, se dará prioridad a factores que favorezcan a la población pobre, en los términos que establezca la ley.

Artículo 3°. Adiciónese al artículo 356 de la Constitución Política los siguientes incisos:

El Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del Sistema General de Participaciones, para asegurar el cumplimiento de metas de cobertura y calidad. Esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas.

Para dar aplicación y cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional, en un término no mayor a seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente Acto Legislativo, regulará, entre otros aspectos, lo pertinente para definir los eventos en los cuales está en riesgo la prestación adecuada de los servicios a cargo de las entidades territoriales, las medidas que puede adoptar para evitar tal situación y la determinación efectiva de los correctivos necesarios a que haya lugar.

Artículo 4°. El artículo 357 de la Constitución Política, quedará así:

El Sistema General de Participaciones de los Departamento s, Distritos y Municipios se incrementará anualmente en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la Nación durante los cuatro (4) años anteriores, incluido el correspondiente al aforo del presupuesto en ejecución.

Para efectos del cálculo de la variación de los ingresos corrientes de la Nación a que se refiere el inciso anterior, estarán excluidos los tributos que se arbitren por medidas de estado de excepción salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue el carácter permanente.

El diecisiete por ciento (17%) de los recursos de Propósito General del Sistema General de Participaciones, será distribuido entre los municipios con población inferior a 25.000 habitantes. Estos recursos se destinarán exclusivamente para inversión, conforme a las competencias asignadas por la ley. Estos recursos se distribuirán con base en los mismos criterios de población y pobreza definidos por la ley para la Participación de Propósito General.

Los municipios clasificados en las categorías cuarta, quinta y sexta, de conformidad con las normas vigentes, podrán destinar libremente, para inversión y otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, hasta un cuarenta y dos (42%) de los recursos que perciban por concepto del Sistema General de Participaciones de Propósito General, exceptuando los recursos que se distribuyan de acuerdo con el inciso anterior.

Cuando una entidad territorial alcance coberturas universales y cumpla con los estándares de calidad establecidos por las autoridades competentes, en los sectores de educación, salud y/o servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, previa certificación de la entidad nacional competente, podrá destinar los recursos excedentes a inversión en otros sectores de su competencia. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Parágrafo transitorio 1°. El monto del Sistema General de Participaciones, SGP, de los Departamentos, Distritos y Municipios se incrementará tomando como base el monto liquidado en la vigencia anterior. Durante los años 2008 y 2009 el SGP se incrementará en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 4%. Durante el año 2010 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3.5%. Entre el año 2011 y el año 2016 el incremento será igual a la tasa de inflación causada, más una tasa de crecimiento real de 3%.

Parágrafo transitorio 2°. Si la tasa de crecimiento real de la economía (Producto Interno Bruto, PIB) certificada por el DANE para el año respectivo es superior al 4%, el incremento del SGP será igual a la tasa de inflación causada, más la tasa de crecimiento real señalada en el parágrafo transitorio 1° del presente artículo, más los puntos porcentuales de diferencia resultantes de comparar la tasa de crecimiento real de la economía certificada por el DANE y el 4%. Estos recursos adicionales se destinarán a la atención integral de la primera infancia. El aumento del SGP por mayor crecimiento económico de que trata el presente parágrafo, no generará base para la liquidación del SGP en años posteriores.

Parágrafo transitorio 3°. El Sistema General de Participaciones, SGP, tendrá un crecimiento adicional a lo establecido en los parágrafos transitorios anteriores para el sector educación. La evolución de dicho crecimiento adicional será así: en los años 2008 y 2009 de uno punto tres por ciento (1.3%), en el año 2010 de uno punto seis por ciento (1.6%), y durante los años 2011 a 2016 de uno punto ocho por ciento (1.8%). En cada uno de estos años, este aumento adicional del Sistema no generará base para la liquidación del monto del SGP de la siguiente vigencia. Estos recursos se destinarán para cobertura y calidad.

Parágrafo transitorio 4º. El Gobierno Nacional definirá unos criterios y transiciones en la aplicación de los resultados del último censo realizado, con el propósito de evitar los efectos negativos derivados de las variaciones de los datos censales en la distribución del Sistema General de Participaciones. El Sistema orientará los recursos necesarios para que de ninguna manera, se disminuyan por razón de la población, los recursos que reciben las entidades territoriales actualmente.

Artículo 5º. El presente acto legislativo rige a partir del 1º de enero de 2008.

Acuerdo para transferencias en Cámara

En el contexto de la discusión del proyecto de transferencias anoche se conoció un acuerdo entre ponentes de la comisión Primera y Gobierno en Palacio de Nariño. Se informó, pues, que los recursos para el sector de educación subirán en cerca de 1,5 billones de pesos adicionales entre los años 2008 y 2016 . La Ministra de Educación y la Directora de Planeación dijeron que el Gobierno garantizará recursos adicionales -por la vía del presupuesto- para cubrir los gastos de la actualización del escalafón de maestros y los salarios de la parte administrativa del sector educativo. Se mantiene en la fórmula el aumento en un punto para la atención de la primera infancia si la economía crece por encima del 4 por ciento, tal y como fue aprobado en sexto debate en el Senado de la República.
La fórmula que discutirá la comisión Primera de Cámara quedó así:

- Años 2008 y 2009: las transferencias se ajustarán en inflación causada más 4 puntos porcentuales. Para educación ya no subirá en un punto adicional sino en 1,3 puntos.
- Año 2010: los recursos se incrementarán en inflación causada más 3,5 puntos porcentuales y para educación ya no se aumentará en un punto sino en 1,6 puntos porcentuales.
- Años 2011 al 2016: las transferencias se incrementarán en inflación causada más 3 puntos porcentuales, pero en el caso de la educación se elevarán ya no en un punto sino en 1,8 puntos porcentuales adicionales.

Estos acuerdos serán plasmados en la ponencia del proyecto de Acto Legislativo que será radicado mañana en la Comisión Primera de la Cámara, y que se espera sea aprobado en séptimo debate a más tardar este jueves.

Decisión de Estado: “excarcelación”

Por: Teresita Martínez S.

En el Consejo Comunal de Gobierno del pasado sábado, el Presidente Alvaro Uribe explicó la propuesta que había esbozado al final de la semana anterior. Dijo que se diseña una salida para buscar la liberación humanitaria de los secuestrados, a través de un proceso jurídico. Este, permitiría liberar, antes del 7 de junio, a un buen número de integrantes de las FARC. La condición que tendrían para acogerse al beneficio es que se desmovilicen. Tales procesos estarían bajo la vigilancia de un gobierno extranjero o de la Iglesia Católica. Ahora, estudian afanosamente la viabilidad de la fórmula un equipo integrado por Jurídica de la Presidencia y expertos juristas del Ministerio del Interior, Defensa y Alto Comisionado. Por equidad judicial la alternativa lanzaría un salvavidas a congresistas, ganaderos y otros ciudadanos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Frente a la aguda conyuntura que enfrenta el Gobierno, con reconocidos dirigentes salpicados, Uribe fue claro en que espera fallos judiciales no homogéneos. Espera que se contemplen condiciones especiales, tomando en cuenta las circunstancias particulares. El sábado afirmó que: «yo aspiro, como Presidente de los colombianos, que la justicia pueda definir en qué casos ciudadanos fueron a hablar con guerrilla o paramilitares por coacción insuperable, en qué casos por una gestión humanitaria, ¿por qué asesinaron a este pariente mío?, ¿por qué nos amenaza?, ¿por qué nos extorsionan?, liberen a aquel secuestrado, y en qué casos con el ánimo de delinquir, y que la justicia asigne responsabilidades». En breve, se conocerá el resultado del análisis jurídico, que se hace urgente, dado lo exiguo del plazo presidencial. Este, determinará si basta con la legislación vigente para darle dinámica a la nueva salida. Ahora, si se concluye que se requiere una ley complementaria a la Ley de orden público, ésta tendría trámite relámpago en el Congreso Nacional. Su aprobación satisfactoria estaría asegurada, porque bastaría las mayorías uribistas para sacarla adelante. Sin duda existen. El mecanismo legislativo también existe, a través del llamado de urgencia e insistencia que podría sacar la nueva herramienta legal antes del 7 de junio. Esto sin contar con que el Gobierno podría adoptar la mecánica aplicada en la desmovilización paramilitar de adelantar los procesos y esperar a que fuera expedido el marco legal. Tal cual como sucedió con la Ley conocida como de Justicia y Paz.

Proyectos de Senado entraron excepcionalmente a Cámara

Aunque son originarios de Senado (radicados allí) y aún no han sido aprobados, pasaron a consideración de la Cámara. El procedimiento está previsto en el reglamento del Congreso y se utiliza para acumular iniciativas, a otras similares, que tienen más avanzado trámite por la otra Cámara. Es el caso del proyecto 157-06 S de autoría de la Presidenta del Congreso que entró como el 280-07 C. Este propone eliminar el cargo fijo de la estructura tarifaria de los servicios públicos domiciliarios. Dicha iniciativa entró a acumularse a ocho proyectos más, que se tramitan, para reformar la Ley 142 de servicios públicos. Este proyecto ya recibió ponencia favorable para primer debate y en breve será votado en Comisión Sexta de Cámara.
Otro proyecto que entró a Cámara, sin recibir visto bueno de Senado, fue uno de autoría del senador Iván Moreno, relacionado con el adulto mayor. Es el 230-07 S y entró a Cámara como 279 de 2007 C. Este proyecto está para reparto a la comisión Tercera de Cámara. Este autoriza a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Distritales y Municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará “Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor".

Moción de censura a ministro de Defensa

La bancada del Partido liberal la propuso luego de afirmar que la interceptación de llamadas de manera ilegal, y reconocida por el funcionario después de dos años de estarse realizando, es inaceptable. «Hasta ahora no se conoce la lista de los interceptados, ni el destino de las 8 mil horas de grabación» afirmó Carlos Arturo Piedrahíta, quien leyó la solicitud ante la Plenaria de la Cámara». Otra motivación señalada fue lo que denominó incapacidad de crear un clima de confianza en las elecciones. «los nuevos nombramientos en la Policía no son garantías para preservar los derechos civiles de los ciudadanos», dijo Piedrahita, quien agregó que este es un factor más que agrega incertidumbre a la suerte de la próxima contienda electoral. Añadió que «El ministro de defensa debe estar convencido de los valores democráticos», por ello se calificó de inapropiado que ese funcionario esté relacionado en un presunto complot para tumbar a un Presidente de la República democráticamente elegido. «Por ello no está moralmente facultado para dirigir la Cartera de Defensa», dijo.
También se criticó la inconveniencia para el país de las declaraciones de Santos y que han tenido repercusiones diplomáticas, especialmente con Venezuela. «sus declaraciones derivaron en la cancelación reciente de un encuentro de cancilleres», dijo Piedrahita y agregó que «no se puede permitir que el conocido antichavismo del ministro obstaculice la normalización de las relaciones diplomáticas, de seguridad y comerciales con el vecino país».
El representante Piedrahita puntualizó que «Por lo anterior se concluye que el ministro Santos incurrió en la omisión de sus funciones, detalladas en el Decreto 1512 de 2000, en especial numeral 2». Ellas se refieren a contribuir con organismos del estado para garantizar las libertades públicas y prevenir violación de derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso evitando la interceptación de llamadas privadas sin que medie permiso judicial.
Firmaron la propuesta Juan Carlos Granados, vocero de Cambio Radical, Guillermo Rivera Partido Liberal, Wilson Borja de polo democrático. Se anunció que igual solicitud harán ante el Senado Juan Manuel Galan, Juan Fernando Cristo y Cecilia López.
La Mesas Directivas deberán estudiar si la solicitud cumple con los requisitos y citar a Congreso Pleno para lo que haya lugar.

Hundida quedó reforma sobre dosis personal

El quórum fue la principal razón para las afugias que enfrenta ahora esta iniciativa que por razones de términos tiene prácticamente extinguida su viabilidad. Ayer la plenaria del Senado sometió a votación el archivo de la iniciativa y obtuvo una votación así: NO 30, SI 6. La anterior no alcanzó a constituirse en votación mínima válida para la toma de decisiones, derivando en el aplazamiento del proyecto. Se citó para hoy pero, debido a que no pudo aprobarse tampoco sesión permanente, anoche había dudas jurídicas sobre la posibilidad de citar para hoy sin haber sido anunciado el proyecto.

TLC con seis ponencias

Cuatro están para consideración del Senado y las dos restantes en Cámara de Representantes. De ellas, una propone la aceptación con 26 Declaraciones Interpretativas (Alexandra Moreno Piraquive), dos mayoritarias de la bancada de coalición proponen la aprobación tal como fue firmado. Las tres restantes piden el archivo inmediato de la iniciativa por razones de inconveniencia nacional (Jesús Piñacué, Cecilia López y la Representante Nancy Denise Castillo. El proyecto figura en el orden del día de las plenarias de las dos Corporaciones congresionales para esta semana.

Piden derogar reforma laboral

Derogar la reforma laboral, Ley 7 8 9 , pidió la senadora Piedad Córdoba durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, promovido por ella con el fin de evaluar los resultados de estas normas de flexibilización laboral. Dijo que su único resultado es la disminución de los ingresos de los trabajadores y el incremento de las utilidades de las empresas. Durante la sesión, la senadora dijo: “En los dos primeros años de vigencia, la reforma laboral no generó los 160 mil nuevos puestos de trabajo formales por año que el Congreso tuvo en cuenta cuando la aprobó, ni tampoco cumplió el objetivo de mejorar la condición laboral de los grupos más vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los discapacitados y los trabajadores no calificados”.
La congresista hizo referencia al informe del Ministerio de la Protección Social del 2006 , el cual según dijo, corrobora los pobres resultados que se desprenden del informe del 2005 de la Comisión de Seguimiento. “Apenas 4 mil 954 nuevos puestos de trabajo son verificables”. Así mismo, se refirió a las inconsistencias en las metas del Gobierno, ya que de acuerdo con la exposición de motivos de la reforma laboral, era de 640 mil. Según el documento Conpes 3199 del 2002 serían 310 mil empleos y en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-200 6 Hacia un Estado Comunitario, sería de 485 mil. “Al Congreso se le vendió la meta más alta de nuevos empleos formales, es decir, 640 mil. Esto con el ánimo de contrarrestar la enorme disminución de ingresos que iban a tener los trabajadores, como en efecto sucedió”, enfatizó en su intervención. Este debate continuará el próximo miércoles 23 de mayo, con el pronunciamiento del ministro de Protección, Diego Palacios Betancourt.

En veremos reforma electoral

Sin definir quedó ayer en la plenaria de Cámara el acto legislativo 261-07 que planea blindar el sistema electoral contra influencias de grupos armados ilegales. El tema del umbral ocupó la atención de la corporación con la propuesta de bajarlo 5% al 2%. Se ha dicho que existe consenso en ello. Ayer, se discutió el tema de la doble militancia con dos opciones: perder la investidura o perder la curul. Otro tema de discusión fue la creación de una lista de espera, en caso de que una curul sea perdida por ingreso de candidatos que resulten con nexos ilegales. La idea que se plantea es que esa lista comprenda la votación subsiguiente mas alta, no importa el partido, y determinaría el orden de llegada a la curul perdida. Otro tema discutido fue la implantación del sistema de circunscripción regional de Senado. El ministro del interior lamentó lo que denominó ''escuálido quórum" y manifestó que el país espera la respuesta legislativa dada la coyuntura. ''Como va a ser posible que hoy día se inhabilita un congresista porque un familiar tiene contrato con el Estado, y ahora estemos pensando si se inhabilita a alguien cuyo familiar resultó con nexos de grupos ilegales», advirtió el ministro para argumentar la iniciativa. Explicó que la inhabilidad sería para el período inmediatamente siguiente "no es de por vida". Al final llamó a la Cámara a hacer quórum el martes diciendo que es inaplazable dar una respuesta institucional a una grave amenaza que tiene nuestra democracia y que aún hay tiempo para que la iniciativa salga aprobada en primera vuelta.

A conciliación reforma a Ley 80

La Plenaria de Cámara dio vía libre anoche a la enmienda que se efectuó a la Ley 80 de Contratación Administrativa. En primer lugar se aprobó un acuerdo de subcomisión en la que se avaló dejar sin cambios varios artículos. Dentro de lo aprobado ayer se destaca que estarán sujetas a la Ley 80 las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, sus filiales y empresas con participación mayoritaria del Estado, excepto aquellas que se encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopolísticos o mercados regulados. Además se aprobó un artículo nuevo dando tres meses al Gobierno para reglamentar temas como la selección abreviada o el concurso de méritos. Se aclara que si el Gobierno no lo hace en el tiempo previsto se aplicará entonces el procedimiento de contratación directa. Es el Proyecto 57 2006 C y 20-05 S

"No puede ser que ahora nos señalen como auspiciadores de nuestro propio genocidio": López Maya

“No puede ser que, ahora, por la manipulación de personas gravemente comprometidas en el proyecto de terror que ha vivido el país en los últimos años, resultemos los dirigentes sociales, el movimiento sindical y las organizaciones que hemos sido victimas, señaladas de ser auspiciadores de nuestro propio genocidio”, Así se expresó el senador Alexánder López Maya con ocasión de las declaraciones del capturado paramilitar Hebert Veloza, alias H.H.

López Maya desmintió categóricamente la pretensión del reconocido jefe paramilitar por intentar vincularlo con grupos de narcotráfico en el 2001, en una época en que el congresista López Maya se desempeñaba como un reconocido dirigente sindical del Valle del Cauca y presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali. “las declaraciones de Veloza, no corresponden a la realidad, no tengo ningún vínculo con la mafia y mucho menos mi familia, ni tampoco existe el mencionado primo al que se refiere el articulo de El Tiempo. Jamás he pactado con grupos armados al margen de la ley, se trata de un intento premeditado por desprestigiar la lucha que he venido convocando desde el Congreso de Colombia, liderada por el Polo Democrático Alternativo, el movimiento de derechos humanos nacional e internacional y las organizaciones de víctimas por establecer la verdad, la justicia y la reparación en Colombia” declaró el Senador.

En Junio del 2000, se descubrió un plan para asesinar a Alexander López Maya en Cali, lo cuál obligó a su salida del país como una medida de protección orientada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior. En sólo los años 1999, 2000 y 2001, se asesinaron más de 400 dirigentes sindicales en todo el país. En ese contexto se produce la reunión a la cual hace alusión el jefe paramilitar “HH”, quien además resulta ser el primer responsable de graves crímenes cometidos por grupos paramilitares en el Valle del Cauca, en ese periodo.
Agregó López: “Esta reunión se concretó bajo el amparo de la Oficina de Gestión de Paz del departamento del Valle del Cauca y obedecía a una política gubernamental diseñada para intermediar con los actores armados ilegales con el propósito de propiciar condiciones para evitar que se atentara contra la población civil. Mi presencia en esa reunión obedecía a la convocatoria de la Oficina de Paz del Departamento para evitar que se atentara contra la vida de numerosos dirigentes sindicales en el Valle del Cauca, que se encontraban amenazados. En ella no se hizo ningún acuerdo, no se firmó ninguna alianza con estos grupos, ni se estableció ninguna agenda distinta a la mediación de tipo humanitario que desarrolló la oficina de Paz de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca”.

"Es evidente que lo que busca el señor HH es involucrar a miembros de la oposición y a sus familias con el fin de obtener beneficios en su condición de violador de criminal de lesa humanidad. Quienes están detrás de esta criminal estrategia contra la oposición, pueden estar seguros que formularé las denuncias penales que haya lugar”, aseveró el senador vallecaucano.

Detenidos cuatro senadores más

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de más congresistas en virtud de la investigación que se adelanta por el delito de concierto para delinquir agravado. Fueron capturados los senadores Reginaldo Montes, William Montes y Juan Manuel López. El senador Miguel de la Espriella se entregó, lo mismo que el representante a la Cámara José de los Santos Negret. Otras 14 personas que también fueron vinculadas al caso serán investigadas por la Fiscalía General de la Nación, bajo el mismo cargo. La principal razón para vincular a estas personas a procesos judiciales es la firma del denaominado Acuerdo de Santa Fe de Ralito firmado en junio de 2001 con grupos de autodefensa.

Los vinculados por la Fiscalía son: José María Imbeth Bermúdez (ex-representante), Alvaro Antonio Cabrales Hodeg, Rodrigo Antonio Burgos de La Espriella, Fredy Ignacio Sánchez Arteaga (ex-representante , Elenora María Pineda (ex-representante), Luis Carlos Ordosgoitia Santana, Jorge Luis Feris Chadid (ex-representante, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, Sigifredo Mario y Senior Sotomayor, Wilmer José Pérez Padilla, Víctor Antonio Guerra de La Espriella, Jaime Augusto García Exbrayat, Marciano Celedón Argel Yanez y Edwin José Mussi Restom, por su presunta coautoría en el delito de concierto para delinquir.

A Jesús María López Gómez la Fiscalía le suspendió la medida de aseguramiento por ser mayor de 65 años, pero le fijó una caución de 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

Piden regresar TLC a las Comisiones segundas

La senadora Alexandra Moreno Piraquive, el miércoles, y el Partido Liberal, ayer jueves, solicitaron al Congreso aprobar la devolución del texto del TLC a las comisiones Segundas. Ello, hasta tanto se aclare el texto que adoptará Estados Unidos, luego de ratificarse la intención de renegociar algunos puntos del Tratado. Moreno Piraquive dijo que: «Tenemos claridad que el real interés de los Demócratas norteamericanos, no es hacer cambios superficiales al tratado, sino, modificaciones reales y de fondo, las cuales reiteramos “no cabrían en carta adjunta, pues ellos, si modificarían el texto del acuerdo” e implicaría una nueva radicación del proyecto y un nuevo análisis del mismo en las comisiones.
Por su parte, los liberales, en constancia leída por la senadora Cecilia López, afirmaron que: «El Partido Liberal considera que el Gobierno no puede insistir en la aprobación del Tratado como fue negociado. Éste debe facilitar el regreso del nuevo texto a consideración de las Comisiones Segundas para así proveer de argumentos al país en un escenario de reapertura de negociaciones, tal como lo está haciendo el Congreso estadounidense con su Gobierno».
Para Moreno Piraquive y los liberales esta sería la oportunidad de oro para repactar aspectos tan polémicos como salud, biodiversidad, el capítulo de Inversiones, Laboral y agro.
Según se ha anunciado el texto del Tratado entraría a segundo debate la próxima semana al Senado de la República.

Por quórum de nuevo aplazado proyecto de transferencias

Esta vez el quórum obligó a levantar ayer la sesión y posponer para hoy la votación de esta iniciativa de autoría gubernamental. Las constantes peticiones de verificación de quórum por parte de la oposición habían superado el examen, hasta que llegó el momento de solicitar la sesión permanente. El Partido Liberal y el Polo Democrático afirmaron que no se prestarían más para ayudar al uribismo a constituir quórum. Ello partiendo de que el Liberalismo radicó ponencia negativa y el Polo anunció el voto negativo de manera unánime. La Presidenta declaró un receso para dar tiempo de que llegarán miembros de la coalición a robustecer la asistencia, pero el quórum no alcanzó a ser constituido en el número mínimo de 52 senadores que se requería para continuar adelante con la sesión. La Presidenta se vio obligada a levantar y citar para hoy desde las 9 a.m. para votar el acto legislativo. Cabe anotar que esta reforma constitucional, por ser segunda vuelta, requiere mayoría absoluta y no simple como en primera vuelta. Por ello, el Gobierno deberá aglutinar su bancada hoy para lograr la salida exitosa a este nuevo obstáculo que amenaza el trámite del proyecto considerado vital por el propio Presidente Alvaro Uribe Vélez.

Pospuesto debate general a Transferencias

La discusión general del proyecto de reforma constitucional sobre transferencias inició ayer de manera accidentada en el Senado de la República. Todo, por un panfleto que circuló en el recinto condenando los votos afirmativos de senadores uribistas frente al proyecto de transferencias en comisión Primera de Senado. Ello, aunado al tema de las universidades y el plan de desarrollo fundamentó para la oposición este afiche. El cartel tenía alusiones ofensivas contra senadores uribistas que votaron afirmativamente las mencionadas disposiciones. El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático, reconoció haber autorizado su circulación en el recinto. La Presidenta Dilian Francisca Toro ordenó el retiro de personas ajenas a la sesión, incluido el Presidente de Fecode, y reiteradamente solicitó a la bancada del Polo Democrático retirar el cartel que fue pegado en una de las paredes interiores de la sala de sesiones del Senado. La petición no fue acatada por la Bancada del Polo. Por lo anterior, la Presidenta levantó la sesión esgrimiendo que se estaba irrespetando el recinto y además que se vulneraba la dignidad de congresistas miembros de la bancada de gobierno. Se citó para hoy a las 9 a.m para discutir y votar el proyecto de reforma constitucional de transferencias AL 11-07 S. Al levantar la sesión, la Presidenta del Senado no sólo interrumpió el debate general de la iniciativa gubernamental, sino que dejó en veremos un debate que pretendía adelantar el Polo y el Partido Liberal sobre el TLC.

Senador Serrano pide indemnizaciones por apagón

En reunión con senadores y representantes, el presidente de ISA y el Ministro de Minas reconocieron el error humano en el apagón del pasado 26, hecho que motivó la solicitud del senador Hugo Serrano al pago de indemnizaciones.
Para Serrano, no se puede permitir el no pago de los daños causados cuando éste fue motivado por errores humanos en el procedimiento. A juicio de los técnicos de ISA, el operador pasó por alto seis pasos del protocolo, lo que motivó una sobrecarga en el sistema y la posterior reacción en cadena, generando el apagón.
“El presidente de ISA cometió una ligereza al determinar la no indemnización a los afectados y esto no es justificable; los errores se pagan”, sostuvo el senador Serrano, quien insistió en que no se puede descartar un sabotaje o dificultades de mayor calado en el sistema de interconexión, cuando los apagones de diciembre y marzo se originaron en la misma subestación de Torca. "Algo debe estar pasando en esa subestación y se hace necesaria una investigación exhaustiva", dijo Serrano. Para revisar los protocolos y determinar las posibles causas, ISA contrató los servicios de una firma argentina experta en este tipo de procedimientos, que llegará al país el próximo domingo.